El gobierno bonaerense presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear un “Nuevo sistema de emergecias”. El objetivo principal es la de creación de una empresa de
participación estatal (EPE) de emergencias en salud. El proyecto de ley fue presentado a medidados del año pasado y, si bien en un primer momento contó con el acompañamiento de la oposición, luego se trabó por “desiciones políticas” internas de Juntos por el Cambio.
Según explicaron desde la cartera de Salud provincial a El Destape, tener una empresa estatal a cargo de todos los traslados de ambulancias en la provincia más poblada de la Argentina, “generaría las condiciones para fortalecer el recupero financiero del sistema, la planificación centralizada de políticas sanitarias, y la asignación de recursos de manera eficiente y equitativa entre las necesidades y la disponibilidad de recursos de cada municipio”.
Para comprender la complejidad de la situación, desde el 2019 a la fecha, se realizaron 80.312 traslados y derivaciones, incluyendo de alta complejidad y vuelos sanitarios. El promedio es de unos 69 traslados por día.
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Según detalló el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, de los traslados y derivaciones, “el gobierno bonaerense recupera cerca del 5% de los costos a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO)”. En cambio, con una empresa del Estado “se podría llegar a recuperar cerca del 80% de costo a través de distintos mecanismos como convenios, contratos, y recursos de los seguros automotores obligatorios, entre otras herramientas”, afirmó.
Cómo funcionaría la Empresa Estatal de Emergencia
La iniciativa apunta a crear una “Sociedad del Estado” con capacidades para “gestionar convenios con distintos actores del sistema con el objetivo de cubrir los traslados de la manera más eficiente posible”.
Así, “permitirá una política planificada de los Servicios de Emergencia en salud”. Actualmente, “al ser responsabilidad de los gobiernos locales, se encuentra compuesta por un conjunto heterogéneo de modelos de gestión y financiamiento, con diversos tipos contractuales tanto con proveedores de servicios como con posibles financiadores”.
El ministerio de Salud “podrá centralizar la gestión financiera con los financiadores del sistema (Obras Sociales, Seguros, ART) y realizar el clearing a los municipios y/o prestadores privados de emergencias médicas”. Desde el área Sanitaria confesaron a este medio que “el proyecto fue tomado de buena manera por gerentes de prepagas muy conocidas, ya que les solucionaría la cobertura de traslados en municipios en donde el SAME no funciona bien. Es decir, estarían dispuestos a contratar este servicio”.
El nuevo modelo de Financiamiento de la Empresa Pública de Emergencias permitiría recuperar costos mediante el nuevo Sistema de Información y envío de Fondos al Municipio, de acuerdo a indicadores de calidad. También se podrían realizar convenios con financiadores para lograr un sistema de recupero o por Cápita con IOMA y PAMI, y otras obras sociales o Agrupaciones, Federaciones, ART, etc.
Cómo funciona el servicio de emergencias en la actualidad
El ministerio de Salud provincial divide los servicios de emergencias en “una asistencia prehospitalaria y traslados interhospitalarios”. Los servicios de emergencia prehospitalaria, que actualmente realiza el SAME se organizan y gestionan desde los municipios.
También existen la “gestión de derivaciones, traslados, que está a cargo del Sistema de Emergencias Sanitario (SIES) que depende de la Dirección Provincial de Hospitales”. Dichas derivaciones se realizan entre diferentes efectores y garantizan la continuidad de la atención de acuerdo a la complejidad que requiere cada caso.
De esta manera en 2019 se realizaron 10.083 derivaciones y traslados, de las cuales 1.590 fueron atenciones de alta complejidad. En 2020 hubo 19.760 derivaciones, y 3.382 fueron de alta complejidad. En 2021 se llegó a las 23.254 derivaciones, de las cuales 2.667 fueron traslados de alta complejidad.
El año pasado se realizaron un promedio de 61 derivaciones diarias, contabilizando un total de 23.251 gestiones, siendo traslados de alta complejidad un total de 3.273. En lo que va del 2023 se gestionaron 3.964 derivaciones de alta complejidad.
Según explicaron, la “ausencia de un sistema integrado de Información” equivale a un “deficiente registro de información, la ausencia de monitoreo e indicadores de gestión, una deficiencia en la Coordinación de Servicios y el recupero de costos”.
“Los municipios del interior realizan viajes más largos, y poseen mayores costos de infraestructura per cápita, por lo que se genera una desigualdad territorial en el acceso a la atención de emergencias”, explicaron a modo de ejemplo.
Vale recordar que durante la gestión de María Eugenia Vidal se entregaron 393 ambulancias a través de convenios que incluyeron transferencias de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por tres años sucesivos a la firma en aporte decreciente. Es decir, el primer año había un 100% de los costos de mantenimiento, el segundo el mantenimiento era del 50%, y el tercero fue del 25%. Se esperaba que los municipios progresivamente desarrollen fuentes de financiamiento para suplir este financiamiento, pero en muchos distritos no ocurrió.
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