En momentos en que el gobierno nacional se recuesta en los gobernadores y se muestra firme respecto del fallo que daría la Corte Suprema en relación a los puntos de coparticipación quitados a Capital Federal, desde el gobierno provincial vuelven a pedir mayor designación de partidas. El titular de la cartera bonaerense, Pablo López afirmó que la provincia de Buenos Aires "es la más perjudicada por un régimen de coparticipación inviable, injusto y contrario a los preceptos constitucionales".
Días atrás el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se refirió a un posible fallo de la Corte Suprema en torno a los fondos destinados al traspaso de la Policía desde la órbita nacional a la Ciudad de Buenos Aires y le solicitó al máximo tribunal que "entienda" el reclamo del resto de las provincias respecto a la distribución de recursos públicos.
"Seguimos apelando a que la Corte entienda el reclamo del resto de las provincias sobre la distribución justa de los recursos. Necesitamos la redistribución de los recursos", dijo el dirigente nacional.
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A través de sus redes sociales, el ministro detalló que la Provincia "es la que menos recursos por habitante posee y esto redunda, aún con déficit fiscal, en el menor gasto e inversión pública por habitante del país".
El funcionario dijo que "si pretendemos dar un debate serio acerca de la asignación de recursos nacionales entre las 24 jurisdicciones, no debemos perder de vista esto como fondo de la cuestión".
En una nota de opinión, López detalló que "la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción más perjudicada de un sistema de coparticipación federal de impuestos que nació como un régimen transitorio a fines de los ochenta, sin criterios objetivos de reparto".
"Hoy rige la ley de 1987 (sancionada en 1988), en la que la PBA perdió más de 6 puntos de coparticipación respecto de los que recibía hasta ese momento. Dicha ley tenía un plazo de dos años, pero fue prorrogada 'provisoriamente' por más de 30. En el camino, la Constitución de 1994 le dio jerarquía constitucional al régimen de coparticipación federal de impuestos y fijó como plazo hasta fines de 1996 para el dictado de una nueva ley con criterios objetivos. Esto no ocurrió", explicó.
"La ley fijó los porcentajes y estableció el de la PBA en torno al 22% de la masa coparticipable. El esquema vigente está reñido con la Constitución, que establece que la distribución de fondos debe realizarse en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de las partes, contemplando criterios objetivos de reparto. La Carta Magna dice, además, que será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un equivalente desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La existencia de criterios objetivos implica que el reparto se debe determinar sobre la base de indicadores cuantificables, como ocurre en la gran mayoría de los países federales que cuentan con regímenes de distribución de recursos entre provincias o estados. Lo mismo ocurre en el reparto de recursos coparticipados entre los municipios al interior de cada una de las provincias argentinas", explicó.
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