Como ya es habitual, Mauricio Macri reunió a la tropa más cercana del PRO en la sede que el partido tiene en la calle Balcarce para encarar la segunda etapa en la relación con Javier Milei y el riesgo en el que se ven envueltas algunas iniciativas que, de no ser por los malos manejos del Gobierno, podría contar con una importante diferencia de votos favorables.
Las reuniones de Macri con su mesa chica son periódicas. Según el momento, cada semana o cada quince días. Se suele hablar del partido nacional, pero también sobre la gestión de las provincias y municipios propios. En esta ocasión, el grueso pasó por la agenda legislativa, muy trabada por el enojo de los dialoguistas, molestos por los acuerdos incumplidos por el Gobierno. El encuentro comenzó a las 16 y estuvo signado por el contacto con gobernadores amarillos, su vice e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y su par de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, además de los Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; y el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti.
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Justamente, también hablaron sobre la situación política y social de las provincias gobernadas por Torres y Frigerio, Chubut y Entre Ríos respectivamente. El encuentro sirvió para hacer, además, un balance de la reaparición de Mauricio en La Boca, que lo dejó muy conforme.
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La próxima aparición del ex presidente será en Entre Ríos, durante el relanzamiento de la Fundación Pensar que comanda María Eugenia Vidal y que, hasta ahora, tuvo una visión crítica de los resultados del gobierno de Javier Milei, puntualmente en materia de empleo, ingresos y jubilaciones. El encuentro en tierras comandadas por Frigerio será a fin de mes. Se espera que haya cientos de dirigentes del partido, incluidos gobernadores, intendentes, legisladores y otros referentes. Como sucedió el 1 de agosto en La Boca, el macrismo apunta a organizar un esquema de paneles, con el cierre de Vidal y un nuevo discurso de Macri. La última vez que el ex presidente salió públicamente, cuestionó el “entorno” del presidente.
La fragmentación política y el malestar son totales. El Congreso, ámbito en el que se desenvuelve la oposición amigable, las relaciones están cada vez más tirantes. Todos quieren su agenda, pero se hizo difícil encontrar colaboradores. Durante la tarde del martes, los bloques clave para poder avanzar con cualquier iniciativa, la UCR y Encuentro Federal, definirán sus posturas pero, a estas horas, hay ciertas posibilidades de que, una vez más, fracase una sesión pedida por el Gobierno. El diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, convocó al debate en el recinto. Lo hizo con el mismo temario que tuvo la sesión fracasada de la semana pasada, pero con la esencialidad de la educación como primer ítem. Un anzuelo para los dialoguistas y un paraguas para La Libertad Avanza que, en caso de naufragio, no tendrá su sello estampado en el primer lugar.
El proyecto apunta a establecer como “servicio estratégico esencial la educación obligatoria”. Para ello, los estados “deberán garantizar el ejercicio” de este derecho “durante días de clase afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga”. En el proyecto, se definen porcentajes mínimos de garantía de asistencia del personal. Los colegios deberán estar abiertos todos los días programados como parte del ciclo lectivo, también garantizar el servicio alimentario y, en caso de haber medida de fuerza, determinar un porcentaje de trabajadores para permitir la apertura de establecimientos. Según se establece en el artículo 3, un 30% de la planta docente y no docente mientras se desarrollen huelgas de uno a dos días. El número ascenderá al 50% a partir del tercer día de medida de fuerza.
El 13 de junio, en la comisión que preside el macrista Alejandro Finocchiaro, se trataron ocho iniciativas diferentes que terminaron unificadas bajo este único dictamen de consenso. Se trató del PRO, la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza; Innovación Federal, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. Este amplio abanico de firmas le servirá de excusa al PRO para intentar buscar adeptos y habilitar la sesión. El problema es la relación con el gobierno nacional. La UCR quiere votar la esencialidad de la educación, algo difícil en una época en la que los docentes cobran salarios de miseria. Pero también quieren avanzar con el debate por el presupuesto universitario, por eso pidieron otra sesión para las 14. El FONID, que representa entre el 10 y el 20% de los ingresos de los maestros, se está discutiendo con los gobernadores, por eso no se incorporó en ningún temario.
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La inclusión de otros debates, sin embargo, no es el problema central a la hora de encarar una evaluación de la relación con el gobierno. Los acuerdos políticos incumplidos son parte central del problema. En la UCR, puntualmente, es marcado el enojo hacia La Libertad Avanza que decidió no incluir en el temario la elección de los representantes en la Auditoría General de la Nación. El Gobierno quiere quedarse con la silla que le corresponde al partido centenario pero, esgrimen los boina blanca, no deberían tener los votos para arrebatársela. La UCR propuso a Mario Negri, del sector identificado con Facundo Manes y Gerardo Morales. Esa elección no estuvo exenta de inconvenientes, porque los referenciados en Rodrigo de Loredo querían a Alejandro Cacace.
El otro espacio cada vez más molesto con el oficialismo es el de Miguel Ángel Pichetto, no sólo por la postura del gobierno respecto de la Auditoría General, sino por la silla robada a Encuentro Federal en la comisión bicameral de inteligencia, y por la falta de apertura al diálogo. Los enojos de estos espacios podrían poner en riesgo la sesión convocada el miércoles a las 11 de la mañana para debatir la esencialidad de la educación, el banco genético de datos y la regularización de armas. Por falta de articulación, también peligraría la sesión pedida horas más tarde por la UCR para abordar el presupuesto universitario.
Por estas horas, la sesión que mostró más solidez es la pedida por Encuentro Federal, un sector de la UCR y la Coalición Cívica para rechazar los $100.000 millones en concepto de fondos reservados a la SIDE.
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