El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires destituyó este lunes por amplia mayoría al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de distintos delitos de corrupción, entre ellos encubrir a una banda de policías y abogados que extorsionaba a narcotraficantes.
El instructor estaba suspendido de su cargo desde el 22 de diciembre de 2022, a partir de la acusación hecha ante el cuerpo por el procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand. En este proceso se le atribuyó haber brindado cobertura judicial, a través de ordenar procedimientos y causas, a una banda de policías y abogados que extorsionaban a narcotraficantes. Incluso, se acusó a esa organización delictiva de haber robado un cargamento de cocaína durante un procedimiento.
La denuncia había sido efectuada por la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió en 2016, más tarde impulsada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El jury estuvo presidido por la titular de Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, luego de que se excusaran los integrantes de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación.
También integraron el cuerpo los legisladores Juan Pablo Allan, Daniel Lipovetzky, Walter Carusso, Sofía Vannelli, María Eugenia Brizzi, y los abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Spinelli.
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Tras analizar las pruebas, se resolvió destituir a Scapolan por las causales previstas en los artículos 20 y 21 incisos D, E, I y Q de la ley 13.661 y modificatorias. Además, la decisión incluyó una inhabilitación para acceder a cargos públicos.
La destitución fue aprobada por todos los miembros del jury menos de Vannelli, del oficialismo, quien votó en contra. Más allá de esa decisión, en la Justicia Scapolan no está procesado. En junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba en su contra, aunque confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público.
La primera denuncia contra el funcionario judicial fue realizada en el 2016 por la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió. Y en octubre del 2021, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado lo había procesado por un total de diez delitos.
Entre esos delitos se lo acusó de ser jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, extorsión, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con información de Noticias Argentinas
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