El fiscal federal Guillermo Marijuan citó este jueves como testigo para el próximo 28 de noviembre al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, en una investigación preliminar por la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja unos 2.243 planes potenciar trabajo cuando informes de la AFIP habían señalado posibles inconsistencias en unos 260.000.
El fiscal convocó a Manzur para el lunes a las 11 -aunque también le indicó la posibilidad de declarar por escrito- y para una hora más tarde convocó al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, también en calidad de testigo, según surge del escrito de dos páginas.
Marijuan requirió además que el jefe de Gabinete acompañe "la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para no atender u observar los dos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitados por ese organismo en fechas 30/06/2022 y 10/11/2022, en relación al control y/o auditoria del Programa Potenciar Trabajo".
El fiscal también dispuso que se libre "oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a los fines de que se informe la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas".
Marijuan inició la investigación preliminar luego de que el 18 de noviembre de 2022 "a través de numerosos medios de comunicación se dio a conocer el contenido de una conferencia de prensa en donde la Sra. Ministra de Desarrollo Social, Dra. Victoria Tolosa Paz, anunciaba la baja de 2.243 Planes Potenciar Trabajo".
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La funcionaria albertista había informado el viernes pasado que un 0,3 por ciento del total de personas que cobran este plan, habían incurrido en compra de dólares o gastos con tarjeta de crédito en moneda estadounidense, por lo que se les daba de baja. En ese marco, llamó a "no desvirtuar este gran programa por un 0,3 por ciento de personas que han abusada de llegar al Ministerio de Desarrollo Social sin tener necesidades ni penurias por no tener ingresos".
Para el fiscal, esa decisión "se habría apartado y/o recogido parcialmente el informe de otra oficina pública -esto es, la Administración Federal de Ingresos Públicos-" teniendo en cuenta que el informe de la AFIP planteaba la inconsistencia de aproximadamente 260.000 inscripciones en el plan mencionado, lo cual derivará en una millonaria erogación cuando deban afrontarse esos pagos el próximo mes".
El mismo fiscal había realizado antes otra investigación preliminar que derivó en una denuncia penal sobre presuntas irregularidades en la asignación de planes Potenciar Trabajo a personas que no cumplirían con los requisitos formales, que recayó en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.
Con información de Télam
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