El desembarco de Alberto en Comodoro Py

Cuando Alberto Fernández firme el decreto que designe a Roberto Boico como camarista federal será su desembarco efectivo en Comodoro Py, una de las ciénagas donde se tejieron (y tejen) los hilos de la persecución judicial. Será el primer juez federal que nombre este Gobierno allí, que por sí sólo no podrá frenar la inercia del lawfare pero al que podrán sumarse pronto otros dos camaristas y tres jueces de primera instancia si los concursos avanzan con la celeridad pero también con la transparencia que espera el oficialismo.

Pueden incluso abrirse más vacantes de magistrados que resuelvan activar sus jubilaciones pre tramitadas tal como los intimó la ANSES o los que terminen eyectados por los escándalos que se conocieron en las últimas semanas, en especial en la Cámara de Casación donde su presidente Gustavo Hornos fue pescado in fraganti en varias reuniones con Mauricio Macri justo cuando le tocaba intervenir en causas vincualdas a CFK. También será importante el devenir del concurso para Fiscal General de Comodoro Py, por el que pasan todas las causas y cuyo pulso depende del procurador interino Eduardo Casal, que sigue bajo la órbita macrista.

No es que un recambio de nombres garantice que vuelvan a regir la Constitución y el Código Penal en esos pasillos donde muchos expedientes se resuelven con el Clarín arriba de la mesa y el calendario electoral de fondo de pantalla. De hecho una parte importante de los jueces del lawfare llegaron a Comodoro Py durante los gobiernos kirchneristas, como Ariel Lijo y Julián Ercolini. Otros, como Claudio Bonadio, fueron beneficiados por frenos a las denuncias en su contra, algo que deberá explicar alguna vez el ex senador Miguel Ángel Pichetto.

Pero también es cierto que una depuración de Comodoro Py es necesaria, que el Gobierno lo sabe, que apunta a que el mecanismo de renovación de los tribunales sea a través de los concursos y sin intervención de la vieja SIDE. Tan acostumbrados estaban los espías y sus vocerías mediáticas a esto que tergiversaron las palabras de la Secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra cuando dijo exactamente eso, que no hay más carpetazos. Y no solo dijo: se trata de un Gobierno que viene demorado en el plano de las reformas judiciales pero que tomó la decisión de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y prohibir que los espías participen de expedientes judiciales.

Con este primer desembarco en Comodoro Py el desafío girará en torno a como comunicar lo que CFK dejó en claro en su presentación en una de las tantas causas que le armaron: que el lawfare determina la vida de todos, no sólo de los que se sientan en el banquillo o aparecen en las tapas de los diarios.

No es un desafío fácil. De hecho en el caso de Boico la prensa del lawfare se ocupó de instalar que se trata de un ex abogado de CFK y que el objetivo de su nombramiento es la impunidad de la ex presidenta. Obviaron decir que todos los casos que involucran a CFK ya pasaron por esa instancia y, en caso de que deba intervenir Boico se excusará. No le reclaman lo mismo al presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, que acumula un sinnúmero de intervenciones en casos de sus ex clientes. Entre ellos Macri.

La Sala II

Boico quedó segundo en el concurso para el cargo, luego de Diego Amarante y por delante del juez Alejo Ramos Padilla, a quien Alberto ya designó en el juzgado Federal N 1 de La Plata. Se sumará a la Sala II de la Cámara Federal, donde reina el juez Martin Doctrina Irurzun y a la que hace poco volvió Eduardo Farah, uno de los eyectados de Comodoro Py en la era Macri.

De Irurzun se sabe su rol, tanto como autor de la doctrina para encarcelar ex funcionarios kirchneristas como de paraguas para todas las tropelías que llevaron a cabo gracias a su rol como Presidente de la Cámara Federal. También tiene en su prontuario ser la cabeza de la oficina de escuchas que se dedicó a espiar y filtrar conversaciones a medios de comunicación, cargo en el que fue puesto a dedo ya que nunca hubo pruebas del sorteo por el cual se lo designó. Irurzun está entre los jueces que ya tienen tramitada la jubilación y fueron notificados por ANSES para que definan si la activan o retiran los papeles.

