Amado Boudou no podrá ser querellante en la causa donde se investiga como el gobierno de Mauricio Macri le pagó más de 4,5 millones de pesos -incluido un hotel boutique - a Alejandro Vandenbroele, el testigo clave para meterlo preso en el caso Ciccone. La decisión la tomaron los camaristas Mariano Llorens, que visitaba a Macri en Olivos, y Leopoldo Bruglia, designado a dedo por Macri. Buscan proteger al propio Vandenbroele junto con el ex ministro de Justicia Germán Garavano y el ex director del Programa de Protección de Testigos Francisco Lagos, que fueron los que ejecutaron los pagos a Vandenbroele justo cuando tenía que declarar contra Boudou.
La causa actualmente está en manos el juez Julián Ercolini que, tal como informó El Destape, realizó una serie de maniobras para dilatarlo y no solo no le dio curso al pedido de indagatorias para los acusados que formuló la fiscala Paloma Ochoa sino que la desplazó de la investigación. Ahora el caso se quedará sin querellantes, ya que además de Boudou fueron apartados de ese rol José María Núñez Carmona y Rafael Resnick Brenner. Sin querellas el caso no tendrá impulso, además de que el juez Ercolini corrió también a la fiscala Ochoa. Impunidad a la vista.
Boudou pidió ser querellante en esta causa apenas comenzó, luego de que El Destape revelara que el macrismo le puso un hotel boutique a Vandenbroele. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, que subrogaba el juzgado del fallecido Claudio Bonadio donde cayó esta causa, aceptó al propio Boudou, a Nuñez Carmona y a Resnick Brener como querellantes y delegó la investigación en manos de la fiscala Ochoa. La fiscala pidió las indagatorias de Vandenbroele, Garavano y Lagos, pero Martínez De Giorgi fue reemplazado por Ercolini y éste frenó todo. No sólo no hizo las indagatorias sino que corrió a la fiscala Ochoa de la pesquisa. Ahora los camaristas Llorens y Bruglia apartan a los querellantes. Todo servido.
El camarista Llorens, que ahora apartó a Boudou como querellante, no se excusó de intervenir en este caso pese a que visitó a Macri en Olivos (tal como reveló El Destape) y que tiene una amistad con Santiago Otamendi, viceministro de Justicia en la gestión Garavano. El propio Ercolini tampoco se corre del caso pese a que su esposa, Julia Kenny, trabajaba con Garavano, uno de los imputados. Ahora Kenny trabaja en el área de Comunicación del Ministerio Público Fiscal, bajo las órdenes del procurador interino Eduardo Casal
La excusa para apartar a los querellantes es que la investigación ya dejó de indagar acerca de si los pagos a Vandenbroele fueron para perjudicar a Boudou sino que se centra en si se le otorgó dinero de más y en un espacio temporal que excediera lo que marca la ley.
¿Cuál sería la razón de darle tantos privilegios a Vandenbroele si no fuera que su testimonio era fundamental para lograr una condena contra Boudou? Esto no es materia opinable, lo dejaron por escrito los propios jueces que lo condenaron. Entre ellos estaba Pablo Bertuzzi, que así como Vandenbroele recibió 4,5 millones a él le dieron un cargo en la Cámara Federal de Comodoro Py. Aún lo conserva, así como Vandenbroele conserva su hotel. Tuvo al menos el decoro de no intervenir en este expediente.
Hay que recordar que, entre muchas irregularidades, la fiscala Ochoa destacó que:
- Mantuvieron a Vandenbroele 2 años y 3 meses en el Programa de Protección de Testigos cuando la ley permitía 6 meses
- Le dieron grandes sumas de dinero, incluidos los fondos para el hotel boutique, luego de que se cumplieran los 6 meses que prevé la ley.
- Gastaron en Vandenbroele $4.478.559, suma récord entre los testigos protegidos.
- No lo excluyeron del programa pese a reiterados incumplimientos como una reunión secreta y manejar ebrio con su hija.
Para Ochoa los ex funcionarios Garavano y Lagos “destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”. La fiscala dio por acreditado que “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado (Vandenbroele) asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa” y “destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”. Lo encuadró dentro del delito de administracioń infiel en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, que tienen penas de 2 a 6 años de prisión.
El juez Ercolini, sin embargo, paró todo. No pidió las indagatorias, desplazó a la fiscala Ochoa de la investigación e hizo un pedido de información al ministerio de Justicia cuyo único objetivo es demorar el expediente. Son una serie de medidas que son redundantes con lo que ya investigó la fiscala. Le pidió al Ministerio de Justicia que informe:
- Si se hicieron auditorías internas sobre el Programa de Protección de Testigos
- Cuantas personas fueron incorporadas al Programa desde su creación, si tuvieron asistencia económica y por cuanto tiempo
- Cuantas personas fueron relocalizadas y reinsertadas laboralmente, obviamente sin dar datos que permitan identificarlas
El juez Ercolini pidió además todas (todas) las resoluciones de todos (todos) los ministros de Justicia vinculadas al Programa de Protección de Testigos. También le pidió al Congreso que le envie los antecedentes parlamentarios de la sanción de las leyes de Protección de Testigos. O tiene ganas de leer o busca ganar tiempo, y por sus antecedentes todo indica que es la segunda opción. Ahora ni siquiera tendrá que molestarse en contestar a las querellas.
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