El Gobierno de Javier Milei desmanteló 111 políticas públicas que ponen en peligro la alimentación de la sociedad

El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan para lograr el superávit fiscal y provoca más pobreza: en el primer semestre de 2024 creció 11,2 puntos y al menos 5.379.588 personas no llegan siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos. También hace que sea cada vez más difícil comer bien a la mayoría de los argentinos y argentinas. Entre las medidas que provocaron este flagelo se encuentran el refuerzo en la concentración del sistema agroalimentario argentino, la eliminación de toda política de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indigena (ACFI), y el abandono del Estado en la asistencia alimentaria.

Una investigación realizada por La Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que el Gobierno de Milei desmanteló 111 políticas públicas vinculadas al acceso a los alimentos. De esta manera, quienes producen alimentos sanos y quienes trabajan en espacios comunitarios de distribución de alimentos enfrentan cada vez más obstáculos para hacer su trabajo, según el estudio. Asimismo, los consumidores y consumidoras están más desprotegidos frente a un mercado concentrado y quienes no tienen ingresos suficientes para comprar su comida de todos los días, encuentran una oferta debilitada en los espacios comunitarios. “El conjunto de medidas económicas, políticas, y normativas, tomadas por el gobierno libertario desde que asumió, comprometen la posibilidad de alimentarse de millones de personas y la supervivencia de quienes producen la mayoría de los alimentos frescos que consumimos”, sostiene el estudio.

En este marco, el informe muestra el desmantelamiento de políticas, organismos y leyes que afectaron de forma directa o indirecta la producción de alimentos. Detalla que desde noviembre de 2023 a julio de 2024, se desmantelaron 111 políticas públicas relacionadas con la producción, consumo y acceso a los alimentos y en contraposición se avanzó con políticas que profundizan un modelo agrario concentrado y extranjerizado. "Son desregulaciones que precarizan el trabajo agrario, desprotegen las economías regionales (yerba, azúcar, oliva, vid) y encarecen los insumos de producción, lo que contribuye a la pérdida de soberanía alimentaria y disminuye las oportunidades de desarrollo económico para las provincias”, apunta el informe al que accedió El Destape.

En este marco, Federico Orchani, investigador del area de Tierra, Vivienda, Y Justicia Económica del CELS, en diálogo con El Destape, afirmó que "una de las principales observaciones que proponemos en el informe tiene que ver con que las políticas alimentarias del gobierno nacional comprometen el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria. Por citar algunos datos, el consumo de alimentos se redujo en promedio un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y Julio de 2024, además con caídas significativas en productos sensibles como bebidas un 26% lácteos un 12% carnes, un 9%frutas y verduras un 7% y productos de almacén un 6%", detalló. Otros datos que también aportó el especialista que sirven para contextualizar es que "entre noviembre 2023 y julio 2024, los precios de los alimentos aumentaron un 128%. La Argentina lidera el ranking de inflación nominal en alimentos, según el Banco Mundial", apuntó.

Eliminación de políticas campesinas

Entre estas políticas, el informe detalla que se eliminaron la mayoría de las políticas dirigidas a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI). Se eliminaron políticas históricas como el Pro Huerta, con más de 30 años de trayectoria, que incluía la distribución de insumos, capacitación y apoyo técnico para el desarrollo de huertas familiares, escolares y comunitarias, así como granjas familiares para la autoproducción de alimentos frescos. Además, se llevó a cabo la derogación del procedimiento de inscripción de biopreparados del SENASA, junto con la desarticulación de la Comisión para la Agricultura Familiar del SENASA y los nuevos lineamientos del INTA, debilitan las posibilidades de fortalecer la agroecología y el rol de la AFCI en la provisión  de alimentos saludables.

En este marco, Orchani remarcó la intervención y el vaciamiento del Instituto Nacional para la agricultura familiar campesina indígena fue una de las medidas que afectan de manera negativa al derecho a la alimentación. "Se trata de un organismo que tenía alcance nacional y que realizaba un aporte técnico fundamental en cada provincia y para los pequeños productores", sostuvo.

Respecto al acceso a los alimentos, el estudio detalla la eliminación de normativas orientadas a controlar los precios y el abastecimiento, lo que está contribuyendo al alza continua de los precios. "Según el INDEC, entre diciembre y julio los precios de verduras, tubérculos y legumbres aumentaron un 197% en el Gran Buenos Aires, mientras que los de leche, productos lácteos y huevos subieron un 165%, las carnes un 105%, y las frutas un 78%", detallaron. 

