El impuesto inmobiliario rural de la provincia de Buenos Aires representa entre el 0,4% y el 1,8% del Valor del Ingreso Bruto de una explotación agropecuaria. Es decir, lo que recibe el productor a partir del resultado de su cosecha de soja, maíz o trigo (por citar algunos ejemplos). Este tributo está lejos de poder considerarse “un impuestazo”, tal como pretendieron instalar desde las patronales agropecuarias de la provincia.
Los sectores rurales siempre mantuvieron un profundo rechazo relacionado al pago de los impuestos, en particular el Inmobiliario Rural. En esta línea, podría recordarse al ex dirigente Hugo Luis Biolcatti tratando de iniciar una suerte de “ocupación” en la gobernación provincial luego de haberse envalentonado tras el histórico conflicto por la resolución 125. En esta oportunidad, pretenden protestar en contra de la actualización del gravamen realizada por el mandatario Axel Kicillof. La protesta fue organizada desde Carbap.
Sin embargo, el Inmobiliario Rural y su actualización, en un contexto de una inflación desbocada por la desregulación implementada por Javier Milei, sumado al recorte arbitrario de recursos desde la administración central, lejos está de considerarse un impuesto. Incluso, por su propio diseño, conserva grados de progresividad que impacta de manera positiva en los pequeño productores locales.
“El impuesto inmobiliario rural representa entre el 0,4% y el 1,8% del valor del ingreso bruto de la explotación agropecuaria. Es decir, de aquello que recibe el productor, el impuesto tiende a representar el 1%. A su vez, en los casos en los que el propietario no es productor y recibe un ingreso por alquilar el campo, el impuesto inmobiliario rural representa entre el 1,3% y el 5% del ingreso por alquiler”, explicaron desde el Ejecutivo bonaerense.
Otra de las características de esta estructura tributaria es su progresividad. Es decir, los campos menos productivos, pagan menos. “La menor proporción del impuesto al inmobiliario rural corresponde al campo de 200 hectáreas en Azul, una de las zonas de menores rindes”, puede leerse en el informe realizado por las áreas técnicas del Ejecutivo bonaerense.
En el caso de la localidad de Azul, el peso del Inmobiliario Rural sobre el ingreso Bruto es de apenas el 0,4%, mientras que para aquellos que arriendan, la alícuota se ubica en el 1,3%. En Pergamino, una región más cercana a la “pampa húmeda”, su incidencia asciende al 2,6% de lo que genera un campo promedio. En Alberti, la región más productiva, su impacto sería del 5%. La progresividad del Inmobiliario Rural no es menor.
Los ruralistas de CARBAP se alinearon a las bravuconadas de José Luis Espert, el titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados. Existe un dato más que echa por tierra las posturas de las grandes patronales. Lo que se paga por el Inmobiliario Rural pesa mucho menos en la ganancia de un productor que el impacto por los derechos de exportación. En las zonas más productivas, la relación sería un impacto del 4% (de las retenciones) en relación al Inmobiliario Rural (caso Alberti); en el otro extremo, en Azul, la relación es de apenas un 0,8%.
“Un dato interesante es comparar el monto del impuesto inmobiliario rural con el valor de mercado de la propiedad. En concreto, el monto del impuesto inmobiliario rural representa entre el 0,05% y el 0,21% del valor de mercado del predio sobre el cual se impone el tributo”, concluyeron.
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