Los trabajadores judiciales paralizarán las tareas en todo el país desde el jueves, esta vez durante 36 horas, en demanda del inmediato pago del segundo tramo del incremento salarial convenido con la Corte Suprema de Justicia (CSJN), en una jornada que incluirá una movilización hacia el Palacio de Tribunales. La presión del sindicato, sin embargo, no es tanto contra la Corte Suprema, sino contra el Gobierno, quien hace nueve días se negó a ampliar las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial.
Un documento de prensa informó que a partir de las 10 de mañana del jueves los trabajadores se movilizarán hacia los tribunales como parte de una nueva huelga por "la justicia y la recomposición salarial", por lo que cortarán las calles Talcahuano y Lavalle. "Los judiciales hacen Patria, defienden la independencia de la justicia y luchan por la dignidad salarial", sostuvo el titular de la organización gremial, Julio Piumato, quien indicó que la medida se extenderá durante toda la jornada del viernes próximo. El Gobierno, en cambio, había propuesto que la Corte utilice sus ahorros: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazos fijos al 30 de abril del 2023 por $151.711 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos”, aseguró el jefe de gabinete y precandidato presidencial, Agustín Rossi.
Los dirigentes del sindicato de Piumato ignoraron esa propuesta y, en cambio, cuestionaron la decisión oficial de "no modificar las partidas presupuestarias para producir el inmediato aumento". Señalaron que el gremio "no permitirá que la inflación venza" y aseveraron que "la demora para pagar el aumento corroe a diario los ingresos". "Es llamativo y sorprendente que el Gobierno desconozca o ignore dos elementos básicos como son la independencia de los poderes del Estado y que los trabajadores son una pieza fundamental en el desarrollo del país, por lo que se impone reivindicar sus derechos y mejorar sus condiciones laborales y salariales", afirmaron en un documento de prensa.
También aseveraron que "en un país con una inflación superior al 100% es una prioridad defender los salarios de los trabajadores" y reclamaron que "se adopten medidas urgentes que frenen la inflación que castiga el poder adquisitivo". En ese sentido, exigieron: "Que se ponga el foco en quienes viven de la timba financiera y fugan fenomenales divisas al exterior".
El martes 23 de mayo los judiciales hicieron un "banderazo" desde las 10 de la mañana en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA), que reiteraron esta semana junto con "una vigilia en los tribunales". Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, sostuvo que "los salarios de los judiciales no son respetados, por lo que los trabajadores continuarán la lucha". Además, rechazó "la decisión del Gobierno nacional de no aceptar el cambio de las partidas presupuestarias para recomponer los ingresos".
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Con información de Télam
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