El juez federal Sebastián Casanello se declaró competente en la "causa anti-protocolo" que se inició a raíz de la aplicación del protocolo antipiquetes que diseñó el Ministerio de Seguridad de la Nación y le requirió a la ministra Patricia Bullrich que informe el procedimiento que dio origen al mismo.
En su despacho, pidió que informe en el plazo de 72 horas cómo fue el procedimiento que precedió a la emisión de este protocolo que ya se aplicó en distintas marchas como la de la CGT y la de distintas organizaciones frente al Congreso por el debate de la ley ómnibus. "Informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados", apuntó el magistrado en la causa que caratuló como "hábeas corpus".
"A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales. Corresponderá precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación' y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos", sumó.
En la resolución, Casanello agregó: "En atención a las observaciones efectuadas y la información requerida por el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, deberá informar si ha dado respuesta a los interrogantes allí formulados y si se ha aceptado la asistencia técnica allí ofrecida".
La causa fue iniciada por la denuncia presentada por la diputada porteña Celeste Fierro (MST en el Frente de Izquierda Unidad). “Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’", destacó Fierro.
En su cuenta de Twitter, la legisladora de la izquierda en la Ciudad de Buenos Aires celebró el escrito de Casanello. "Un primer paso positivo y esperamos que cuanto antes el juez suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional. Por nuestra parte, lo vamos a seguir enfrentando en las calles", expresó.
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