Los magistrados salieron a responder a la inclusión de un artículo en el Presupuesto 2023 y dicen que es un "avasallamiento" que paguen Ganancias. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia se reunió este mediodía de urgencia por este tema.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitieron un comunicado en el que dijeron que son “conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento” y anunciaron que están “en contacto” con “todos los espacios con un objetivo común”. En un duro comunicado que lleva las firmas del presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Marcelo Peluzzi, en representación de los jueces, afirmaron que “el salario no es ganancia ni un privilegio”.
Se suma este avance a que los sindicatos judiciales anunciaron un paro nacional para el martes 25 de octubre en rechazo a una reforma propuesta por el oficialismo para que todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias. "No hay épica en esta medida", afirma el comunicado firmado por FE-SITRAJU, SITRAJU CABA (Vanesa Siley), SITRAJU, S.E.J.Ch., Asociación Judicial de la Provincia de Jujuy (AJPJ) y Judiciales de Santa Fe. Se unieron todos los sindicatos del Poder Judicial.
La postura surge a partir de la incorporación en el dictamen del Presupuesto 2023 para gravar del impuesto las ganancias para los Poderes Judiciales de todo el país. El texto afirma que además del 4% de la planta, que son jueces, también lo pagarán un 96%, que son trabajadores judiciales. Asimismo, continúa el escrito: "Si pretendemos rever la tendencia negativa del reparto del ingreso total en nuestro país, esto es el camino contrario, no estamos realizando una transferencia de ingresos del sector del capital hacia el sector del trabajo".
Por su parte, según publicó La Nación, la Corte Suprema de Justicia se reunió este mediodía. "Entre los ministros prima la idea de que se trata de un ataque más contra la Justicia de parte del Gobierno, que pretende deslegitimar al Poder Judicial en vísperas del dictado de importantes veredictos, como el del juicio contra Cristina Kirchner, y generar un éxodo de jueces con sus renuncias para cubrir las vacantes con magistrados afines", dijeron fuentes judiciales a ese diario.
No se descarta que la semana próxima pueda haber una declaración de la Corte, dijeron las fuentes judiciales al tanto del ánimo que reina en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde tienen sus despachos los cuatro ministros. Señalaron que los jueces lo interpretan como un “ataque más” al Poder Judicial de parte de este gobierno y que lo comparan con la reforma de la ley de jubilaciones y el aumento del aporte de los jueces al 18 por ciento.
Esa ley generó una ola de renuncias de jueces, que prefirieron irse en ese momento y no jubilarse con la ley nueva. Algunos jueces críticos del Gobierno sostienen que lo que se pretende con este cambio es generar un éxodo de magistrados para ocupar esos espacios con gente afín. De hecho, destacan, en las últimas elecciones del Consejo de la Magistratura la lista de jueces que mas creció es la Celeste, con mayor afinidad con el Gobierno.
"Esta iniciativa es leída en los tribunales como una embestida más, que se suma la reforma judicial de la “Comisión Beraldi”, la media sanción en el Senado del proyecto para ampliar la Corte, la media sanción en el Senado a la ley del Consejo de la Magistratura y los planteos de reforma del Ministerio Publico", publica La Nación.
Asimismo y en esa línea, la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) que preside Jorge Morán y orienta el juez federal Ariel Lijo, de Comodoro Py 2002, señaló que el proyecto para incluir en el presupuesto que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias le genera “rechazo y preocupación” porque “avanza sobre los salarios de las juezas y jueces de todo el país, por encontrarse en oposición a la Constitución Nacional y a los instrumentos diseñados para asegurar la independencia judicial”.
El diputado Marcelo Casaretto, propulsor del proyecto, sostuvo ayer que “quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”, dijo.
En diálogo con El Destape Radio, el diputado Itai Hagman expresó: "Logramos meter un artículo en el dictamen del presupuesto que busca anular la eximición que tienen los jueces de pagar impuestos a las ganancias, algo que representa un privilegio asqueroso". Sobre el pago de ganancias de jueces, explicó: "Esto no es retroactivo, lo que estamos diciendo es que a partir de ahora, cuando se sancione la ley, se ponen en pie de igualdad con el resto de los funcionarios del Poder Judicial y de la sociedad. No hay ningún argumento formal, jurídico, lo que hay es el interés material, egoísta de personas que se creen que están por encima del resto de la sociedad. Va a haber que dar una pelea para que todo eso llegue. Aún pagando impuesto a las ganancias van a seguir teniendo muy buenos sueldos”.
Ahora, tanto jueces como trabajadores judiciales están en pie de guerra. "Jamás vamos a conseguir el objetivo de que 'ningún trabajador y trabajadora pague impuesto las ganancias' ampliando la cuarta categoría, muy por el contrario, de esa manera se confirma la naturaleza distorsiva de este tributo", respondieron desde los gremios.
"Recordemos que fue Mauricio Macri el 30 de octubre del 2017 en a presentación del ajuste con las tres reformas del Estado, quién vociferó como una aberración que un trabajador judicial que sirve el café gane un buen sueldo. Recordamos que fue Cambiemos, en representación de un neoliberalismo anti Estado, quien impulsó en el 2016 y 2018 que se abone este tributo (después incluso de haber prometido en campaña que ningún trabajador iba a pagar ganancias)", siguió el comunicado. Y agregó: "Son ellos quienes necesitan un Poder Judicial de rodillas, para poder dominarlo y ejercerla persecución del lawfare. Las instituciones públicas degradadas son el lugar predilecto del poder fáctico y económico de nuestro país". Por último, concluyó de forma contundente: "Diputados y Diputadas de lo Nación, escuchen a quiénes trabajan, la hora demanda coraje en medidas redistributivas, sean dignos representantes de los intereses populares".
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