El gobierno de Javier Milei avanza con un proceso de auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral lo que llevaría a la eliminación de aquellas otorgadas a beneficiarios que la administración libertaria asegura que fueron asignadas en el marco de irregularidades en la concesión de las pensiones. Según supo El Destape, de un total de 300 mil pensiones asignadas que fueron auditadas se darán de baja 30 mil, es decir un diez por ciento.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, son las áreas encargadas de la auditoría de aproximadamente 300.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estas primeras auditorías están centradas en un principio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego avanzar en la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.
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Según apuntaron fuentes oficiales a El Destape, se eliminarán 30 mil de 300 mil pensiones que fueron auditadas, es decir, un diez por ciento del total. La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS comenzó a auditar el 100% de las Pensiones No contributivas por Invalidez Laboral, ya que se detectaron una serie de irregularidades en los primeros relevamientos y auditorías realizados por la Agencia Nacional de Discapacidad.
En este marco, el director ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Spagnuolo, a través de su cuenta de X mencionó: “Con estas auditorías, buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”. Además, aclaró que el objetivo es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino solamente a aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta durante las últimas gestiones, las cuales, del 2003 hasta la actualidad, pasaron de 80.000 a un poco más de 1.2 millones en todo el país.
Por otro lado, Spagnuolo comentó: “Todo este inmenso trabajo lo hacemos, no solo para reordenar el sistema de pensiones por invalidez laboral, sino para que, además, rindan cuentas en el ámbito que corresponda, todos aquellos funcionarios y profesionales que hayan formado parte del otorgamiento indiscriminado e irregular de estas pensiones, en perjuicio del Estado Nacional y de quienes son, en definitiva, los verdaderos destinatarios de este beneficio”.
Asimismo, el primer muestreo realizado durante este año, arrojó que, de una muestra piloto de 2.559 casos, solo el 7% de las pensiones no contributivas por invalidez laboral cumplían realmente con los requisitos establecidos para su otorgamiento. Por último, el director ejecutivo de la ANDIS finalizó: “El gobierno del Presidente Milei vino para hacer los cambios que nadie se animó a hacer”.
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