La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y las legisladoras provinciales del Frente de Todos, Susana González y Teresa García, presentaron ante el Jurado de un Enjuiciamiento de Jueces y Magistrados de la provincia de Buenos Aires el juicio político contra el fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, por “mal desempeño de sus funciones, negligencia e incompetencia”. El pedido de jury es por la actuación del fiscal en dos causas que investigaban al intendente de Ensenada, Mario Secco - por haber ingresado a la Legislatura bonaerense en 2017 en el medio de una represión policial en una marcha afueras de dicha institución -, y a dirigentes sindicales del Astillero Río Santiago.
“La decisión de no investigar a funcionarios del gobierno anterior por una malversación de fondos millonaria contra dicho el Astillero Río Santiago”, son unos de los motivos por los que la CPM y las dirigentas decidieron iniciar el jury.
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En ese sentido, “pidieron el apartamiento preventivo del cargo hasta que se resuelva la presentación”. La presentación lleva la firma de los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, y el secretario, Roberto Cipriano García.
El “mal desempeño” de Condomí Alcorta en la causa contra Mario Secco
Según se detalla en un comunicado de la CPM, “la persecución política del fiscal Condomí Alcorta contra el intendente de Ensenada, Mario Secco, no es un episodio aislado, sino que se inscribe en una política implementada durante la gestión de Cambiemos, para perseguir y presionar a dirigentes y jueces de acuerdo a los intereses políticos del gobierno”. En ese sentido citaron “la persecución contra el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, el Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, y el proceso que terminó con la destitución del juez, Luis Arias”.
En la causa contra Mario Secco se lo acusa de “resistencia a la autoridad y otros delitos”, durante una manifestación frente a la Legislatura provincial. En ese hecho, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta estaba a cargo de la Fiscalía de Flagrancia y actuó “a pesar de no tener competencia en el asunto”, señalaron los y las denunciantes. “Condomí Alcorta no tenía competencia para actuar, ya que no existía un delito de flagrancia, ni su fiscalía se encontraba de turno”, agregaron.
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El “mal desempeño” de Condomí Alcorta en la causa del Astillero Río Santiago
Desde la CPM indicaron que “también se inició una denuncia al interventor de Astilleros Río Santiago (ARS) designado por el gobierno de Cambiemos, en cuya gestión también se designó a un agente de inteligencia de la AFI como Gerente, Coordinador de Seguridad y Jefe de Recursos Humanos”.
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, designó a Condomí Alcorta para conducir esta investigación: “Los medios de pruebas producidos por el fiscal demuestran una intención de 'direccionar la pesquisa a fin de involucrar directamente a la cúpula de ATE Ensenada'”, advirtieron.
Ante la inconsistencia probatoria de la denuncia formulada por el interventor Capdevila para incriminar al gremio, se ordenó a la Prefectura Naval Argentina realizar un informe técnico respecto de varias situaciones que surgieron de las declaraciones testimoniales. Dicho informe, elaborado por peritos especialistas de la Prefectura, concluyó que en las contrataciones relativas a la construcción de dos Bull Carriers y dos remolcadores se habría realizado una malversación de fondos públicos por 95 millones de dólares.
De mismo escrito técnico y otras declaraciones que forman parte de la causa, se desprende que “las maniobras con los contratos eran atípicas y estaban preparados para malversar fondos públicos y lavar activos, siendo pagados a través de cartas de créditos emitidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires”.
Sin embargo, el fiscal Condomí Alcorta dispuso que “la clara defraudación referida era irrelevante y no le dio importancia”. “Desestimó el informe técnico encargado por él mismo, y que acreditaba claramente un hecho ilícito, prefiriendo desviar la atención en la búsqueda de algún hecho que pueda endilgar responsabilidad a los sindicalistas de ATE-Ensenada”, afirmaron.
Teniendo en cuenta la conducta del fiscal, “ésta se encuadra lisa y llanamente en el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones, y en graves irregularidades en los procedimientos en los que ha intervenido”.
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