"Eso no es peronismo, peronismo es dar laburo", afirmó la vicepresidenta Cristina Kirchner en un tramo de su mensaje en el plenario de la CTA en el que se refirió a la distribución de planes sociales, de crecimiento exponencial desde que ella dejó la Casa Rosada. El tema viene generando debate dentro y fuera del oficialismo, especialmente respecto al papel que juegan las organizaciones sociales. La vicepresidenta planteó la necesidad de que el Estado nacional recupere "el control, la auditoría y la aplicación" de estas políticas, un reclamo al que adhieren gobernadores e intendentes que han visto crecer en poder e influencia a los movimientos. Desde la oficina del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien ya se reunió dos veces con la vicepresidenta para analizar la cuestión, prometieron novedades en los próximos días. En el sector de las agrupaciones sociales pertenecientes al Frente de Todos criticaron lo que evaluaron como una "derechización" del mensaje y la búsqueda de su estigmatización.
Cristina le dedicó todo un tramo de su mensaje, en un recorrido desde el nacimiento de este tipo de asistencia a la que definió como producto de las políticas neoliberales de los '90. Contrariamente a lo que seguro dirían quienes sólo se informan a través de medios opositores, la vicepresidenta explicó que durante los años del kirchnerismo los planes se redujeron drásticamente. Pasaron de más de dos millones a 253 mil -el 10%- cuando ella dejó la presidencia, en diciembre de 2015. El gobierno de Mauricio Macri más que los duplicó y los llevó a 641 mil a fines de 2019.
A poco de comenzar, la gestión de Alberto Fernández debió enfrentar la pandemia, por lo que el número de planes se multiplicó hasta llegar al 1.300.000. Una crítica que se le hace al ex ministro y actual diputado Daniel Arroyo es que para asegurar la paz social distribuyó demasiado generosamente entre las organizaciones de izquierda, quienes hoy protagonizan las principales protestas en el centro porteño para no perder posiciones. Para peor, trascendió que una de estas organizaciones -el Polo Obrero- le cobra el 2% a los beneficiarios para financiarse.
"Hoy estamos en un 7% de desocupación, estamos a 1,1 punto de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que vamos a tener que revisar", advirtió la vicepresidente, por un lado. Por el otro, planteó la necesidad de terminar con lo que denominó la "tercerización" de las políticas sociales. "El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto", propuso, además de apuntarle a los dirigentes que deciden las altas y las bajas en los planes. Por si faltara aclarar, hubo una referencia directa al Movimiento Evita, la organización social que manejan Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, uno de los principales respaldos territoriales del presidente Alberto Fernández. "¡En nombre de Perón y Evita! Si Evita los viera. ¡Mamita!", lanzó en medio de los aplausos de los dirigentes kirchneristas, especialmente los pertenecientes a La Cámpora, que mantienen una histórica tensa relación con el Evita en la Provincia.
En este cuestionamiento tiene como grandes aliados a los gobernadores e intendentes, quienes también reclaman que se les quite la distribución de los planes a los movimientos sociales. Ellos vieron como algunas de estas organizaciones han venido ganando poder en los territorios y los desafían. Un caso notorio fue el lanzamiento en La Matanza de la legisladora provincial Patricia Cubría, esposa de Pérsico, quien maneja la secretaría de la Economía Social. En las provincias del norte tomaron más relevancia los movimientos de izquierda. La "liga de gobernadores" del Frente de Todos, en su reciente carta de presentación, adelantó que estudiaban "alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno". Uno de estos jefes provinciales confirmó a El Destape que elaboran un proyecto de ley para presentar en el Congreso para modificar la política social, así como hicieron días atrás por la reforma de la Corte Suprema.
En el ministerio que encabeza Zabaleta aseguraban que vienen trabajando en sintonía con estos planteos. Para empezar, desde que asumió a fines del año pasado, Zabaleta habilitó la posibilidad de que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo cambie libremente su unidad de gestión si así lo deseaban. Siete mil beneficiarios denunciaron entonces amenazas o exigencias de pago de una cuota de parte de las organizaciones, todos casos que se encuentran en investigación. Por otro lado, el ministro anunció que no habría más altas de planes y que apostarían a su reducción con el fortalecimiento de las cooperativas, cuestión de transformar los planes sociales en "empleo genuino". Esa decisión, explicaban, es lo que motivan las protestas de las organizaciones de izquierda.
Zabaleta -un ministro muy cercano al Presidente, con quien ayer compartió el acto por el Día de la Bandera- ya mantuvo dos reuniones con Cristina para conversar de estas cuestiones, lo mismo que armó una muy buena relación con Máximo Kirchner y con Andrés Larroque, no sólo a nivel gestión sino también en el PJ Bonaerense. En su despacho también comentaban que a diario atendían las sugerencias de los gobernadores, quienes le trasladan muchas veces los reclamos de los dirigentes de organizaciones sociales.
A propósito, quienes tampoco recibieron bien las críticas de la vicepresidenta fueron los referentes de los movimientos pertenecientes al Frente de Todos, quienes adjudicaban los cuestionamientos a su alineamiento con Fernández. "Los movimientos populares fuimos quienes bancamos durante la peor de la pandemia, ahora hay que ponerse a trabajar en las coincidencias y no profundizar las diferencias", sostuvo Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. El dirigente social Juan Grabois, habitualmente afín a Cristina y al kirchnerismo, escribió un tuit rechazando que la economía popular fuera la "tercerización" de una función estatal sino que se trataba de una "creación heroica de los excluidos".
Para agregar un elemento extra a la discusión, todavía está pendiente la idea del Presidente de crear una oficina que centralice estas políticas, que siempre se dijo que quedaría en manos de las organizaciones sociales. "No sé si es un ministerio, una secretaría o un instituto, lo que sí se es que necesitamos alguien que piense solo en eso y creo que el estado debe institucionalizarlo", respondió el domingo en la entrevista a Página 12. La vicepresidenta visibilizó ayer un debate que seguramente dará tela para cortar en el oficialismo durante los próximos días.
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