Cristina Fernández de Kirchner apeló la condena de 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad y reclamó su absolución. Lo propio hizo el fiscal Diego Luciani pero en otro sentido: quiere 12, una ejemplificadora sanción de un año de cárcel por cada año de gobierno kirchnerista. La cuestión seguirá en la Cámara de Casación, donde CFK reclama que no intervengan en la revisión de la sentencia los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Ambos se reunían con Mauricio Macri, impulsor de esta causa, en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada, tal como reveló El Destape. Y fueron avalados por la Corte Suprema diseñada por el macrista prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
En un escrito de 395 páginas los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que defienden a CFK en esta y otras causas armadas durante la era Macri, remarcaron que la condena no tuvo pruebas, que estuvo contaminada por factores políticos, económicos y mediáticos, que hubo graves violaciones al derecho a defensa, que la propia condena tiene contradicciones internas y que a lo largo del juicio “quedó acreditada, de forma categórica, la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner”.
Una vez nás, la defensa de CFK hizo mención al lawfare, al proceso de persecución judicial y mediática al que fue y es sometida la ex Presidenta. Los jueces que firmaron la condena, Jorge Goroni, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, afirmaron que el lawfare no existe. En la condena escribieron un largo párrafo que vale la pena transcribir: “Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa -tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”.
La descripción de los jueces es correcta, la conclusión es falsa. Los abogados de CFK hicieron un extenso recorrido por el armado de causas contra CFK, que todas caían en Ercolini o el juez Claudio Bonadio, que incluso la citó a 8 indagatorias en un día, la distinta vara de los mismos jueces y fiscales de Comodoro Py que en el caso de CFK la procesaron porque “debió saber” o “no pudo dejar de conocer” pero que para investigar el espionaje en la era Macri lanzaron la teoría del cuentapropismo o incluso lo justificaron como un tema de Seguridad Nacional, que la ex Presidenta fue perseguida desde la AFIP, la Oficina Anticorrupción y la UIF, que se apuntó también a su familia y que incluso sufrió un intento de asesinato. El análisis de medios ya ni hace falta.
Aún así, la defensa de CFK afirmó que “no fue necesario echar mano a la teoría del lawfare para refutar los cargos, sino lo hicimos de manera contundente a partir de las pruebas ventiladas en el juicio, que lamentablemente no fueron debidamente difundidas ante la opinión pública, como hubiera correspondido en un proceso en el que se debatieron hechos de trascendencia institucional”. La carpita de naipes se cae sola.
“El tribunal no tuvo más remedio que descartar las tres toneladas de prueba que la fiscalía decía tener en contra de nuestra representada, fundando la sentencia a partir de simples indicios y algunos papeles que a lo sumo deben pesar unos pocos gramos”, escribieron los abogados Beraldi y Llernovoy. La referencia es evidente: el fiscal Luciani operó junto a la empresa Clarín que tenía 3 toneladas de pruebas. Les dijo que las había pesado. Esa fantasía que fue reproducida por prácticamente todo el sistema mediático.
Pero lo cierto es que la propia sentencia no condena a CFK por asociación ilícita (algo que ahora el fiscal Luciani apeló) ni por cooptar el Estado ni por asignar a dedo obra pública a Lázaro Báez, sino por 3 elementos insólitos:
- “el dictado de un decreto que actualmente sigue vigente y cuya licitud ni siquiera fue objetada en la sentencia”
- “relaciones comerciales entabladas con Lázaro Báez que no forman parte de este juicio y cuya legalidad tampoco fue cuestionada por el tribunal”
- “los mensajes de texto extraídos del celular de José López, que no fueron enviados ni recibidos por nuestra representada y de los cuales tampoco se deriva, tan siquiera remotamente, una conducta delictiva atribuible a la nombrada”
¿Cómo pueden ser delito un decreto público, una relación comercial en otro expediente y un chat irrelevante? Pero aún así la condena fue a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por firmar un decreto que es legal, por tener negocios legales y por un chat de otra persona. En cualquier caso sería imposible una condena, pero en el caso de CFK los jueces resolvieron con el diario Clarín arriba del escritorio y el Código Penal en el cajón.
La defensa de CFK resalta que los propios jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu dijeron que lo que se investigaba era complejo, que había pasado mucho tiempo entre los hechos denunciados y el juicio, que tuvieron dificultades para recolectar pruebas y que por eso acudieron a indicios para la condena. “En las primeras páginas de la sentencia recurrida quedó de manifiesto que la condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios. Sin embargo, como veremos a lo largo de este recurso, el pronunciamiento ni siquiera se fundó en indicios, sino sólo se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, señalaron Beraldi y Llernovoy.
