El ex policía y remisero Jorge Bacigalupo pidió apartar al juez Marcelo Martínez de Giorgi de la causa en la que se investiga la adulteración de los cuadernos adjudicados al chofer Oscar Centeno. Bacigalupo, que según la historia oficial fue quien le entregó los anotadores que tenía en custodia al periodista Diego Cabot, está siendo investigado en un expediente paralelo al central como quien pudo haber alterado e incluso confeccionado parte de los escritos. Un peritaje oficial indica que hubo varias manos en la escritura de los cuadernos y hay coincidencias con la letra del ex policía. Esto provocó que se profundice la indagación sobre su participación en este hecho.
Según reconstruyó El Destape, el magistrado rechazó la recusación este último lunes. Casualmente, la fiscal de juicio del caso principal, Fabiana León, hizo un planteo con los mismos elementos que el ex policía pero ante el TOF 7. El contenido de ambos escritos repite uno de los argumentos que se esgrimieron contra Martínez de Giorgi en una editorial de La Nación, publicada el 29 de marzo pasado. La coincidencia evidencia que se trató de una maniobra coordinada en pos de blindar el caso Cuadernos.
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El expediente a cargo de Martínez de Giorgi, que investiga la denuncia que hizo el empresario Armando Loson –imputado en Cuadernos- sobre la adulteración de los anotadores, puede hacer caer el caso central, que ya fue elevado a juicio en la mayoría de sus tramos principales sin que nunca se haya realizado un peritaje.
La recusación
Bacigalupo, a través de su abogada Denise Drendak, recusó a Martínez de Giorgi por “temor de parcialidad”. Sostuvo que en una causa derivada del caso Cuadernos el magistrado se inhibió de intervenir por una relación de amistad con uno de los acusados. El argumento del ex policía es que el expediente de la adulteración sería una causa conexa a la de los anotadores y, por lo tanto, Martínez de Giorgi también debiera inhibirse.
El caso que se menciona para intentar el desplazamiento del magistrado fue el del abogado Miguel Angel Plo, que además de letrado defensor de Carolina Pochetti, viuda del exsecretario kirchnerista Daniel Muñoz, también terminó investigado. “Como se recordará, en aquel expediente fue procesado y elevado a juicio Miguel Ángel Plo, su hija María Jesús Plo, y Federico Carlos Zupicich, y el motivo de apartamiento radicaba en la existencia de un vínculo de conocimiento y trato frecuente a nivel familiar”, sostuvo Bacigalupo respecto a Martínez de Giorgi.
El caso Plo había sido mencionado en una editorial del diario La Nación del 29 de marzo donde se cuestionó directamente a Martínez de Giorgi por avanzar en la causa de la adulteración de los cuadernos. El matutino porteño, en un artículo titulado “El nuevo Oyarbide”, criticó al magistrado por poner en cuestión el pilar de la operación que se difundió desde sus páginas.
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La defensa del ex policía sostuvo que “resulta inadmisible que en una causa paralela conforme los intereses del aquí querellante, se investigue prueba de una causa en la cual ese querellante resulta procesado y en la que V.S. se excusó”, dijo respecto al Caso Cuadernos. En esa línea, añadió que “respecto a la persona de mi defendido, exhibe su afán persecutorio contra Bacigalupo, derivando inevitablemente en instrumentos procesales que seguramente habrán de ser empleados por Loson y su defensor para intentar nulificar lo actuado en otra causa en la cual precisamente se inhibió de intervenir, con el agregado de lo expuesto respecto de los Plo y Zupicich”.
El juez Martínez de Giorgi rechazó la recusación este lunes. Entre otras cosas, recordó que la Cámara Federal porteña rechazó su inhibición en el caso vinculado a Plo. Y por otro lado también recordó que la misma cámara el pasado 13 de febrero sostuvo que el caso Cuadernos y el de la adulteración de los anotadores “se evidencian como disímiles” y “por lo tanto, absolutamente escindibles, no conformándose un supuesto de conexidad”. Es que uno investiga la corrupción en la obra pública y el otro la manipulación de los escritos adjudicados a Centeno. Si son disímiles, el argumento de Bacigalupo para pedir el apartamiento del magistrado no tiene de dónde apoyarse.
En esa línea, el juez le respondió al expolicía: “Se advierte sin esfuerzo que, los lineamientos trazados e invocados por la defensa técnica, no sólo refieren a una situación diferente en cuanto a los motivos que llevaran a la excusación en la causa N° 17.459/18, la que luego fue revocada por el Superior, sino que, aluden a una motivación subjetiva del juzgador que parece no darse en el caso, al invocar amistad íntima e interés directo, en tanto las relaciones a las que se hace referencia, aparecen por demás lejanas en la materia que se investiga en este proceso”.
La fiscal de juicio y un planteo calcado
Curiosamente, en el mismo sentido que Bacigalupo y La Nación se expresó la fiscal de juicio Fabiana León. El 27 de marzo, es decir, dos días antes del artículo del matutino y de la recusación que hizo el expolicía, León suscribió un planteo ante el TOF 7 en el que resaltó la inhibición de Martínez de Giorgi en la mentada causa Plo.
