Con un mensaje contundente y transversal, referentes de la justicia, la Iglesia Católica y organismos públicos vinculados a la defensa de los derechos de las infancias se reunieron para expresar un claro rechazo al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para bajar la edad de punibilidad en la Argentina. Fue en el encuentro “Más derechos sociales, menos cárcel para los pibes”, realizado este miércoles por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y el Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC).
Participaron como expositores Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar de Cámara y secretario de COPAJU; Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Marisa Graham, defensora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; Monseñor Gustavo Oscar Carrara, vicario general del Arzobispado de Buenos Aires; Eugenio Raúl Zaffaroni, director del IFBC; y Federico Samudio, acompañante par del Hogar de Cristo. La presentación estuvo a cargo del presidente de COPAJU, el juez Roberto Andrés Gallardo.
Desde las 18 horas y con la presencia de alrededor de 100 personas en la sede de COPAJU (avenida Ingeniero Huergo 1189), la ocasión también convocó a autoridades locales, personalidades académicas y delegaciones de movimientos sociales, organizaciones sindicales, culturales y religiosas. Fue una propuesta abierta al público que también se pudo seguir por el canal de YouTube del Comité, donde la charla quedó disponible: https://www.youtube.com/watch?v=Aoz7mv-rrR8.
En su introducción al panel y la temática, Gallardo se refirió a las estadísticas sobre los niveles de pobreza en el país, donde “las más optimista van en torno a un 55%, y las más pesimistas, a un 75%”. Para el magistrado, “esto indica que un enorme conjunto de nuestra población está en un cono de sombra, donde no hay horizontes, no hay esperanzas, no hay perspectivas”. A la vez, subrayó que “ese cono de sombra es un cono de violencia, una violencia estructural que hoy le estamos imprimiendo al 60, 70% de la población y a 7 de cada 10 menores. Es la violencia que vuelve y que va a seguir volviendo día tras día”.
Sobre el proyecto oficial para bajar la edad de punibilidad, el titular de COPAJU aseguró: “Nos proponen trabajar sobre los efectos y no sobre las causas. Lo que dicen es ‘hay delincuencia y la única forma de terminar es haciendo una gran red y encarcelando a todos los que sean en el futuro sospechosos de haber cometido un delito’”.
Por último, citando al Papa, planteó la urgencia por revertir este cuadro: “Francisco dice que no hay niños malos, hay niños infelices. Y lo que estamos viendo es cómo la sociedad aporta a la infelicidad de nuestras infancias. Si no damos vuelta esta ecuación, los futuros años en nuestro país van a ser de profunda tristeza”.
En su intervención, Moreno comenzó por recordar una carta de 2005 en la que el entonces cardenal Jorge Bergoglio se oponía a propuestas como la del oficialismo: “Decía ‘no a la baja’, porque esto no le soluciona el tema a los chicos. Era 2005, otro gobierno, pero un mismo proyecto, que cada tanto vuelve y hay que llamarlo por su nombre. Hoy no estoy hablando como asesor, sino como secretario de COPAJU: hay una demagogia punitiva que quiere poner a los chicos y a las chicas como enemigos sociales”.
Por eso, Moreno rechazó el mensaje que intenta instalarse: “Pareciera que si ponemos a los chicos presos vamos a encontrar mayor seguridad. Pero la verdadera inseguridad no son los adolescentes, es el narcotráfico, la trata, la venta de armas”. A la vez, hizo énfasis en “el Estado sí debe darles una solución a los chicos no punibles”. Señaló que “de los 17 proyectos que están hoy en el Congreso, todos bajan la edad, salvo cuatro. Algunos a los 12 años, otros a los 13, a los 14, pero ¿y cuál es la solución para los chicos no punibles? La derivación a los organismos de protección”. En ese sentido, se refirió a la difícil situación presupuestaria y salarial de estas instituciones y su personal, y a los límites reales de su capacidad de acción. “Seguramente, tienen que trabajar mejor –afirmó–, pero también hay que darle presupuesto”.
Stella Maris Martínez comenzó por citar a Luis Niño, quien dijo que “el sistema penal es una trampa para cazar niños”. La defensora general de la Nación aseguró que “con este proyecto de ley lo único que vamos a hacer es ampliar la trampa”. Lo definió como “una suma de mentiras” donde “lo mediático tuvo mucho que ver”, al crear “la falsa idea de que la seguridad está en peligro por los terribles delitos que cometen los adolescentes”.
Remarcó que “son falsas las estadísticas que se usaron”, que se tomaron datos enviados por los juzgados nacionales solo de la Ciudad de Buenos Aires, donde “la mayoría son hechos mínimamente lesivos de delitos contra la propiedad”, y que además “cotejan la actualidad con la pandemia, donde claro que hubo mucho menos casos porque la gente no salía a la calle”. Por eso, concluyó, “son cifras construidas de manera perversa y sobre esa base quieren hacer una ley de reforma penal juvenil”.
Al igual que otros expositores, señaló que “la ley que tenemos hoy es muy mala”. Lo atribuyó a que “los jueces no se preocupan mucho por aplicarla bien y porque no están preparados los verdaderos mecanismos, que nada tienen que ver con la cárcel, con lo penal, sino con lo social, con el fortalecimiento de la familia”. Pero advirtió que la propuesta del gobierno “sin dudas va a aumentar el nivel de reincidencia”.
