“El gobierno anterior a cargo de María Eugenia Vidal asumió compromisos con las empresas eléctricas que son ‘inaplicables’”, informó el gobernador Axel Kicillof en el acto que realizó el viernes pasado en donde anunció una suba en las tarifas de luz de un promedio de entre un 6% a un 7%. Pero, ¿cuánto pagaría una familia promedio que vive en la provincia de Buenos Aires en abril de 2021 si Vidal hubiera seguido gobernando y cuánto pagará realmente bajo el mandato de Axel Kicillof?
El Destape accedió a una simulación de facturas mensuales que realizó la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires con impuestos para dos tipos de usuarios residenciales de EDELAP. En un hogar tipo que no es electro intensivo, es decir, que el calentamiento de agua, cocción y calefacción en invierno es con gas natural por red, tiene un consumo de 150 kWh por mes. El mismo equivale a tener una heladera con freezer, un lavarropa, una televisión, iluminación eficiente y un aire acondicionado de tipo clase A.
En abril de 2021, ese hogar pagará $931. Con la gestión de María Eugenia Vidal, estaría abonando un 78% más: $1.658. La diferencia se debe a que se hubieran aplicado los aumentos de enero y agosto de 2020 y uno más estimado para agosto del corriente.
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Si el consumo fuera el doble, es decir 300 kWh por mes, la tarifa que abonará será de $1.865; en cambio con Vidal hubiera sido de $3.231, un 73% más.
¿Cuánto representa el pago de la boleta de luz en el salario real de una familia tipo? Según explicaron voceros de la Subsecretaría de Energía bonaerense, considerando la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado, “la incidencia de una factura de 150 kWh de consumo en el salario medio pasó de 0,3% en 2015 a 2,8% en febrero 2019”. Con la actual gestión bajó: “En 2020 fue del 1,8% y con el aumento de abril 2021 será inferior al 1,7%, ya que las tarifas están aumentando menos que los salarios”.
Balances positivos
Uno de los fundamentos que las empresas energéticas utilizaban para conseguir aumentos durante la gestión de Macri en Nación y Vidal en Provincia era que daban pérdidas. Sin embargo, durante el año y medio que las tarifas estuvieron congeladas, ninguna compañía presentó un déficit estructural.
“Hasta el 30 de septiembre del 2020, que es el último balance disponible, las empresas EDEA, EDES y EDEN mantienen resultados positivos, aunque menores a los de 2018”, informaron a El Destape fuentes gubernamentales y aclararon que sólo “EDELAP presentó resultados negativos desde 2019”.
La empresa EDENOR posee el 38% de los usuarios de la Provincia, con un total de 2.421.306 usuarios; le sigue EDESUR con 1.423.749, es decir una participación del 22%; EDEA tiene 536.552 usuarios (8%); EDELAP posee 364.561 clientes (6%); EDEN, unos 370.165 (6%), y las más de 200 cooperativas representan el 17% con un total de 1.085.774 usuarios.
Lo cierto es que una de las tareas que encomendó el Gobernador fue realizar auditorías para conocer en detalle la situación energética de la provincia de Buenos Aires. Según el contrato de concesión de las compañías, la Revisión Tarifaria integral (RTI) es una instancia que debe realizarse cada 5 años. Fuentes gubernamentales señalaron que “el resultado del proceso de revisión de la RTI de 2017 realizada por Vidal, en apenas 3 meses, permitió observar que los grandes incrementos tarifarios fueron el resultado de la aplicación de supuestos favorables a las empresas, ya que se realizó con información insuficiente de base, y un compromiso de inversiones subestimado”.
Además explicaron que “al bajo compromiso de inversiones se sumó posteriormente el incumplimiento, el cual fue producto del debilitamiento de los mecanismos e instituciones de control estatales. Como contrapartida se observó un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires, cuya distribución de dividendos aumentó un 1.832% en dólares entre 2016 y 2019, acumulando hasta esa fecha 310 millones de dólares”.
Por su parte, el Subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, afirmó a El Destape que “lo que quedó claro de la gestión macrista es que el aumento de tarifas para los usuarios no garantiza las inversiones en la red para un servicio de mejor calidad”. Y agregó: “Si no hay un Estado presente que controle las ganancias sólo aumentan la rentabilidad de las empresas distribuidoras. Necesitamos tarifas justas y razonables”.
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