El último indicador oficial del Ministerio Público bonaerense, correspondiente al período de marzo a junio de 2020, mostró que el número de causas penales que se iniciaron en el Fuero Penal Juvenil bonaerense disminuyeron un 52,7 por ciento en relación a igual período del 2019.
Una baja considerable en la estadística puede responder a la menor circulación de esos meses en las calles producto del aislamiento establecido por el gobierno nacional tras la llegada del Covid-19 a la Argentina. Sin embargo, la última década demuestra una tendencia a la baja en todos los registros, a pesar de que cada hecho de inseguridad con impacto mediático en el que está involucrado un menor reaviva en algunos sectores políticos y medios de comunicación el argumento sobre bajar la edad de imputabilidad.
El caso Píparo fue el último en provocar esa reacción. Esta semana, un adolescente de 15 años que había sido detenido como sospechoso de haber participado del supuesto asalto a la diputada bonaerense Carolina Píparo, en la madrugada del 1 de enero en La Plata, fue restituido a sus padres por el Poder Judicial. Otro de 16 años pidió la eximición de prisión y seguirá libre, según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam. También otro adolescente de 14 años, arrestado el viernes último, ya había sido entregado a su familia.
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La diputada provincial de Juntos por el Cambio y actual secretaria de Asistencia a la Víctima del municipio de La Plata denunció una "persecusión política" tras haber sido ella, en condición de acompañante, y su marido, Juan Ignacio Buzali, quienes chocaron y arrastraron a dos jóvenes durante cuadras, los abandonaron e intentaron darse a la fuga.
En el 2009, los procesos iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil representaban el 4,54 por ciento del total de Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) abiertas en la provincia de Buenos Aires, y ese indicador se ubicó en menos de la mitad cuando llegó al 2,08 por ciento durante el 2020.
Estos datos fueron procesados por el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, a partir de la información que aporta la Procuración provincial, a cargo de Julio Conte Grand, ligado a María Eugenia Vidal y enfrentado al gobierno de Axel Kicillof, por lo que está lejos de tener un sesgo oficialista en la elaboración.
"Año tras año se muestra claramente que el delito juvenil baja considerablemente. La secuencia a la baja es constante. Sin embargo, producto del caso Píparo se vuelve a plantear que el problema a solucionar es el delito en los jóvenes”, explica Martello en diálogo con El Destape.
“Los números ratifican que no hay ninguna razón objetiva para bajar la edad de imputabilidad, es inconsistente y estigmatizante. Es un slogan que entorpece el debate", dice Martello, a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.
En diciembre del año anterior, luego de que un adolescente de 15 años fuera acusado de asesinar a un ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro, desde Juntos por el Cambio volvieron a proponer la baja de la edad de imputabilidad. En el Frente de Todos se dividen las miradas y opiniones, aunque el presidente Alberto Fernández aseguró públicamente que no considera que la solución sea más punitivismo y medidas de encierro.
Todos los informes disponibles derriban las falacias que se plantean con demagogia punitiva en el debate público sobre los delitos cometidos por los jóvenes en la Argentina. Los homicidios cometidos por adolescentes representan un porcentaje ínfimo del total. En la provincia de Buenos Aires alcanzan apenas el 2,7%.
En la provincia de Buenos Aires se registra una caída del 60% en la cantidad de homicidios dolosos atribuidos a menores de 18 años entre 2009 y 2019. También hay una caída en las imputaciones. Del 12% registrado en 2013 bajó a un 7% en 2019, según la información oficial que surge de las investigaciones penales del Poder Judicial.
“Hay un discurso que penetra en la sociedad y hace muy difícil tomar medidas, es un círculo complejo. Hay que decirlo con todas las letras y basado en cifras, bajar la edad de imputabilidad es inconsistente”, dice el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense a El Destape.
Destaca que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomienda a los Estados fijar la edad de punibilidad a partir de los 16 años de edad, tal como ocurre hoy en la Argentina.
El informe también advierte acerca de las alertas del Comité, en 2018, desatendidas por el Estado argentino.
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Reducir el hacinamiento y la violencia en los centros de detención.
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Erradicar el uso desproporcionado de la fuerza con niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad.
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Poner fin a las intervenciones policiales en el ámbito escolar.
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Investigar de manera exhaustiva e imparcial todas las denuncias de actos de tortura, violencia, acoso y maltrato, inclupidos los cometidos por la policía.