Uno por uno las políticas que el gobierno de Milei desmanteló 

En primer lugar, se destaca en el informe la intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que había integrado la experiencia y estructura de trabajo del Programa Social Agropecuario y otras instituciones preexistentes que atendían las problemáticas del sector. Esta medida implica la pérdida de capilaridad territorial, especialmente en zonas de difícil acceso, afectando a los pequeños productores; como también paraliza programas y proyectos de desarrollo rural que promovían el abastecimiento local de alimentos, el desarrollo de circuitos cortos agroalimentarios y el agregado de valor en origen.

A esta situación se suma la desarticulación de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), dependiente del Ministerio de Economía. Originalmente creada en 2009 como la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), su objetivo principal era coordinar y ejecutar créditos internacionales destinados a programas de desarrollo rural. 

Por otro lado, el cierre del emblemático Programa Prohuerta. Además, como denunció la Asociación de Trabajadores del INTA (APINTA), se prohibió el uso de términos como “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y “Prohuerta” en las investigaciones de la institución.

Por otro lado, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se disolvió la Coordinación de Agricultura Familiar, creada en 2014, con la consecuente reubicación de su personal en otras áreas del organismo. Asimismo, se derogó el procedimiento de inscripción para biopreparados, los cuales definían estándares de inocuidad y efectividad para fortalecer los sistemas productivos agroecológicos. También se eliminó la Dirección Nacional de Agroecología, que desde 2020 había promovido la formación, investigación y extensión de la agroecología en sistemas productivos intensivos y extensivos.

Desregulación de leyes que regulaban la producción de alimentos en las economías regionales

La desregulación también alcanzó a las leyes orientadas a regular la producción de alimentos en las economías regionales, lo cual implica una pérdida significativa de soberanía alimentaria y de desarrollo económico para las provincias. En este sentido, se derogó el Régimen de Entregas de Azúcar para Consumo en el Mercado Interno, que priorizaba y aseguraba el abastecimiento de este producto, así como puntos clave de la Ley N° 25.564 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Esta ley había fomentado el desarrollo, producción, elaboración, industrialización y comercialización de la yerba mate desde 2002, explica el informe.Con esta modificación, el INYM pasó de tener funciones regulatorias a simplemente garantizar la competencia en la producción.

Además, se eliminaron las facultades del INYM en la fijación semestral de precios de la hoja verde y la yerba canchada, así como artículos que regulaban la oferta y demanda mediante cupos, los registros de productores, industrias y comercios del sector, y la promoción del asociativismo. Finalmente, en julio se eliminó el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina, que financiaba mejoras productivas y comerciales en los sistemas productivos ovinos empresariales y de la agricultura familiar en todo el país. 

La desregulación de precios también atenta contra la buena alimentación 

En otro orden, el referente del Cels que hizo referencia al cierre del Observatorio de Precios cuya función era monitorear y relevar los precios. "La ley que democratizada y garantizaba el acceso de productos de cooperativas y pequeños productores a las góndolas de los supermercados se encuentra derogada", apunto y también enfatizó que "se derogaron y eliminaron 69 resoluciones y disposiciones relacionadas con el control de precio, abastecimiento y requerimientos de información al consumidor"

"Podemos decir que el vaciamiento de las políticas agroalimentarias afectó especialmente a los sectores más vulnerables, por ejemplo, el costo de preparar un guiso aumentó 151% entre noviembre del 2023 y julio de 2024 con el salario mínimo vital y móvil o una jubilación mínima en julio es posible preparar un 27% menos de porciones de guiso, tomar una taza de mate cocido con leche y pan implica un incremento del 147% en el gasto", detalló . En este sentido, remarcó que "el mismo periodo con un salario mínimo se compran 11 platos menos de guiso con la tarjeta alimentar. Antes se podía preparar 74 platos y ahora 54 platos". 

El referente del Cels concluyó que aún existe "medidas que hoy se encuentran en el orden de la amenaza que todavía no alcanzamos a ver los resultados, pero la sanción del RIGI, por ejemplo, que promueve una serie de exenciones y de beneficios para las grandes inversiones somete a los territorios y a las tierras que hoy muchas de las que se usan para la producción de alimentos", sostuvo.