El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se presentó por sexta vez para presupuesto destinado a la provincia que fueron eliminados por decisión del Gobierno nacional mediante el decreto 888/2024, que eliminó varios fondos fiduciarios. En esta ocasión, la demanda interpuesta ante la Corte Suprema de la Nación es para recuperar el dinero correspondiente al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN). Estiman que se trata de 400 millones de pesos.
La causa 2373/2024 solicita la inconstitucionalidad de los artículos 3º y 4º del decreto, firmado por Javier Milei el 7 de octubre de este año, en los que se disuelve el fondo correspondiente creado a través de la Ley 27.431 de compensación ambiental y, además, determina que el proceso de liquidación de los mismos estará sujeto a decisiones del Ministerio de Economía.
En el escrito presentado también exigen la “plena vigencia” FNECBN, creado en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Enriquecimiento, la Restauración, Conservación, Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Bosques Nativos y que Estado nacional “se abstenga de dictar normas y/o ejecutar actos que contraríen o suspendan lo establecido” en esa normativa “en especial” con relación al derecho que le corresponde al territorio de la provincia de Buenos Aires.
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Por último, en la medida cautelar solicitan que la Corte “le ordene al Estado nacional que proceda a la transferencia inmediata y efectiva de los montos devengados” en concepto del FNECBN desde 2023 hasta la fecha “con más intereses”, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Según los cálculos de la administración, al momento, corresponden unos 400 millones de pesos.
La pelea de Kicillof con Milei por los fondos
Los pedidos de la administración de Kicillof se acumulan en la Justicia a medida que avanzan los días. Es que el decreto 888/2024 elimina también el Fondo Nacional de Emergencias y el fondo fiduciario para el programa Progresar, que servía como apoyo para estudiantes con dificultades económicas que buscan finalizar su educación obligatoria. En su justificación, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que esta decisión está basada en que esos fondos “no estaban operativos” o “tenían ineficiencias” y que, aún “con títulos hermosos, bienintencionados” se habían usado para “financiar cajas de la política”.
Otra de las medidas cautelares presentadas ante la Corte por la gestión bonaerense es por la eliminación del Boleto Integrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que otorgaba descuentos a pasajeros y pasajeras que hicieran varias combinaciones en el transporte público en el lapso de dos horas.
“Sostenemos que es arbitrario e ilegal el fin del boleto integrado, porque claramente tiene que ver con la multimodalidad; lo que se compensa es no solo el sistema de transporte de la provincia de Bueno Aires, también los colectivos de la Ciudad, las líneas nacionales, el sistema ferroviario y el sistema de subte”, consideró en conferencia de prensa el ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’Onofrio.
El Gobierno bonaerense también presentó reclamos por la derogación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid); por el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país (FCI) y por el restablecimiento de las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
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