El proyecto de ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo comenzó a tratarse en las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y la de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados en una reunión conjunta de carácter informativo. Fue presentado por Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos, en septiembre del año pasado y lanzado formalmente en marzo de este año, con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica.
El Congreso podría hacer historia. En caso de aprobarse, sería la primera ley de protección y reparación a personas en situación de calle en América Latina. La ley aborda a las personas que habitan en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente. Y también al universo de personas en riesgo, es decir, al límite de quedar en esa situación.
“Una persona en situación de calle es alguien a quien se le han vulnerado absolutamente todos sus derechos humanos y constitucionales, por eso es nuestra responsabilidad como Cámara trabajar estos proyectos”, dijo Fagioli.
En la primera reunión formal, en la tarde de este martes, estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso, la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres, e integrantes de las organizaciones sociales que participaron en la redacción del proyecto.
El ministro Arroyo consideró que el proyecto “es el germen de una política de Estado verdadera”, ya que "nos va a permitir el diseño de una política pública para generar una escala de atención y acompañamiento a las personas en situación de calle”.
La iniciativa apunta a reparar la vulnerabilidad social extrema de este sector de la población. Establece como principales ejes la elaboración e implementación de políticas públicas y planes para la construcción de viviendas, garantizar una intervención inmediata y personal mediante un sistema de atención telefónica de alcance nacional y gratuito articulado con un sistema de atención móvil, y crea una red nacional de Centros de Integración Social de atención permanente para garantizar alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud.
El texto propone la creación, en el ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para las personas que viven en la calle.
“Es importante dar este paso superador de las intervenciones que vienen dándose sobre esta problemática, ya que tienen una lógica de administrar el problema y no de transformarlo. Esta es la posibilidad de generar una política pública”, dijo en el plenario de comisiones la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso.
Se propone además la articulación con áreas y programas específicos de los ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además del SEDRONAR.
“Esta ley propone pensar la complejidad, la integralidad y la visibilidad de quienes están fuera de todas las políticas que teníamos”, dijo la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres.
Una de las dificultades para abordar esta problemática y que, al mismo tiempo, refuerza que sea invisible en el debate público, es la falta de información sobre la cantidad de personas que viven en la calle. Por eso la ley obliga también a la realización de un relevamiento anual, de alcance nacional, con la participación de profesionales y organizaciones sociales, algunas integradas por personas en situación de calle. Ese censo es clave para diseñar e implementar políticas públicas específicas, principalmente en los grandes centros urbanos y suburbanos.
Constanza Guillén, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), expresó que “la pandemia nos trajo a la vista un problema que viene de hace muchísimos años, pero cuando se habla de hacer un censo se habla de números y es necesario humanizar el abordaje en el trabajo de personas en situación de calle”.
Fagioli considera que hay que "terminar con la idea del 'parador', lugares donde pasan la noche y a las 6 de la mañana se deben ir, y reemplazarlos por lugares donde haya apoyo terapéutico, integración en oficios, atención a la salud".
El diputado tiene una trayectoria de militancia política y social relacionada con el reclamo de políticas de acceso a la vivienda como un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Vive en un asentamiento creado tras una toma de tierras de la que fue protagonista en 2014, cuando 115 familias ocuparon un predio en Glew. Conoce por su propia experiencia la dificultad de tener un lugar para vivir en condiciones dignas.
“En la calle no se vive, se sobrevive”, advirtió Horacio Ávila, referente de Proyecto 7. “Es una oportunidad para hacernos cargo de algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, desde 2001 hubo una eclosión enorme de personas en situación de calle”, explicó.
Según la Encuesta Permanente de Hogares de fines de 2019, más de 1,4 millón de personas viven en condiciones de hacinamiento en aglomerados urbanos. El Censo Nacional de 2010 indicaba que el déficit habitacional en la Argentina es de 2,5 millones de hogares. La tendencia, diez años después, es ascendente.
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