En Ciudad preocupa la fuga de presos y le piden a Bullrich que acelere el traslado de detenidos

Ciudad y Nación avanzan en un acuerdo por el traspaso del Servicio Penitenciario, pero en la sede de gobierno porteña le apuntan a la ministra por incumplir el cupo de traslados de detenidos que ordenó la Justicia. Los 2.440 presos que saturan las comisarías y alcaidías le cuestan a los porteños más de 187 millones diarios. El clima electoral se mete en la discusión.

21 de febrero, 2025 | 18.20
En Ciudad preocupa la fuga de presos y le piden a Bullrich que acelere el traslado de detenidos En Ciudad preocupa la fuga de presos y le piden a Bullrich que acelere el traslado de detenidos

En la Ciudad de Buenos Aires celebran la aprobación de la ley de reiterancia y reincidencia en delitos, pero también están en alerta por lo que ello implica. En el marco de fuga de presos que están alojados en comisarías y alcaidías, la sanción a nivel nacional (se suma a la que ya existía a nivel local) de una herramienta que endurece el criterio de detención del delincuente se traducirá en más cantidad de alojados en establecimientos que no están preparados para tal fin. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzan en un entendimiento para trasladar a cárceles a alrededor de 400 condenados, pero la dilación por criterio político en un clima electoral genera malestar en la sede de Uspallata. “Patricia se los tiene que llevar a todos”, exigen.

Ya en la última campaña y en su primer año de gestión, Macri hizo mucho hincapié en acelerar el proceso de la autonomía de Buenos Aires por lo que puso mayor énfasis en reclamar los traspasos del puerto, la Inspección General de Justicia, el registro de propiedad inmueble, los colectivos, la justicia nacional ordinaria y el Servicio Penitenciario. Si bien se avanzó en algunos puntos -colectivos y justicia nacional-, otros están paralizados o avanzan a un ritmo muy pausado.

Este último es el caso del servicio penitenciario. Si bien en diciembre firmaron un acta acuerdo y hay un entendimiento macro en los términos del mismo, en la Ciudad reclaman ante la falta de resultados del mismo y cuestionan la reducción discrecional por parte de la ministra del cupo de traslados semanales que determinó la Justicia.

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Las últimas fugas provocaron cortocircuitos entre Bullrich y la gestión de Jorge Macri, pero también entre la ministra y el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por la inconclusa construcción de la cárcel de Marcos Paz. “Los presos se le fugaron a Patricia. (Waldo) Wolff tiene la obligación de detener, no de cuidar delincuentes”, aseguraron en Uspallata.

En noviembre pasado, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, a cargo de María Mercedes Maiorano, dictó una resolución a partir de un hábeas corpus en el que volvió a exigir lo expresado en otra oportunidad acerca de que se cumpla “en forma inmediata” el traslado de detenidos condenados y para ello estableció un cupo semanal de entre 130 y 140 traslados.

Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) decidió avanzar con 90 traslados en un principio y desde hace cinco semanas, pasó a 60. De todas maneras, desde Ciudad confiaron a este medio que esta semana ni siquiera llegó a ese número y mencionaron que se debe a “triquiñuelas” de la ministra por los requisitos que pone. “Se los tiene que llevar a todos, pero te pide que tengan nariz de águila calva o tatuajes en el brazo derecho”, ironizaron.

En Ciudad le apuntan directamente a Bullrich y acusan que se trata de una decisión política. “La Libertad Avanza quiere venir por Buenos Aires”, soltaron en Uspallata. La ministra está alineada a Casa Rosada y hace poco ordenó partir el bloque del oficialismo porteño para que inflar la bancada libertaria que responde a Karina Milei.

Desde el entorno de la ministra no respondieron a este medio a las chicanas y apuntaron a Ciudad por la demora en la construcción de la cárcel de Marcos Paz. “Deberían terminar el complejo penitenciario y no tendríamos ningún problema”, cuestionaron.