Los abogados de CFK recordaron que hay denuncias de este caso desde 2008, que tanto Ercolini como la Justicia de Santa Cruz las desestimaron, que la documentación que supuestamente inculpa a la ex Presidenta es toda o pública o de fácil acceso judicial: decretos, decisiones administartivas, pagos bancarizados, obras públicas hechas. Es decir, que no hubo ninguna dificultad en acceder a pruebas. Lo que pasó es que esas pruebas no significaban ningún delito.
La apelación de CFK le dedica un capítulo a “la influencia de los factores políticos, económicos y mediáticos”. Primero señalan un montón de puntos que generan “contaminación” en el caso:
- Ercolini, juez del caso, primero lo desestimó pero cuando asumió Macri cambió de postura
- Ignacio Mahiques, fiscal del caso, tenía a su hermano Juan Bautista como paladín de las operaciones judiciales del macrismo
- Ercolini, juez del caso, tenía a su esposa Julia Kenny como colaboradora estrecha del ministro de Justicia PRO Germán Garavano.
- Eloy Pablo Bona, perito del caso, era explícitamente antikirchnerista
- El juez Rodrigo Giménez Uriburu y el flscal Diego Luciani, que intervinieron en el juicio oral, jugaban juntos al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri.
- El juez Jorge Goroni, otro de los que definió la condena, visitó al menos 2 veces a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que firmó la denuncia original de este caso en 2008
- Sergio Mola, el otro fiscal del juicio oral, visitó la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo
- Los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que intervinieron e intervendrán en el caso y son los que revisarán la condena, se reunieron con Macri en Olivos y Casa Rosada, tal como reveló El Destape.
Ni Mario Puzo hacía intervenir a tantos para un objetivo apartado de la ley. “Aquí no hubo presiones para la impunidad, sino para que se condenara injustamente a Cristina Fernández de Kirchner y como consecuencia de ello se la inhabilitara de manera perpetua para el ejercicio de cualquier cargo público”, resumen los abogados de CFK.
Otro eje de la defensa de CFK fue que no hubo un juicio justo. Remarcaron que “el tribunal rechazó más del ochenta por cierto de la prueba ofrecida por nuestra parte, en particular, la casi totalidad de los estudios periciales que resultan ineludibles en esta clase de procesos”. También que “varias de las supuestas pruebas indiciarias a las que el tribunal les asignó una relevancia determinante para condenar a nuestra representada nunca fueron debatidas en el juicio, que se extendió por más de tres años”. Agregaron que manotearon supuestas pruebas de otra causa, conocida como Hotesur/Los Sauces, que primero los mismos jueces dijeron que no tenían relación pero luego tomaron unos chats del ex Secretario de Obra Pública José López sin contexto y que no eran con CFK sino con otras personas. De hecho, los abogados de CFK mostaron que López hablaba mucho más con allegados de Macri que de CFK.
El escrito de CFK desmenuzó punto por punto la acusación y la condena, desde los inicios de la causa en 2008 presentada por Elisa Carrió y sus secuaces; la maniobra de Javier Iguacel cuando llegó a la Dirección Nacional de Vialidad donde armó una oficina cuya única tarea fue auditar las obras adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz y no encontró ninguna irregularidad, algo confirmado por los peritos durante el juicio; los manejos de los fiscales Mahiques y Gerardo Pollicita junto al juez Ercolini durante la etapa de instrucción. También puntearon los detalles del decreto 54 del 2009, hecho por el cuál condenaron a CFK pese a que es público, está en el Boletín Oficial, no hay pruebas de que favoreciera a Lázaron Báez y que todas las partidas presupuestarias destinadas a Santa Cruz figuran en el Presupuesto de esos años.
Los abogados de CFK reiteraron la irregularidad en torno al uso de los chats de José López, que fueron incorporados durante el juicio sin que las defensas tuvieran posibilidad de analizarlos, que pese a lo que dice la ley no le perminiteron a la vicepresidenta defenderse frente al tribunal y tuvo que hacerlo por sus redes sociales. Ni hablar de la relación íntima de José López con el círculo de negocios de Macri.
El tercer punto con el cuál se condenó a CFK, que tuvo relaciones comerciales con Lázaro Báez, también fue refutado por los abogados de la ex Presidenta. La propia prueba en el expediente indica que no había ninguna cuestión irregular.
Los tiempos ahora los manejará Comodoro Py. Entrevistado en El Destape Radio, Beraldi dijo que “todavía hay que definir quienes son los jueces de Casación que van a intervenir” y adelantó que “si intervienen Hornos y Borinsky los vamos a recusar por las reuniones que tenían con Macri en Olivos”. Es decir, van a recusar a Borinsky y Hornos. Una vez que eso se resuelva la Cámara de Casación deberá revisar la sentencia. Y eso es apelable ante la Corte Suprema, donde es de esperar que también haya recusaciones hacia varios de sus integrantes.
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