La Cámara de Diputados de la Nación continúa el debate en la sesión especial por el proyecto de Presupuesto 2023. El Frente de Todos acumula guiños de bloques opositores y se ilusiona con la media sanción cuando sea la votación en general. En cambio, todavía es una incertidumbre lo que ocurrirá cuando sea la votación individual ya que no consigue los votos para aprobar artículos como el que busca el cobro del impuesto a las ganancias a jueces y funcionarios del Poder Judicial.
El proyecto prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que destinará más del 70% de los recursos a gastos sociales. La sesión comenzó con la presencia de 130 legisladores en el recinto pertenecientes a la bancada oficialista del Frente de Todos, y los bloques Provincias Unidas, Evolución Radical y la Unión Cívica Radical (UCR).
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Desde el bloque oficialista, el titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Heller, sostuvo que “el crecimiento es fundamental para poder encarar los diversos problemas que tenemos por delante, aunque está claro que hace falta un Estado activo que actúe en la regulación de la puja a favor de los que menos tienen y más necesitan”.
Luego, el diputado Marcelo Casaretto se refirió al artículo que dispone la eliminación de la exención de ganancias para los jueces de Argentina, y en ese sentido, especificó: “No se tocan las remuneraciones, sino que se plantea un esquema de igualdad tributaria entre todos los ciudadanos".
Más adelante, sobre la misma iniciativa, el legislador Leopoldo Moreau analizó que “al Congreso le cuesta discutir cómo fortalecer los ingresos del Estado, y sobre todo, cuando esto afecta los privilegios del lobby de sectores con gravitación en la economía, instituciones y política de la legislación tributaria del país”.
Por otra parte, Vanesa Siley, diputada del Frente de Todos y titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió a los incisos que buscan cobrar el impuesto a las ganancias de jueces y funcionarios del Poder Judicial. En comparación a la iniciativa similar que se intentó impulsar en 2017, la legisladora señaló que todos sus compañeros "hicieron referencia al problema de la inflación, de la distribución del ingreso, del 40 para el trabajo y el 60 capital que nos encontramos actualmente". En ese sentido, señaló que en este momento hay "trabajadores registrados que son pobres" y gremios como el suyo que "cuatro veces nos sentamos a negociar paritarias para alcanzar la inflación".
"Redistribución del ingreso es cuando le sacamos al capital y le transferimos al trabajo", sentenció e instó que "no hay que considerar, nunca más, que el salario es ganancias y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros". Y cerró reclamando: "No podemos tocarle el bolsillo a los trabajadores".
Por su parte, el diputado del oficialismo Roberto Mirabella indicó su respaldo al presupuesto, destacando las obras proyectadas para la provincia de Santa Fe. Sin embargo, expresó su rechazo al artículo 81 sobre los subsidios en el transporte urbano en el interior del país.
"Hay una asimetría muy grande entre Buenos Aires y el interior del país", protestó el santafesino, que señaló que "de enero a agosto, cada colectivo del interior recibió 230 mil pesos aproximadamente, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires recibieron cinco veces más"
Del lado de Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Luciano Laspina opinó que el presupuesto "se queda a mitad de camino: no prioriza el gasto y el ajuste recae fundamentalmente en tarifas, hay muy poco de ajuste en términos de reformas del gasto del Estado, recortando la educación, las universidades, las provincias”.
Sobre la exención impositiva para los trabajadores del sindicato de Camioneros, en el artículo 104, Laspina lo consideró “un sinsentido poner este privilegio en el medio de la crisis social, política y económica”. “Este Congreso no puede ser rehén de una corporación, mucho menos las que tienen comportamiento extorsivo y mafioso”, subrayó.
Luego, instó a construir “una nueva mayoría que nos saque de esta pesadilla del descontrol fiscal que nos ha llevado el kirchnerismo”, donde insistir con “las mismas recetas nos va llevar al fracaso”. Y, apelando a una frase del libro del ex presidente Mauricio Macri, concluyó: “O somos el cambio o no somos nada”.
El diputado del Pro Pablo Tonelli señaló que el cálculo de gastos y recursos tuvo "modificaciones no discutidas y conversadas" con lo que quedó "totalmente desnaturalizado". También criticó el artículo que establece el pago de Impuestos a las Ganancias por parte del Poder Judicial, señalando que son "anticonstitucionales y violatorios de la ley". Según sostuvo, esta "discusión" fue "saldada en 2017".
"No solo no vamos a acompañar el presupuesto en general, sino que vamos a votar en contra de estos artículos que son tan claramente ilegales", concluyó. Horas antes, el Pro había anunciado que se abstendría en la votación.
Ricardo López Murphy, diputado del interbloque Republicanos Unidos, afirmó que el "presupuesto tiene un marco macroeconómico altamente inadecuado", agregando que "el país está siguiendo una estrategia que es inviable; se ha atado al dólar que es una moneda que se revalúa a escala internacional y el tipo de cambio se ha venido atrasando”.
Por el lado del radicalismo, el diputado Miguel Bazze expresó que están "facilitando el tratamiento del presupuesto y lo hacemos que estamos convencidos que el país tiene que tener presupuesto". Según consideró, desde su bloque consideraron que no pueden "darle al Ejecutivo la discrecionalidad de administrar los recursos del estado, haciendo uso de ellos sin un presupuesto que los limite". A su vez, opinó que "el Gobierno desde el punto de vista de la economía ha fracasado".
