El 29 de marzo el gobernador Axel Kicillof presentó la agenda normativa 2021 y anunció que en las próximas semanas publicarían seis anteproyectos de Ley para debatir entre los distintos espacios que forman parte de la sociedad. Los mismos apuntan a mejorar la Justicia haciéndola más participativa, equitativa y eficaz y son: la creación de un Nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial; la revisión de la Ley de Procedimiento Laboral N° 15.057; una Ley de Régimen Pericial; una nueva Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente; la Ley de Responsabilidad del Estado y la Ley de Ética Pública y Transparencia.
Según pudo averiguar El Destape en el mes de junio la plataforma digital en que estarán cargados los seis proyectos estará online: “En 20 o 30 días, a más tardar, van a estar subidos a la web”, indicaron fuentes gubernamentales. La redacción de las seis medidas ya está terminada y sólo resta ultimar detalles de la página web con el área de informática de Jefatura de Gabinete.
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La agenda normativa fue trabajada entre el ministro de Justicia, Julio Alak y el Secretario General de Gobierno, Federico Thea. En diálogo con este medio, Thea confirmó que los anteproyectos “son 100% del Ejecutivo, tienen una identidad propia y es la visión del Ejecutivo”.
Además explicó que los mismos se lanzarán en simultáneo y el mismo día en la página web. En la plataforma se podrán descargar, hacer propuestas, realizar comentarios y/o críticas. Una vez dados a conocer públicamente se realizarán “mesas de trabajo” con las universidades, asociaciones de magistrados, Ongs, sindicatos, partidos políticos y demás espacios sociales.
“La idea es que las mesas de trabajo arranque al mismo tiempo para todos y que puntapié inicial sean nuestros proyectos. Va a ser una etapa dinámica de discusión pública”, explicó Thea. Las iniciativas se trabajarán entre 90 y 120 días y, una vez finalizados y cerrados, serán enviados a la Legislatura bonaerense.
Respecto de las fechas que maneja el Ejecutivo provincial, las mismas dejan entrever que, las iniciativas serán enviadas a ambas Cámaras luego de las elecciones, cerca de fin de año, y con un escenario político que esperan sea más favorable en cuanto a poseer mayoría simple, sobre todo, en el Senado bonaerense.
Uno a uno los anteproyectos
El Nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial propone una norma que se adecue a la Constitución Nacional y a la Provincial. Para ello deberán incorporarse los principios del Código Civil y Comercial y las leyes de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, Salud Mental, Defensa del Consumidor y Mediación.
El mismo reconocerá la existencia de condiciones de vulnerabilidad y tendrá perspectiva de género y permitirá la realización de trámites procesales ajustados a cada problemática, la implementación de tecnologías y un sistema ágil de notificaciones.
La Revisión de la Ley de Procedimiento Laboral N° 15.057 propone garantizar la celeridad del proceso, reforzar el rol de la justicia, del trabajo y permitirá la tutela judicial de trabajadores y trabajadoras.
La Ley de Régimen Pericial impulsará una reforma integral que jerarquizará la función pericial, y el aumento del número de profesionales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema.
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La Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente adecuará la legislación a los estándares internacionales de Derechos Humanos y al Código Civil y Comercial de la Nación. El objetivo es garantizar la formación especializada de los y las profesionales y un acceso igualitario a la asistencia legal de los niños, niñas y adolescentes.
La Ley de Responsabilidad del Estado apunta a llenar el vacío normativo actual, en base a principios legislativos sancionados en los últimos años en el ámbito nacional y en otras jurisdicciones.
Finalmente, la Ley de Ética Pública y Transparencia propone un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia en el ámbito provincial, que viene a subsanar un vacío normativo de 21 años. Para ello habrá una clara delimitación de los principios, deberes y obligaciones de quienes ejercen la función pública; un enfoque transversal en Derechos Humanos, género y diversidad; la integridad funcionará como sistema basado en la prevención y habrá capacitaciones obligatorias para la administración pública.
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