Monotributistas y trabajadores autónomos: qué pasa en el Congreso con las licencias por paternidad

La Ley de Cuidados y sus bifurcaciones reavivó el debate en un Congreso que estaba más dormido que despierto. Desde la semana pasada, los diputados debaten en las comisiones de Trabajo y Mujeres y Diversidad el primer capítulo: licencias parentales. La idea del oficialismo, que propuso e impulsó la discusión en la cámara Baja, es avanzar en principio sobre las trabajadoras registradas para luego adentrarse en el mercado informal de trabajo. En los últimos días, las organizaciones que reclaman el tratamiento en el recinto de la iniciativa pidieron que no se deje de lado a los monotributistas, un punto que consideran los diputados del Frente de Todos desde el primer momento y que está incluido también en el proyecto del Sistema Nacional de Cuidados del Poder Ejecutivo. Desde Juntos por el Cambio, por otro lado, aprovecharon las voces de las organizaciones para volver a instalar su reclamo por una "modernización" o reforma laboral. 

Las organizaciones que se nuclean en el colectivo Infancia en Deuda presentaron ayer un comunicado en el que solicitaron que se debatan los proyectos de ley sobre licencias "para todas las trabajadoras y todos los trabajadores de nuestro país, independientemente de su condición laboral". Al citar los principios de igualdad y no discriminación, reclamaron que "se establezcan pisos mínimos de acceso a la licencia para quienes trabajan en la informalidad, por cuenta propia y para autónomas/os". Y agregaron: "Una reforma integral del esquema de licencias laborales es fundamental para garantizar los derechos de niñas y niños de recibir cuidados de todas aquellas personas que ejercen la responsabilidad parental, contribuye a la reducción de las brechas de género". 

Los diputados de Juntos por el Cambio no tardaron en hacerse eco, con interpretaciones más alineadas hacia una reforma laboral. Por caso, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristián Ritondo, reaccionó en Twitter sobre la discusión que se está dando en el Congreso. "En este contexto donde la mitad de los trabajadores son informales, crear regulaciones en este mundo irreal, lejos de crear mayores derechos lo que hace verdaderamente es expulsar más trabajadores del mundo formal. Necesitamos modernizar toda la legislación laboral", remarcó.

Durante la primera reunión de debate de las comisiones, el bloque ya había dejado pistas sobre cuál sería su postura al respecto y más de una vez se mencionó la supuesta necesidad de "adaptar las leyes a la tecnología y a los tiempos que corren". Desde la bancada del PRO indicaron que el tema requiere una solución al problema de fondo, que entienden como una reforma laboral integral. "Una legislación como esta abarca a poco porcentaje de la población laboralmente activa, porque en la mayoría es trabajador informal", sostuvieron. 

En el oficialismo no cayeron bien estas palabras. "El tuit deja una vez más a la vista esa definición que tienen de precarizar la situación laboral de trabajadores y trabajadoras. Ellos permanentemente planteando sus objetivos de desarmas organizaciones y los derechos laborales que son una marca en la Argentina. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros", reflexionó con este medio la diputada Mónica Macha. 

Fuentes de Casa Rosada que impulsan el proyecto de cuidados en su totalidad y de licencias en particular, destacaron que la iniciativa tiene que ver con "ampliar derechos". "Se trata de reconocer que el cuidado también es un derecho de trabajadorxs monotributistas y sus familias", enfatizaron. 

Al respecto, Juan Camisassa, Coordinador de Protección Social de CIPPEC e integrante de Infancia en Deuda resaltó a El Destape: "El proyecto nos parece súper valioso porque visibiliza la problemática de licencia y la crisis de cuidados que estamos viviendo; pero si solo tratamos la Ley de Contrato de Trabajo estamos dejando afuera a muchas personas que están en una situación de desventaja". Según Camisassa se está arrancando "por algo muy pequeño", a pesar de que el proyecto "era amplio y tenía muchas aristas importantes". "Hay que modificar bastantes normativas y es un desafío institucional importante que requiere el empuje que está teniendo a nivel de la asociación civil y de la política", remarcó. En este punto, se refirió a los cambios que se deberían hacer al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, la Ley 24241 para autónomos y todo el pilar no contributivo. 

Al comienzo de la discusión, Mónica Macha y Vanesa Siley, quienes presiden las comisiones, dejaron en claro que su intención no es dejar de lado a los trabajadores informales, aunque entienden que para poder avanzar en el tema es necesario circunscribirlo a determinados universos porque son varias ya de por sí las afectaciones a la legislación vigente que habría en caso de que prosperara la iniciativa que tiene que ver con el mercado de trabajo formal. "No es lo mismo el trabajo registrado que monotributistas y autónomos. Algunas implican la creación de una legislación. Por ejemplo, en el caso de las cocineras comunitarias. Entonces, tanto sea para arribar a consensos como para modificar legislación vigente, es una discusión que debe ir fragmentada", remarcó a El Destape Siley.

En ese sentido, Macha sumó: "Las licencias están especialmente dirigidas a aquellas compañeras y compañeros que están dentro del trabajo formal. Todo lo que queda trabajar desde el sistema de cuidados implica a las trabajadoras comunitarias, a las a las cuidadoras domiciliarias y demás personas que están en la informalidad. En este caso, es importante porque a la vez que reconocemos ese trabajo, que pensamos en una en un modo de formalizar y de registrar, ahí también estamos construyendo el trabajo en vías de formalización, estamos dándole también un carácter político social y económico estas tareas y estamos contribuyendo al cambio cultural, que significa la corresponsabilidad de cuidados".

Cómo es el proyecto

El proyecto del Poder Ejecutivo aumenta la licencia de 90 a 126 días para las madres de manera inmediata; y para los padres se parte de 15 días. Pero también están en debate otras licencias especiales: por adopción, violencia de género, para personas con discapacidad, por nacimiento de hijo pretérmino y de alto riesgo, entre otros. Son en total 52 las iniciativas que se están discutiendo, a la espera de consensuar un borrador. 

Julieta Izcurdia, coordinadora de Justicia Fiscal de ACIJ indicó por su parte que las medidas "son indispensables" para pensar en una recuperación económica con igualdad de género. "Sin cuidados no hay reproducción social y sin garantizar la articulación de políticas, servicios y prestaciones que aseguren la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado, no puede existir el sistema productivo ni la sociedad".

En esa línea, Izcurdia agregó: "El sector tiene un potencial de generación de empleos de calidad a través de la construcción, atención y mantenimiento de espacios de cuidado. Liberaría tiempo de las personas cuidadoras para que, entre otras cosas, puedan insertarse en el mercado de empleo con mayor intensidad y con mejores condiciones. Estas acciones reducirían el desempleo y pueden generar un impulso en el consumo y el crecimiento, generando un círculo virtuoso en la recaudación".

De prosperar, se modificaría la LCT, la Ley de Asignaciones Familiares, la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; habría cambios a la Ley de Obras Sociales; y a la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, entre otros ítems.

En lo que respecta al trabajo formal, el proyecto oficialista también contempla: el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, a través de la creación de una asignación que implique el pago mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil para personas gestantes, personas no gestantes y por adopción. También contempla la creación del registro nacional de trabajadoras y trabajadoras del cuidado remunerado. Aunque sobre este se avanzará más adelante.