Detenidos en CABA: cuántos son y cuánto cuesta mantenerlos

Como responsable del salto de detenidos, en Ciudad señalan a la ex interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, quien con motivo de la pandemia del Covid-19 paralizó los traslados; actualmente, la situación no cambió. De 2022 para acá, creció más del 87% el número de detenidos: pasó de 962 a 2.440 la cifra de alojados en comisarías y alcaidías porteñas.

De ese total, 2.287 deben ser llevados por el Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, 387 tienen alguna condena y de ese universo, dos son a perpetua. En cuanto a costos, el gasto promedio diario que la Ciudad destina para mantener un detenido es de 83.576 pesos. Es decir, por día, a la Ciudad le cuesta 187.210.240 pesos mantener a los presos. Así, en 2024 el gasto total en la gestión de detenidos fue de 70.161 millones de pesos.

Las comisarías y alcaidías son sitios en donde un detenido no debería estar más de 48 horas y llega a estar años. En estos momentos, 139 llevan detenidos en estos lugares entre uno y dos años, mientras que 23 están allí desde hace más de dos años. Además de que el personal no está capacitado para custodiar personas que deberían estar en cárceles, tal es la sobrepoblación que el año pasado debieron reacondicionar edificios y construir contenedores para alojarlos. 

Las fugas de presos en Caballito y Balvanera de los últimos días, que se suma a la de Liniers de diciembre, más las revueltas en Núñez y Barracas .donde se llevó adelante un "protocolo de actuación" luego de que un preso sufriera un ataque de alteración-, exponen la crítica situación de estos establecimientos. Además, obligan al ministro Waldo Wolff, uno de los nombres que suena como candidatos este año, a tener que dar explicaciones en la Legislatura el miércoles próximo. 

“Queremos tener un servicio penitenciario propio para los detenidos por delitos ordinarios”, repiten en la sede de Uspallata sin parar. Para ello, el Ministerio de Justicia a cargo de Gabino Tapia ya tiene preparada la estructura legal para hacerse cargo del mismo. Tiene planeado crear la Subsecretaría de Asuntos de Política Criminal y Penitenciarios que tendrá al frente a Leandro Halperín, un abogado de la UCR especializado en políticas penitenciarias y prevención del delito. Un dato no menor es que está ligado a Martín Lousteau por lo que su llegada al gobierno porteño es leída como un acercamiento con un socio con el que hubo fuertes cruces en la última campaña.

Aunque resta una ley propia de servicio penitenciario, en Uspallata aseguran que lo anterior sumado al reinicio de las obras en la cárcel de Marcos Paz para trasladar los presos de Devoto y descomprimir comisarías y alcaidías más anuncios de obras en las mismas dan muestra del interés por recibir esa competencia.

Transferencia del Servicio Penitenciario: los términos del acuerdo

Según pudo conocer El Destape, hay un entendimiento en términos generales sobre el traspaso del servicio penitenciario. En Ciudad esperan, además de recibir Devoto, que se trasladen las alcaidías cercanas a los tribunales de Talcahuano, un el penal de Mujeres en Ezeiza y un predio de 20 hectáreas en ese municipio bonaerense además de unos 2.200 agentes penitenciarios. Y mientras se lleva a cabo el traspaso, como paliativo, llevar adelante el traslado semanal de 90 presos.

Este proceso se llevaría a cabo en seis etapas y desde ambas partes confían en que se cerrará el acuerdo. “Estamos terminando de afinar los detalles, vamos a llegar a buen puerto”, confiaron desde el Ministerio de Seguridad de Nación a este portal.

Está claro que el tema seguridad es vital para el PRO, que hizo del mismo una bandera en sus más de 16 años de gestión en la Ciudad. Más aún, Jorge Macri y Patricia Bullrich asumieron sendas responsabilidades con la promesa de “restaurar el orden”. Si la dilación del acuerdo sigue y las fugas no se detienen, al calor del clima electoral, serán las urnas las que definirán a quién le echan la culpa de esta situación los porteños y las porteñas.