Referentes de la Coalición Cívica (CC), partido liderado y fundado por Elisa Carrió, salieron al cruce de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el Protocolo de Orden Público para determinar el accionar de las fuerzas de seguridad en caso de haber una manifestación o piquete en la vía pública. En la Resolución 943/2023, plantean tareas de Inteligencia sobre los manifestantes, una decisión que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520). "Hay caminos de los que no se vuelve", apuntaron.
El dirigente de la CC y legislador porteño Facundo Del Gaiso se mostró de acuerdo con la medida contra los intermediarios pero criticó duramente el protocolo que buscan implementar. "Los piquetes se cortan cortando los intermediarios, eso está bien y por ahí se corta el negocio de los que utilizan a los pobres. No con un protocolo. ¿Qué vamos a hacer cuando protesten las 'cacerolas' porque no se puede pagar el alquiler o el cole? ¿Vamos a hacer un protocolo 'anticacerola'?", lanzó en sus redes.
En esa línea, el exlegislador sostuvo que el Estado "tendría que auditar los planes y separar los grupos que trabajan de los grupos que utilizan los planes para financiar la política" y remarcó que "esa es la forma de cortar los piquetes, rápidamente". En esa línea, remarcó la importancia de valorar a los grupos comunitarios "sino todos son 'feos, sucios y malos'. Mientras que cerró: "Auditar, cortar los intermediarios y valorar a los que trabajan socialmente separando a los grupos que extorsionan. Ese es el camino correcto. Generar una 'épica del anti piquete' en este contexto social no se sostiene. ¿Qué hacemos cuando corten los jubilados porque no pueden vivir?".
"Esto no, @PatoBullrich, esto no. Coincido en la necesidad de ordenar y mantener la normalidad de la circulación; pero prácticas abusivas NO. El derecho a asistir a una marcha no se puede impedir, los delitos son otra cosa. Hay caminos de los que no se vuelve", apuntó fuertemente la abogada y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, junto a una imagen donde TN informaba que había frenado a un colectivo y bajaron a 30 "posibles manifestantes".
Horas atrás, la dirigente señaló que los esfuerzos "anti-piquetes" no distraigan al Gobierno nacional de lo principal, que es "la corrupción y la inseguridad ciudadana" como prioridad. "Molestan los cortes de calle, pero la corrupción e inseguridad", apuntó.
Qué dice el protocolo Bullrich
- Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal, también en CABA o territorios provinciales.
- La intervención se producirá sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de la comunicación inmediata al juez o al fiscal competente.
- Considera que las manifestaciones en las que intervendrán son: cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación.
- La acción de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ante tales situaciones delictivas, estará orientada a despejar los accesos y las vías de comunicación o de transporte, en el marco de la ley y en cumplimiento de sus fines hasta dejar totalmente liberado el espacio destinado a la circulación.
- Los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales.
- Buscan identificar a los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente.
- Serán identificados los vehículos con los cuales los manifestantes hubieran sido transportados.
- Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores que hubieren podido ser registrados por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales serán remitidos al Ministerio de Seguridad para su comunicación a la autoridad de aplicación correspondiente, a los efectos de la adopción de las medidas administrativas que corresponda.
- Cuando se observare la comisión de actos que presumiblemente pudieran ocasionar daño ambiental se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental correspondiente.
- Desde el Ministerio podrán demandar judicialmente a las organizaciones y/o las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos. Se remitirán los datos para que puedan iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
- Se creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones así como del número de infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas.
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