El Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM) le entregó un petitorio al gobernador Axel Kicillof para "vetar" una cuestionada ley. Se trata del expediente D-629/22–23 que el Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley y que, a entender de los ex combatientes, "los militares condenados van a recibir nuevos beneficios".
En diálogo con El Destape, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, manifestó que entregaron "formalmente una nota al gobernador solicitándole el veto de la ley". El ex combatiente detalló que se reunieron con Javier Rehl, subsecretario de Asuntos electorales y Parlamentarios dependiente del área de Gobierno, de Cristina Álvarez Rodríguez.
"Tuvimos una larga charla y le dimos todos los argumentos por los que esta ley tiene que ser vetada", explicó Alonso y agregó que "esta ley genera una imposición de la impunidad y además es de privilegio porque el 95% de los militares que ingresaron a provincia de Buenos Aires a trabajar lo hicieron en forma ilegal, violando la ley 10.430".
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En el escrito que se presentaron manifestaron que "a 40 años de la Guerra el único reconocimiento de la provincia de Buenos Aires es para quienes torturaron en Malvinas". "El lobby militar tuvo muchos adeptos y operó fuerte en Lomas de Zamora donde logró el compromiso del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, quien motorizó su aprobación", remarcaron.
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Según indicaron, la norma "crea un régimen especial de jubilación para los oficiales y suboficiales que participaron en la guerra de Malvinas y posteriormente ingresaron a la administración pública de la Provincia de Buenos Aires que generará una erogación $4.160.000.000 que equivalen a 109.473 jubilaciones mínimas anuales, datos que los legisladores nunca tuvieron en cuenta".
La ley
Si bien la normativa aclara que "no gozarán del beneficio los oficiales y suboficiales que se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones", desde el CECIM advirtieron que actualmente "hay militares condenados que perciben una pensión honorífica que abona el IPS bonaerense", por lo cual entienden que las garantías de no otorgar nuevos beneficios no están dadas. Por tal motivo, el próximo martes realizarán una conferencia de prensa en las puertas de la Legislatura bonaerense.
Un informe que realizaron ex combatientes muestra cómo varios militares condenados cobran una pensión honorífica: "El entonces Teniente de Navío, Miguel Ángel García Velasco, condenado a prisión perpetua en la causa ESMA es beneficiario en el IPS y cobra el beneficio de Pensión Honorífica por participar en la guerra de Malvinas".
Otro caso testigo "es el del Capitán de Corbeta, Daniel Eduardo Robelo, ex jefe de operaciones Base Naval Mar del Plata condenado por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita" en perjuicio de 123 personas.
En la Causa 1777/07 que posee el Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego, y en la que se investigan las denuncias presentadas por los ex soldados conscriptos por torturas ocurridas en el Regimiento 3 de Infantería en 1982, está "imputado" Luis Oscar Arce. También cobra pensión honorífica.
En la misma causa fue llamado a prestar declaración indagatoria, Guillermo Rubén Berazay. "Se reunieron elementos probatorios suficientes que permiten afirmar, con el grado de certeza requerido en esta instancia, que debe responder como coautor mediato por los delitos de imposición de tormentos". Es otro beneficiario por el IPS.
El Cabo I°, en la Segunda Sección de la Compañía B, Lorenzo Roque Cancino, también percibe beneficios a pesar de que "en su legajo personal - según consta en el Ministerio de Defensa -tuvo tres suspensiones previas y una posterior al conflicto del Atlántico Sur".
El 3 de mayo de 1978, el Jefe del RI 24 le impuso 31 días de arresto, por “excederse arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones, maltratando a un subalterno, prevalido de su autoridad, sin llegar a incurrir en delito”. El 23 de abril de 1981, el Jefe del RI 3 le impuso una sanción de 30 días de arresto por estar “desempeñándose como sub educador en la materia de orden cerrado, propiciarle un puntapié a un soldado y al ser sancionado por la comisión de dicha falta hacer aclaraciones que no corresponden, faltando con ello las consideraciones a un superior”.
Finalmente, el 31 de julio de 1981, el Jefe de la Ca “B” lo sancionó por “reprimir con exceso una falta cometida por un subalterno a pesar de las reiteradas consideraciones hechas al respecto”.
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