En el caso de Farah hay sectores que confían en que el destrato que sufrió por parte del macrismo por su voto en el fallo que liberó a los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa hará que su retorno a Comodoro Py diste de sus antiguas actuaciones. Pero tampoco olvidan que su currículum es más que viscoso y mantiene relaciones estrechas con las distintas escuderías de la vieja SIDE. Su padrino judicial es Javier Fernández, cuyo humilde lugar en la Auditoría General de la Nación es inversamente proporcional a su fuerte predicamento histórico en los despachos judiciales.

Concursos

En el Consejo de la Magistratura confían en que podrán reducir los tiempos de los concursos para que se resuelvan en un tiempo cercano a los 6 meses. Y que la salida de José Elorza, que durante años tejió y manejó la comisión de Selección, es auspiciosa para este objetivo.

En los concursos hay dos planos. Uno las distintas instancias de inscripción, examen, recusación, quejas, etcétera que pueden generar algunas demoras. Pero la cuestión está en la confección de las ternas en el plenario del Consejo, donde se necesitan dos tercios de sus miembros y es un número que el oficialismo debe construir. Implica negociaciones y si bien la decisión final sobre el elegido dentro de los ternados es del Presidente suele haber acuerdos. Sino la terna no se vota y el Preisdente no tiene por qué optar.

Dentro de los concursos más importantes en marcha está el de los lugares que ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Sala I de la Cámara Federal. Fueron puestos a dedo por Macri y mantenidos allí por la Corte Suprema hasta que culmine el concurso, en el que Bruglia no se atrevió a participar. Bertuzzi tuvo el reflejo de inscribirse, pero nadie confía mucho en que le vaya bien. Ya se realizó el primer examen escrito y en el oficialismo esperan que todo el proceso concluya antes de fin de año. Quienes asuman compartirán Sala con Mariano Llorens, también designado por Macri pero luego de un concurso que demoró 10 años.

De los 12 juzgados de primera instancia de Comodoro Py hoy hay 3 vacantes. Son los despachos que dejaron Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres, el primero por su fallecimiento, el segundo por su jubilación y el tercero al mudarse a la Suprema Corte bonaerense. Los 3 cargos se están concursando.

El concurso más avanzado es el que determinará el reemplazo de Torres. Ya hay un orden de mérito provisorio y podría concluir en pocas semanas. Sin embargo en el oficialismo evalúan que para conseguir el acompañamiento de algún consejero por fuera de sus filas es probable que deban esperar el avance del concurso donde se tratan los otros dos cargos a la vez y que la negociación sea por el conjunto de vacantes en la primera línea de Comodoro Py.

El concurso 450 es para los juzgados 6 y 11 de Comodoro Py, que ocupaban Canicoba Corral y Bonadio respectivamente. En estos días hubo revuelo en torno a la aparición del panelista de TN Adrián Ventura como jurado, pero finalmente dieron marcha atrás y no participará de la evaluación de los jueces con los que después pretende operar mediáticamente. El examen es el martes, luego viene la instancia de entrevista y en el Consejo de la Magistratura esperan que el concurso concluya antes de fin de año. Es complejo porque hay 249 inscriptos.

Lo que puede avanzar en torno a los jueces es difícil, por ahora, que suceda con los fiscales. Eduardo Casal sigue como Procurador interino, donde protege al procesado Carlos Stornelli. Pero más importante aún es que sigue vacante el puesto de fiscal general de Comodoro Py, el cuello de botella por donde pasan todas las causas. Hay 12 fiscales de primera instancia pero uno sólo ante la Cámara Federal, y es un lugar clave para el avance o freno de los expedientes. Lo ocupó durante años Germán Moldes, actor fundamental del lawfare que se jubiló poco antes de que terminara el gobierno de Macri.

El concurso para el cargo que tenía Moldes está en marcha y Casal puede activarlo en cualquier momento. De hecho, el último movimiento fue la confirmación del jurado, que integrará el propio Casal junto a la fiscal Guillermina García Padin (que pidió que Amado Boudou vuelva a la cárcel), el fiscal ante la Corte Víctor Abramovich y la fiscal general de Política Criminal Mary Beloff.

El listado de inscriptos para concursar por ese cargo clave es más que interesante. Está Santiago Eyherabide, uno de los fiscales que lleva adelante la causa por espionaje ilegal en Lomas de Zamora. También Alan Iud, histórico abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y actualmente Secretario Ejecutivo en Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. También el juez Ramos Padilla. Pero no son todos de ese perfil. Se inscribió también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia de Macri y actual miembro del Tribunal Superior de Justicia porteño.