Luego de la sorpresiva medida de fuerza por 24 horas del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) que dirige Facundo Moyano, el Ministerio de Trabajo se reunió con las distintas empresas de peajes y dictó la conciliación obligatoria y acordaron una nueva reunión para el próximo 7 de noviembre.
Desde el sindicato de peajes explicaron a El Destape que reclamaron "previsibilidad" y pidieron saber "cuál es la estrategia del gobierno con respecto a las concesiones viales". "La estatización de la mano de una tarifa irrisoria genera déficit", remarcaron desde SUTPA y manifestaron que "queremos cuidar las fuentes de empleo". Para ello, pidieron "que las empresas respeten los acuerdos paritarios, que inviertan para la seguridad vial de los usuarios y actualicen las tarifas".
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Entre las diferentes empresas estatales, la de provincia de Buenos Aires, AUBASA, manifestó que el paro que habían previsto no era "por un problema ni salarial ni paritario". Fuentes provinciales dieron a entender que el conflicto se generó "como una medida política contra el Gobierno nacional y provincial por la actividad que impulsa Facundo Moyano".
En cambio desde el gremio explicaron que "en todos loas accesos la ecuación tarifaria es de aproximadamente $2,20 por kilómetro recorrido, en cambio en Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) - que administra las autopistas de Capital Federal - es de $60 por kilómetro recorrido".
El comunicado oficial del gremio en relación a la medida de fuerza señala que "la falta de planificación por parte del Gobierno Nacional y Provincial en lo que respecta al funcionamiento y al futuro de las concesiones viales pone en riesgo el trabajo de 7000 familias".
Además hicieron hincapié en que "ante el atraso tarifario de todas las empresas del sector se pretende cortar el hilo por lo más delgado: no pagar las obligaciones paritarias asumidas, obligándonos a salir a la lucha frente a una inflación imparable, y ante un escenario donde los trabajadores venimos perdiendo poder adquisitivo hace 5 años consecutivos".
"No hay futuro ni progreso si la gente se queda sin trabajo o se precarizan sus tareas. Cualquier cambio debe ser con los trabajadores y el sindicato, jamás contra ellos", expresaron y agregaron que "tanto bajo el formato privatista contra el cual peleamos durante el gobierno anterior, como en el enfoque de estatización improvisada que estamos padeciendo en el gobierno actual, se advierte un común denominador: una gestión atrofiada por la grieta, más preocupada por las tapas de los diarios y las encuestas que por las necesidades reales de los trabajadores y usuarios".
"Esta inoperancia política ningunea un sector de la economía que debería ser provechoso para el desarrollo de la comunidad, poniendo en riesgo fuentes de trabajo en un país donde casi el 39% de la población es pobre y más de 4 millones de argentinos son indigentes. Además, el deterioro de la red vial nacional y provincial en un país donde los accidentes de tránsito se cobran 20 vidas por día nos sitúan en el triste ranking de ser uno de los países con más muertes por siniestros viales en el mundo", ratificaron.
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