Graham dirigió su mensaje al Congreso: “Es muy difícil legislar sobre un sujeto que no conocen. No saben quiénes son nuestros pibes, qué hacen, dónde están, qué necesitan”. La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes aseguró que “todos los proyectos son punitivistas. El del Poder Ejecutivo es el peor, los otros son más prolijitos, pero todos están pensando en lo mismo y todos son perversos. Los índices de criminalidad no se bajan así, va a haber más reincidencia y eso va a generar mayor inseguridad”. En contraposición, se preguntó “quiénes están combatiendo el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la ludopatía”; quiénes están investigando “cómo, dónde y con quién se lava el dinero del crimen organizado” o “quién le da un arma a un nene de 13, 14 años”.
Aportando datos precisos sobre la composición de la población juvenil y su situación estructural, la defensora aseguró que “los niños, niñas y adolescentes son más víctimas que victimarios: el 70% vive en hogares bajo la línea de pobreza; el 30%, en hogares bajo la línea de indigencia. Y la incidencia de la pobreza fue 17 puntos porcentuales más alta entre los adolescentes que en la población total”. A la vez, señaló que, “en la Argentina, solo el 0,45% de los chicos comete algún delito. Quiere decir que el 99,55% no comete ningún delito. Están bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de inteligencia, pero no están cometiendo ningún delito”.
El padre Carrara propuso cambiar la óptica: “Estos proyectos de ley plantean qué hacer con los menores, pero la gran pregunta es qué hacer con nosotros, los adultos. Tenemos la tendencia de buscar algún chivo expiatorio para que cargue nuestros males, nuestras culpas. En este caso, por ahí queremos cargar todas las culpas sobre los más chicos”.
Como ejemplo, el vicario general del Arzobispado de Buenos Aires se preguntó: “¿Cómo llega un arma con la cual un adolescente podría hacer muchísimo daño? El tráfico de armas es una cuestión del mundo adulto, no de los niños, niñas y adolescentes”. Pidió también estar atentos a lo que Adela Cortina define como la “aporofobia”, el rechazo a los pobres. “El odio a los pobres –advirtió– se filtra sutilmente de una u otra manera”.
Carrara citó al sacerdote y educador San Juan Bosco, quien decía: “Cuando visito a un joven en la cárcel, lo primero que tengo que decir es que llegué tarde”, en referencia a que “hay una historia de sufrimiento y de dolor que se podría haber evitado”. En ese sentido, sostuvo que “trabajar por los derechos sociales es trabajar para que los niños, niñas y adolescentes sean felices, pero también para evitar mucho sufrimiento silencioso, que aunque no lo escuchemos, existe”.
Zaffaroni, uno directores del IFBC, recordó que “este proyecto no es una flor en el medio del desierto, es resultado de un punitivismo bochornoso, lamentable”. Y se refirió a la “grosera mentira” de los datos usados para sostener la propuesta oficial: “En delitos graves, la incidencia de menores de 16 años es despreciable. En la Ciudad de Buenos Aires, del 2010 al 2022, nos hemos ahorrado un 50% de homicidios, es decir, 100 cadáveres por año. Y la incidencia de menores de 16 años a veces es de uno, a veces de dos, a veces de ninguno”.
El profesor emérito de la UBA y exjuez de la Corte también llamó a “no confundir la baja de responsabilidad de los niños para aplicarle la misma pena que los adultos, lo cual es una barbaridad, con la baja de procedibilidad, que es otra cosa”. Por eso, remarcó: “Si se va a internar a un niño en un instituto, eso es una pena. La institucionalización es una pena que es más grave en un adolescente, en un niño, que en un adulto. Y para imponer una pena se necesita un proceso”. Por eso, sostuvo que “no puede bajarse la edad de responsabilidad de los niños y de los adolescentes para aplicarles la misma pena que a los adultos, pero a los niños y a los adolescentes, antes de imponerles cualquier sanción con el nombre que sea, hay que hacerles un proceso con las mismas garantías que tienen los adultos. Es un ciudadano, tenga la edad que tenga”.
Por último, Federico Samudio, un acompañante par del Hogar de Cristo, compartió su dura historia de vida, donde la pobreza en la niñez corrió en paralelo al consumo de drogas y el ingreso a la delincuencia a muy temprana edad. “Vivo en Barracas, en la Villa 21-24. Yo era un chico normal. Iba a la escuela, tenía mi papá, que siempre trabajó. Vivía con mi mamá y éramos siete hermanito más chicos. Pero cuando tenía 10 años a mi papá me lo mataron y ahí empezó a faltar la comida en mi casa”, comenzó Federico.
Desde ese momento, empezó a vivir más en la calle que en su hogar o la escuela, y a frecuentar a adultos vinculados a la delincuencia, que lo introdujeron en ese mundo. “Empecé a robar con la gente más grande. Llevaba la plata a mi casa y le decía a mi mamá que me había ido a llenar una losa, a levantar una pared, que ayudaba a algún vecino”, relató. “Era una carga muy pesada –reflexionó, hoy con 30 años–. Siendo muy chico agarré la calle, no tuve una infancia, no tuve ninguna ayuda tampoco”.
En un episodio, le quitó la vida a una persona; entró y salió de cárceles de todo el país –la última vez, en 2018–, hasta que conoció el Hogar de Cristo, donde encontró contención. “Me empezaban a acompañar, me visitaban y me desahogaba con ellos. Hoy acompaño a los chicos que están privados de su libertad, los voy a visitar a la cárcel de Devoto, y eso me hace bien al corazón, ayudar al otro, devolver un poco de lo que hicieron conmigo”, compartió Federico.
La Defensoría General de la Nación: la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes; el Arzobispado de Buenos Aires y el Hogar de Cristo fueron convocados por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y el Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC).
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