Todo puede pasar. El debate por el Presupuesto, en Diputados, se llevó la marca y las miradas se concentraron en el Congreso. Con tensiones obvias, la ley de leyes no fue vista tan mal como para no aprobarla, pero aún tiene algunos puntos aún en negociación que podrían cambiar la historia. Son esos item los que acaloraron las últimas horas y posaron la atención en lo que pueda llegar a suceder este jueves durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde terminarán de incorporarse o descartarse algunas modificaciones clave para garantizar la media sanción el martes que viene.
Ya empezó la organización para que los distintos diputados estén presentes en el recinto el próximo 25 de octubre y se comenzó a especular con una minoría inclinada por la negativa. Antes de la resolución de la comisión, no se descartaba un grueso de apoyos, algunas abstenciones y una menor cantidad de rechazos. El interbloque de Juntos por el Cambio no votará de forma unánime, habrá voluntades para todos los gustos. El radicalismo, en sus dos variantes, podría acompañar, al igual que el macrismo, aunque con algunas ausencias.
La Coalición Cívica, después de las declaraciones de Elisa Carrió para no darle el visto bueno, también sigue en deliberaciones. Los dichos de la fundadora del espacio fueron proclamas mediáticas que no necesariamente se traspolarán a la votación. Aunque se especuló con abstenciones o rechazos de este partido. También se anotó a Ricardo López Murphy como un detractor y al bloque de Emilio Monzó, a favor. Si las conversaciones llegaran a buen puerto, el presupuesto no debería correr riesgos.
El año pasado, Cambiemos trabó su sanción en Diputados. Después de varios idas y vueltas sin un final auspicioso, la oposición quiso devolver el proyecto a comisión, no sucedió y lo rechazaron en el recinto por primera vez desde la vuelta de la democracia. Ahora, podrían acompañar. No por un espíritu patriótico sino para que el Frente de Todos no tenga un cheque en blanco en período electoral.
Casi a contrarreloj, las negociaciones buscan destrabar las tensiones previas a la sesión. Entre algunos de los varios puntos debatidos se encuentran, por ejemplo, una cláusula para enviar una revisión presupuestaria al Congreso en caso de generar una mayor recaudación por inflación; la regularización de las deudas con CAMMESA, que comprometen a las provincias; los dos blanqueos estipulados; la ley de emergencia alimentaria; los subsidios al transporte en el interior del país; las actualizaciones relativas al impuesto a las Ganancias y los montos de las retenciones.
Algunos de estos puntos lograron un avance en la negociación y otros aún continúan en revisión por parte del oficialismo y la oposición. En la lista aparece, por ejemplo, el acompañamiento del congelamiento del empleo público con un total de cargos y horas cátedra determinados para cada jurisdicción y la administración nacional, con algunas excepciones. También se puso en la mesa, sin un acuerdo total, la necesidad de una ley complementaria del presupuesto en caso de registrar una mayor recaudación producto de la inflación hacia el final del segundo cuatrimestre. La alarma sería del 10%, tanto como excedente de la inflación proyectada a nivel anual, como excedente de los ingresos previstos para el período acumulado. La sugerencia fue hecha por Margarita Stolbizer y reclamada por Martin Tetaz y Germana Figueroa Casas.
La reciente actualización de las alícuotas y mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias también se transformó en foco del debate. En la oposición se baraja la posibilidad de deducir un 40% de los gastos educativos familiares. Esta semana, Martín Tetaz, de Evolución, presentó un proyecto para que el piso y los montos puedan ajustarse de forma automática y trimestral de acuerdo al al coeficiente que surja de la variación trimestral de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Los subsidios al transporte en el interior del país también están entre los puntos de negociación. Este miércoles, distintos diputados de la oposición se reunieron con intendentes para apoyar su reclamo. El pedido es de $13.000 millones hasta fin de año y que la partida en el Presupuesto 2023 ascienda a $113.000 millones frente a los $60.300 millones propuestos. Este jueves solicitarán que la comisión de Presupuesto trate el proyecto de emergencia que tiene dictamen de Transporte y supeditaron ésto al aval que puedan dar al dictamen de la ley de leyes y su aprobación en el recinto.
Otro tema que causó polémica y está en debate es el de los blanqueos. Respecto del vinculado a la construcción, no encontraron beneficios por lo que, para la oposición, no debería ser tratado en el presupuesto. Sobre el referido a las importaciones de bienes y servicios, se habló de excluirlo de esta ley.
Las deudas de las distribuidoras con CAMMESA están en pleno diálogo con los gobernadores porque, según su argumento, convierte a las provincias en responsables por las deudas no regularizadas en sus jurisdicciones al retener, del giro coparticipable, el monto comprometido en el acuerdo de pago.
En el enorme listado también están las retenciones, que la oposición quiere llevar al 30% para la soja; el debate por la emergencia alimentaria hasta el 2025, que la alianza cuestiona por un tema de plazos muy extendidos; presupuestos universitarios; y algunos puntos incorporados por el FdT el miércoles, entre los que están el aumento de multas cobradas por Defensa al Consumidor, impuestos interno; regulación de deudas tributarias y previsionales vencidas para la CABA, provincias y municipios; la federalización del gasto público y la prohibición de desalojos a la economía familiar. Puntos en evaluación.
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