El también legislador de la UCR, Lisandro Nieri afirmó que "lo mejor es que este gobierno tenga un presupuesto", por lo que informó que "no vamos a osbtruirlo". Y lanzó "Porque son más peligroso sin presupuesto y tienen la posibilidad de victimización".
En cuanto a la bancada de Evolución Radical, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, reconoció que "el gobierno tiene derecho a tener su herramienta principal de gestión", aunque aclaró: "Este presupuesto no me gusta".
También adelantó el rechazo al iniciso de los impuestos al Poder Judicial. "Nosotros no queremos sostener ningún privilegio", indicó el legisladora, y reclamó "discutir una reforma integral, que haga que no exista una ventaja para nadie, que todos paguen lo mismo y que el dinero se utilice para bajar impuestos". A su turno, su compañero de bancada Alejandro Cacace cuestionó el "la insistencia del Presidente con el tema retenciones", adelantando el voto en contra a ese punto.
Por su parte, adelantando el voto en contra, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro señaló que entienden el "contexto de responsabilidad fiscal y de ajuste de gastos", pero que "no se puede permitir que se realicen recortes en áreas sensibles como es la educación, como en la oferta de jardines de infantes, infraestructura y evaluación".
“Podrán tener nuestro voto para retomar una senda de crecimiento, producción y generación de empleo en Argentina, pero jamás lo tendrán para comprometer el futuro de niños y adolescentes en este contexto de catástrofe educativa”, lanzó.
Siguiendo por el arco opositor, el diputado de Identidad Bonaerense Alejandro Rodríguez anunció que acompañarán el presupuesto en general, pero rechazaron las facultades delegadas para establecer retenciones y al pago de impuestos a las ganancias para el Poder Judicial.
Su compañera de interbloque, Margarita Stolbizer se manifestó en contra la atribución al Ejecutivo para fijar las retenciones. "Si es necesario el año que viene, manden el proyecto al Congreso", señaló, indicando que esta facultad se debe establecer en un expediente aparte.
También adelantaron el voto positivo en general el diputado Luis Di Giacomo, del bloque Juntos Somos Rio Negro, y de Frente de la Concordia Misionero Diego Sartori, ambos parte del interbloque Provincias Unidas.
A su turno, el diputado de Avanza Libertad José Luís Espert cuestionó los fondos del estado que se destinan a la energía. En ese sentido, reclamó "cerrar ENARSA" y definió a Cammesa como "el pato de la boda de empresarios corruptos y provincias inviables". También cuestionó que se haya previsto un "60 por ciento de inflación" para el 2023, cuando sea "probablemente el doble" y acusó a la gestión de Alberto Fernández hizo "crecer" la deuda pública en "cien mil millones de dólares"
Por su parte, el diputado de la La Libertad Avanza Javier Milei anunció que desde su bloque expresan su rechazo "a este mamarracho nefasto", por "inconsistencias, por los problemas morales y técnicos y la montaña de barbaridades que dicen.
"El déficit fiscal es inmoral, porque hay que financiarlo. Es cargarle la fiesta de las generaciones presentes a las futuras", lanzó, a la vez que observó que que se espera un índice inflacionario "del 60%", cuando "el gasto público sube un 70". "La inflación vive acelerandose", protestó, afirmando que "eso tiene que ver con la monstruosidad de la emisión monetaria".
Por el lado del Frente de Izquierda y los Trabajadores, el legislador Nicolás Del Caño ratificó el voto negativo al presupuesto, al que definió "de ajuste" y cuyo objetivo es pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Según afirmó, el proyecto "no está pensado en función de la educación y la salud, donde el recorte acumulado para la salud pública es del 35%, en términos reales, entre 2021 y 2023”.
También rechazó la iniciativa para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. "Ningún trabajador debería pagar el impuesto a las ganancias", protestó. Su compañera de bancada, Romina Del Pla insistió en que "se separe a jueces y funcionarios de los empleados".
En forma previa a la sesión, se reunió la comisión la Comisión de Labor Parlamentaria -encabezada por Cecilia Moreau- donde se definió que habrá once horas de debate y luego, tras la votación general, comenzará la discusión en particular. El oficialismo ya tiene garantizada la aprobación del proyecto debido a que cuenta con 117 legisladores del FdT, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar dos de la bancada Ser, con lo que tiene asegurados más de 130 votos.
Sin embargo, el oficialismo no lograría los consensos para aprobar los incisos que establecen que el Poder Judicial pague Impuesto a las Ganancias y la atribución del Poder Ejecutivo para establecer el precio de las retenciones al agro. Según pudo saber El Destape, el rechazo al primer item rondaría los 130 votos.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones. Entre las distintas fuerzas políticas, el debate estuvo también centrado en la pauta de inflación del 60% proyectada por el oficialismo para 2023, así como sobre los subsidios al transporte a las provincias, la facultad para aumentar las retenciones y los recursos destinados a gastos sociales y educación.
Respecto al artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias de la que gozan los miembros del Poder Judicial, se estima que la cifra ronda un monto total estimado en alrededor de $ 237.000 millones.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran desde ese momento en adelante al Poder Judicial comenzaran a tributar Ganancias. Sin embargo, como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.
Ayer se realizó una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda con la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que explicitaron su rechazo al artículo incluido por el Frente de Todos en el dictamen de mayoría.
La sesión puede seguirse en vivo en:
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Con información de Télam
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