A través de dos comunicados la CGT y el PJ condenaron el accionar de los efectivos policiales que e hicieron presentes en la Quinta de Olivos armados y con móviles policiales para exigirle al Gobierno nacional una respuesta a su reclamo por un aumento salarial, que será anunciado en las próximas horas.
Bajo el título “Condenamos el exceso del legítimo reclamo”, la central obrera advirtió que “la legítima defensa de los derechos laborales de los policías de la provincia de Buenos Aires se transformó con el paso de las horas en una amenaza real al normal funcionamiento del Estado” y subrayó que “todas las acciones posteriores constituyen un exceso que atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones”.
“Reclamamos finalmente que la policía de la provincia de Buenos Aires respete el orden jerárquico y se subordine a los mandos institucionales. La desigualdad social, la pandemia y la difícil situación económica, no pueden justificar la insubordinación de la fuerza policial”, sentenció la CGT.
Comunicado del Partido Justicialista
Desde el consejo del PJ nacional se sumaron al repudio por el levantamiento de los efectivos policiales bonaerense y expresó “su más firme apoyo a las autoridades institucionales de dicha provincia, en consonancia con la histórica vocación democrática que posee el campo nacional y popular de la Argentina, y en especial nuestro Partido”.
Además, repudiaron “la manipulación política de la protesta de un sector de la Policía Bonaerense, que están realizando quienes fueron gobierno durante 4 años y generaron la pérdida de poder adquisitivo y empeoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores argentinos, tanto del sector público como privado”.
“Las consignas de diálogo, institucionalidad y república están vacías de contenido cuando son acompañadas por actitudes desestabilizantes para el sistema institucional y democrático”, dispararon en el documento y advirtieron que “resulta aún más grave cuando se opera en ese sentido en temas delicados como la seguridad o la sanidad en el marco de una pandemia, lo cual evidencia a la vez una enorme irresponsabilidad ciudadana, una mezquindad y egoísmo político y humano que degrada a quienes así actúan”.
“La legitimidad que pueda tener un reclamo nunca legitima cualquier método para exponerlo. En el marco de la democracia y el Estado de Derecho el fin no justifica los medios, máxime cuando los medios empleados puedan poner en riesgo la salud, la seguridad y la vida de la población”, sentenciaron.
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