La fiscal indicó al tribunal que Martínez de Giorgi “mucho antes de la querella instada en la causa” de la adulteración de los cuadernos “se excusó de entender en la tramitación del expediente CFP 17459/2018, por amistad íntima con algunos de los acusado”. Ese expediente es el de Plo.
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La fiscal busca darle argumentos al tribunal para que de alguna forma intervenga y obture el avance de la causa paralela de la adulteración de los anotadores que está en manos de Martínez de Giorgi. En ese marco, y tras relatar la inhibición del juez en el caso Plo, solicitó al tribunal que “obre en consecuencia”.
La misma fiscal ya intentó obstaculizar el trámite que transcurre en el juzgado federal Nº 8. Reeditó un planteo de Carlos Stornelli que había fracasado y reclamó que el caso de la adulteración tramite de manera conjunta a la causa central. Es decir, que la absorba. Dice que se investiga en ambos expedientes el mismo objeto procesal, algo que fue desechado por la cámara porteña, en febrero pasado. No obstante, el TOF 7 ya le pidió las actuaciones digitales a Martínez de Giorgi para interiorizarse en el objeto de su pesquisa.
La adulteración
El expediente a cargo de Martínez de Giorgi puede hacer caer el caso Cuadernos, por eso provocó la reacción de distintos sectores para intentar frenar esa pesquisa. De hecho, como publicó El Destape, ya hubo planteos de la fiscal León e intervenciones del TOF 7 en pos de absorber esa investigación.
En el marco del proceso que tiene a su cargo Martínez de Giorgi, que es una causa paralela a la central que tramita ante el TOF 7, se realizó un peritaje oficial sobre 3 de los 8 anotadores. Son los escritos donde aparece mencionado Loson, empresario que había realizado un peritaje privado donde constaban adulteraciones. Como publicó este medio, el estudio oficial fue demoledor: reveló más de 1600 irregularidades en su confección, que incluían sobreescrituras, uso de liquid paper y tachaduras y que participaron varias manos en su escritura. También desveló que 2 de los 3 cuadernos analizados se escribieron de corrido.
Con ese peritaje, Martínez de Giorgi ordenó un allanamiento en el domicilio Bacigalupo, quien se sospecha pudo haber manipulado los textos. Según el relato oficial, el expolicía recibió los cuadernos de parte de Centeno para tenerlos bajo su custodia. En ese interín, los entregó al periodista Diego Cabot de La Nación para que se escanearan y se difundieran.
El juez apuntó al ex policía luego de que se realizara un examen pericial caligráfico entre los cuadernos digitalizados y, por un lado, escritos de Hilda Horovitz, pareja de Centeno; y escritos de Bacigalupo, por otro. Respecto al segundo, Martínez de Giorgi determinó que “no puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos”. Por eso ordenó un procedimiento en su domicilio. Esto encendió las alarmas y provocó diversos planteos de la fiscal León, una editorial de La Nación y la recusación que hizo Bacigalupo.
No es para menos. El abogado José Ubeira, que representa a CFK en la causa del atentado y defiende al empresario Oscar Thomas en la causa Cuadernos, en diálogo con Radio 10 se refirió al editorial de La Nación y dijo que “cuando hay este tipo de artículos desaforados uno se da cuenta de cuál es la intensidad del problema”.
Acto seguido, Ubeira aseguró que Cuadernos “fue parte de una operación de inteligencia diseñada por el gobierno de Mauricio Macri” para modificar la matriz de la obra pública y que el diario La Nación junto al periodista Diego Cabot pueden ser “copartícipes necesarios de un proceso fraudulento”. Esto provocó una respuesta de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que repudió los dichos de Ubeira y los calificó como una amenaza.
Ofrecimiento de prueba
La causa Cuadernos está elevada a juicio oral casi en su totalidad (tiene diversos tramos y derivaciones). Las partes ya realizaron lo que se conoce como ofrecimiento de pruebas. Aún no tuvieron despacho por parte del tribunal. El debate por ahora no tiene una fecha fijada pero no debe descartarse que se quiera utilizar en el marco de la campaña electoral que se avecina.
Entre los distintos pedidos de prueba, la defensa de CFK solicitó no solo un peritaje de los anotadores. También reclamó otra medida que apunta a hacer caer el otro pilar que completa el sostén de la causa: el testimonio de los empresarios arrepentidos.
Los abogados de Cristina, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron al TOCF 7 entre otra cosas que “se libre oficio al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para que requiera a “todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna de las personas que han prestado declaración como ‘arrepentidos’” en el caso Cuadernos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones”. “En caso afirmativo deberán remitir copias autenticadas de los instrumentos notariales que se hubiere labrado a efectos de documentar las manifestaciones de dichos ‘arrepentidos’”, añadieron.
También pidieron el registro de llamados y mensajes de Stornelli y Bonadío. Buscan saber si existieron “indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso así como también corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.
Pareciera bastante claro que si el tribunal concede estas medidas –algo que parece difícil que vaya a suceder- o la pesquisa a cargo de Martínez de Giorgi sigue avanzando, el caso Cuadernos puede caer antes de que comience el juicio.
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