El camino de Santiago

Santiago Maldonado estaría vivo si el reclamo de las comunidades mapuches sureñas, en vez de ser criminalizado o calificado de “terrorista”, hubiera sido atendido como lo que es: una reacción frente al abuso de las corporaciones mineras y petroleras y el latifundio patagónico donde los Lewis o los Benetton se mueven con la libertad que nuestros pueblos originarios, al parecer, no gozan, aunque la Constitución Nacional diga otra cosa.

La represión a la comunidad de Cushamen que hace cuatro años derivó en la desaparición forzada seguida de muerte del hijo artesano y tatuador de una pacífica familia de Villa de Mayo, al que se le dio por solidarizarse con la lucha indígena y se sumó a un corte de ruta, se justificó entonces en una hipótesis que parece haber retornado con la fuerza de lo maldito y en boca de personajes imprevistos, como el especialista en todo Sergio Berni, que cobra salario de ministro de Seguridad bonaerense.

La fantasmal existencia –digamos todo, como parte de un armado ficcional creado por especialistas en acción psicológica de la AFI, los servicios de Inteligencia de Gendarmería, las policías de Chubut y Río Negro y de la Sociedad Rural de ambas provincias, y de los Carabineros chilenos- de una organización terrorista bautizada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) capaz de incendiar, destruir y matar a puesteros, propietarios y policías a ambos lados de la cordillera de los Andes.

En los documentos del Ministerio de Seguridad que Patricia Bullrich comandaba, en los tiempos en que Maldonado era corrido a balazos en las cercanías del Río Chubut, puede leerse que la “problemática mapuche” consiste en que se “arman comunidades” y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos (…) Esos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del Estado: han estado detenidos 200 pozos (según informó YPF)”.

Según denunció en un comunicado la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, citado por Horacio Verbitsky en 2017 en Página 12, agentes de la AFI “espiaban ilícitamente a la población mapuche, recopilando datos prohibidos por la ley de Inteligencia sobre activistas indígenas y vecinos que se oponen a la megaminería” con la pretensión de aplicarles “por supuesta usurpación de tierras la ley antiterrorista pese a lo dictaminado en contrario por la Corte Suprema”.

Cita aquel escrito un fallo del máximo tribunal firmado en 2016 por Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en el que se rechaza de plano el carácter federal, pasibles de ser castigados con la ley antiterrorista, de los delitos de “usurpación” y “abigeato” atribuidos a comunidades mapuches lideradas por Facundo Jones Huala, cuya abogada era la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.

En síntesis, pueden ser delitos, pero no de terrorismo. Por ende, la órbita de la solución es provincial, y no de orden federal. La discusión entre la gobernadora Anabella Carreras y el ministro Aníbal Fernández, como se advierte, no es nueva. Cuando gobernaba Macri no había discusión siquiera. Funcionarios del ministerio de Seguridad, como Noceti, recorrían asociaciones empresarias de la Patagonia prometiéndoles que los mapuches serían reprimidos hasta su disciplinamiento total. Cosa que ocurrió, a medias. Jones Huala fue detenido y extraditado a Chile. Y Maldonado murió en el marco de la aplicación de una política de Estado racista y violenta, dispuesta para satisfacer los privilegios del latifundio y la explotación de la megaminería y el negocio hidrocarburífero.

Setenta y ocho días estuvo desaparecido. Su cadáver fue finalmente hallado flotando en una zona tres veces rastrillada por las fuerzas policiales, unos 300 metros río arriba del lugar en el que había sido visto por última vez en medio de la balacera represiva. La familia no cree en el relato oficial. Sin éxito, hace un año y medio pide a la Corte Suprema que designe nuevo juez para investigar la muerte de Santiago, que sigue caratulada como “desaparición forzada seguida de muerte”.

Aunque haya funcionarios, políticos y periodistas que actúen como si nada de esto hubiera ocurrido, y hablen de “terrorismo” por televisión con irresponsable displicencia. Entre ellos, Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vice de Macri y el FMI, y el a esta altura inclasificable Berni, experto en todo.

Valdría destacar la opinión sobre este asunto de una verdadera víctima del terrorismo, en este caso, de Estado, Estela de Carlotto. “La muerte de Maldonado fue muy dolorosa y acompañamos a la familia, no hay que olvidar a las víctimas y hay que defender a los pueblos originarios a toda costa. No hay razón para no hacerlo y reclamar por lo que les pertenece (…) Queremos justicia para ustedes (por el pueblo mapuche). Son más valiosos porque fueron los primeros que poblaron y con sacrificio levantaron el país. Después como vinieron los sabios que empezaron a robarles lo propio, se tuvieron que defender. Y ahora los llaman terroristas”.

La o el que quiera profundizar en la lucha de Santiago y sus compañeros mapuches también puede ver la película “El camino de Santiago”, dirigida por Tristán Bauer, el actual ministro de Cultura de la Nación.

Es un testimonio inapelable, que pone las cosas en su lugar, ahora que la derecha quiere volverlas a desordenarlas.