Las barreras de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y las del corredor atlántico continúan levantadas y no se está cobrando el peaje. El conflicto comenzó durante la madrugada del 1 de enero y, a pesar de existir una conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la Nación el lunes 2 de enero por la tarde, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), a cargo de Facundo Moyano, desoyó la medida.
A través de un comunicado, el gremio señaló que "a más de un año de la primera medida de fuerza realizada, no sólo continuamos con los mismos reclamos, sino que además, a pesar de las reiteradas reuniones que hemos mantenido con el Ministerio de Trabajo de la Nación, los acuerdos a los que hemos arribado fueron sistemáticamente incumplidos". Así, las estaciones de peaje de las trazas de rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), como la ruta 2 y 11, y la autopista Buenos Aires-La Plata mantienen sus barreras levantadas por tiempo indeterminado.
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El sindicato que maneja Facundo Moyano cargó las tintas contra el massista Ricardo Lissalde, actual titular de la empresa estatal AUBASA, que administra todos los peajes en territorio provincial. "Es absolutamente sorprendente que se sostenga al frente de una empresa estatal a un señor (Lissalde) que ha manifestado sin ningún tipo de prurito que 'a todos los sindicalistas habría que arrojarlos al mar', haciendo referencia al pasado más triste y oscuro de nuestro historia".
Por su parte, desde AUBASA aseguraron que se trató de una medida “totalmente injustificada” y expresaron que desconocían las razones. En tanto, agregaron que el paro "perjudica inmensamente a la empresa y al estado provincial y nacional, ya que estimamos una pérdida de $60 millones de pesos".
Además recordaron que “se encuentra vigente el acuerdo paritario; estamos entregando la indumentaria y materiales en tiempo y forma para la temporada estival; los aportes sindicales están al día; los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente; estamos pagando el bono que recientemente indicó el Estado nacional; y a pedido del sindicato hemos preparado un plan de reconversión laboral, que mejoraría las condiciones de trabajo de los colaboradores”.
Ante dicha situación de conflictividad, el Ministerio de Trabajo realizó una audiencia virtual entre las partes y dio por iniciada “un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”. Por ahora el paro continúa por tiempo indeterminado.
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