El Senado de la provincia de Buenos Aires sesionará este martes con el objetivo de convertir en ley el proyecto de compra de vacunas que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura semanas atrás. Si bien en la Cámara alta la mayoría es liderada por Juntos por el Cambio, la iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados, espacio en el que la oposición introdujo cambios para acompañarla. Las modificaciones realizadas se basaron en incorporar en el articulado que las compras de vacunas queden sujetas “al control posterior de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Emergencias”.
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En el inciso 6° de la norma se establece la posibilidad que dicha Comisión pueda solicitar de “manera fundada” acceso a las cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se hayan realizado en los diferentes contratos. También será obligatorio que cada 60 días y por escrito, el Estado envíe un informe a la Bicameral en referencia a la adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas.
De esta manera se prevé que, con las modificaciones realizadas, el Senado apruebe por unanimidad el proyecto y lo convierta en Ley. La semana pasada, el Jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, afirmó que la provincia de Buenos Aires “está conversando y negociando con 10 laboratorios para la compra de las vacunas contra la COVID-19”.
El funcionario, en declaraciones a Radio Provincia, manifestó que “el gobierno bonaerense está habilitado a comprar vacunas pero, por la propia normativa provincial, para firmar el acuerdo los laboratorios firman acuerdos de provisión en las mismas condiciones que los firmarían con el Estado Nacional”.
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Qué dice el Proyecto
La iniciativa de Kicillof pide autorización para “iniciar negociaciones y celebrar contratos en moneda extranjera”. Para ello, desde el Ejecutivo indicaron que “se propone admitir legislativamente que tales contratos contengan cláusulas de confidencialidad; condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias, con excepciones”, y “la posibilidad de prorrogar jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aceptación de ley extranjera aplicable”.
Por otra parte, el escrito promueve “mecanismos destinados a velar por la regularidad del trámite y asegurar la transparencia de la transacciones, dado que los contratos que se celebren deben contar con la opinión previa favorable de organismos de asesoramiento y control provinciales como Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado”.
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