La pandemia de coronavirus no terminó pero sus efectos, en la medida que los casos en la Argentina siguen bajando, se diluyen. En ese sentido, la multitudinaria marcha del 24 de marzo, que sacó a cientos de miles a manifestarse, marcó el regreso de las movilizaciones masivas (que durante dos años estuvieron ausentes, o contenidas, por razones políticas y sanitarias) a la arena nacional.
Con un escenario de mayor conflictividad social y laboral en el marco de un aumento repentino y pronunciado de la inflación, y con las elecciones de 2023 ya en el horizonte, las calles volverán a ser protagonistas en las próximas semanas. Para el gobierno puede ser una oportunidad para reconstruir su vínculo con la sociedad, aunque también entraña nuevos peligros.
Las movilizaciones políticas no estuvieron ausentes durante los dos años que vivimos con el coronavirus aunque permanecieron, por un tiempo, en los márgenes de la política: desde las marchas contra los protocolos sanitarios organizadas por la oposición hasta las plazas del oficialismo en octubre y noviembre de 2021, pasando por manifestaciones de la izquierda, actos de Javier Milei y protestas contra del Poder Judicial, entre otras.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Lo que debe leerse de fondo en las diatribas que distintas expresiones de derecha dedicaron últimamente a la protesta callejera es una resistencia a la restauración de ese terreno de juego
Sin embargo fue el último día de la Memoria en la que se volvieron a ver las multitudes que estábamos acostumbrados a observar varias veces por año antes de la pandemia. Al explícito desafío político que arrojó La Cámpora, convocando a decenas de miles, se sumaron columnas muy nutridas de otros espacios como el Movimiento Evita y hasta el Partido Obrero. La calle volvió a ser un espacio en disputa.
En el fondo, lo que debe leerse de fondo en las diatribas que distintas expresiones de derecha dedicaron últimamente a la protesta callejera, desde Horacio Rodríguez Larreta hasta los libertarios, es una resistencia a la restauración de ese terreno de juego, relegado durante un bienio por motivos extrapolíticos. Las iniciativas recientes que apuntan a castigar la protesta social en realidad intentan evitar o demorar ese proceso.
Es una tarea imposible. La cultura de la protesta callejera está implantada en el ADN argentino. Antes de la pandemia, en un año normal, las avenidas del centro porteño se llenan de gente no menos de una decena de veces, entre fechas establecidas (8M, 24 de marzo, marcha del orgullo, día de la democracia), convocatorias oficialistas y protestas opositoras. Eso sin contar las campañas electorales.
De hecho, al mismo tiempo que algunos dirigentes opositores compiten a ver quién se pone más imaginativo a la hora de amenazar con castigos a los que protestan, otros, sin sonrojarse, están movilizando un tractorazo para el 23 de abril que tendrá su epicentro en el centro porteño, al que en las redes sociales ya imaginan, con más voluntad que pericia en el editor de imágenes, anegado por una marea de maquinaria agrícola.
La iniciativa, que se vende en medios como autoconvocada por productores, lleva en realidad la firma de Campo + Ciudad, una agrupación sectorial conformada por dirigentes rurales que se autoperciben “Guardianes de la República” y forman parte de Juntos por el Cambio. Su referente principal es Luciano Bugallo, diputado bonaerense que tiene en su CV la organización de cacerolazos y operaciones políticas complejas en redes sociales.
Por su parte, el gobierno prepara su propia marcha para plasmar el respaldo a Alberto Fernández. Está programada para el primero de mayo y se cuenta con la participación de los movimientos sociales encolumnados y de los sectores de la CGT más afines a la línea del presidente, los mismos que participaron en estos días de la mesa tripartita convocada para discutir la mejora del poder adquisitivo, con magros resultados, para ser generoso.
Los organizadores esperan que la movilización esté coronada por un acto en el que el presidente anuncie la creación de un Instituto de la Economía Popular (la nomenclatura, se advierte, es provisoria) que plasme una idea que el propio Fernández había anticipado en la última reunión del Consejo Económico y Social: dar a los trabajadores precarizados “un marco regulatorio diferente al de la economía formal”.
Con los ánimos internos caldeados, la decisión de organizar una convocatoria de esa naturaleza no cayó bien en otros sectores de la coalición oficialista. “Si nos pide que salgamos a la calle para bancar un aumento de sueldos, más retenciones o el impuesto a los más ricos, nosotros estamos. Pero prefiere hacer una marcha en contra nuestro. Es incomprensible”, rumiaba un dirigente sindical con amplia capacidad de movilización.
En un escenario de altísima volatilidad social, económica y política, la calle vuelve a ser un actor central con incidencia profunda y prolongada en el país. La aprobación o no de leyes clave, el apoyo y el rechazo a medidas de alto impacto en la sociedad, la fortaleza y la debilidad comparada de cada uno de los sectores en pugna pasarán, en parte, por lo que allí suceda. Saber elegir las batallas es el primer paso que dar para poder ganarlas.
Cerrar sesión