Este miércoles la gestión de Axel Kicillof publicó en el Boletín Oficial la ley N° 15.208 que declara de utilidad pública predios en Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre que deja sujetos a expropiación con el fin de edificar establecimientos penitenciarios y alcaidas.
En las localidades de Quilmes y Moreno se declararán de utilidad pública dos predios en cada distrito; en tanto que en Merlo, La Matanza y Tigre será uno solo en cada uno. Las tierras forman parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria, aprobado por resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense n° 831/2020.
Según detalla la ley, los inmuebles expropiados serán transferidos al Estado Provincial y tendrá un plazo de hasta 10 años para la construcción de establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales.
Las escrituras traslativas de dominio serán otorgadas por la Escribanía General de Gobierno, estando exentas las mismas del pago del impuesto al acto. La autoridad de aplicación será Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio César Alak.
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El proyecto de ley, que fue enviado por el Ejecutivo a la Legislatura bonaerense fue aprobado por el oficialismo y la oposición - a excepción de la Izquierda - en ambas cámaras. La norma obtuvo media sanción el 29 de octubre pasado en la cámara Baja y fue girada al Senado, entidad que la aprobó por unanimidad el 19 de noviembre pasado.
Situación carcelaria
Desde el Ejecutivo bonaerense realizaron un análisis general de cada una de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Del mismo se desprende que los establecimientos se encuentran “en un estado de hacinamiento que agudizó el deterioro del sistema”. En los últimos años se han realizado obras de ampliación y/o mejoramiento de establecimientos existentes para generar 2.050 nuevas plazas de alojamiento, aunque ello “no logró dar respuesta a la sobrepoblación, ni solucionó el déficit estructural carcelario”.
Además, “entre los años 2016 y 2019 se produjo un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad. En 2015 la cantidad de encarcelados era cercana a los 35.000, con una tasa de prisionalización de 240 personas por cada 100.000 habitantes; a finales de 2019 la cifra era de 308 por cada 100.000 habitantes, es decir con una población de casi 49.000 presos”.
El Servicio Penitenciario Bonaerense “afronta la sobrepoblación más alta de su historia, cuyo registro se ubica por encima del 100%, de acuerdo a la capacidad de alojamiento de las 58 Unidades Penitenciarias y 10 Alcaidías Departamentales existentes”.
Las nuevas alcaidas serán radicadas en el conurbano ya que la cantidad de presos con domicilio en el AMBA representan el 69,2% del total de la población, cuando el total de plazas que posee el sistema para alojar a personas en ubicaciones cercanas en dicha región es de apenas el 38,7%.
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