De cara a la movilización prevista para este miércoles -en conmemoración de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001,que terminaron -, organizaciones de derechos humanos y políticas presentaron ante la Justicia un hábeas corpus preventivo y colectivo para exigir que "se deje sin efecto de manera inmediata" el protocolo "antipiquete" presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El pedido, firmado por el premio Nóbel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel; y por Néstor Pitrola, dirigente y diputado nacional por el Partido Obrero, fue presentado ante el juzgado Criminal y Correccional N° 13 a cargo del Juez Subrogante, Gustavo Miguel Pierretti.
La marcha de este miércoles por la tarde está convocada por la Unidad Piquetera y está previsto que se realice desde Congreso hasta Plaza de Mayo. "Venimos a interponer formal acción de habeas corpus preventivo y colectivo, atento a que es el medio idóneo para prevenir prevenir la amenaza ilegal que afecta la libertad ambulatoria e integridad física de todas las personas que se movilizarán el día 20 de diciembre del corriente año y los dirigentes de las organizaciones convocantes a dicha movilización", arranca la presentación judicial, sobre el protocolo que Bullrich anunció como de “mantenimiento del orden público” (Resolución 943/2023) que hasta ahora recibió fuertes críticas en el ámbito nacional como internacional, por ir en contra de derechos constitucionales, interamericanos e internacionales.
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En ese sentido, en el documento equiparan al protocolo con un "estado de excepción o de sitio, sin haberse dado los supuestos que así lo habiliten", ambas situaciones -que suspenden garantías consticionales- requieren aprobación del Congreso o del presidente, en su defecto. Por ello, exigen que "se deje sin efecto de manera inmediata" porque, además, afecta "la libertad ambulatoria e integridad física" de los que se movilizarán.
"Las amenazas de la ministra (Patricia) Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Quienes incurrirán en delito no son los trabajadores desocupados que están viendo la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social que al 1% diario de inflación, sino por parte de la ministra Bullrich", advirtió Pitrola en declaraciones a Télam.
El dirigente del PO sostuvo que, por un lado, "el protocolo es ilegal porque afecta el artículo 14 de la Constitución y el derecho a la protesta que también es constitucional". Por otra parte, aseguró que las "persecuciones con métodos de espionaje usando los servicios de inteligencia de manera ilegal" contra las organizaciones sociales y la movilización bajo "la amenaza de quitar un plan" implican un hecho "discriminatorio y violatorio de la ley".
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Por su parte, la abogada y dirigenta del PO Liliana Alaniz señaló que las medidas que quieren implementar "llegan al absurdo de que cualquier persona que este viajando en un tren puede ser afectada" a pesar de que plantean que con estas medidas buscan "garantizar la libre circulación".
"En nuestro país el Estado de derecho que rige dice que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin orden judicial. Se pone en este protocolo una figura de flagrancia a un delito lo que per se ningún delito puede serlo, sino que compete exclusivamente al poder judicial", apuntó.
En el documento al que tuvo acceso El Destape, también, se refieren a la situación de niñas, niños y adolescentes, que también están contemplados en el protocolo del Gobierno en búsqueda de criminalizar a padres y madres que los lleven a una movilización. "Esta acción, se hace extensiva a los de los niños, niñas y jóvenes que participen de la movilización del 20 de diciembre, por el inminente y grave riesgo de que lo dispuesto mediante la Resolución del Ministerio de Seguridad afecte su interés superior y el principio de especialidad, que cuentan con jerarquía constitucional", sostuvieron.
En el texto también se rememora que "hace 22 años, el 20 de diciembre de 2001, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad 38 personas en la Ciudad de Buenos Aires", cuando estaba al frente del Ejecutivo una alianza de la que Patricia Bullrich formaba parte. Y, no sólo eso, también, detallaron otros hechos durante su pasada gestión en la cartera de Seguridad nacional como las manifestaciones del 14 y 18 de diciembre con motivo de la reforma previsional propuesta en el Congreso o "el operativo que terminó con la vida de Rafael Nahuel".
"La ultra intención del `Protocolo`, mediante la señalización de un grupo particular de manifestantes, presentándolos como "enemigos sociales" remonta a la metodología de las dictaduras y genocidios que se sucedieron en el país y en el mundo", subrayaron. Por eso, con la presentación "se busca resguardar el derecho a la libertad ambulatoria y la integridad física de las personas que participen de la manifestación del próximo 20 de diciembre".
Desde el PO también anticiparon que durante la jornada de protesta abogados, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos van a estar en las cabeceras de las estaciones de trenes para "impedir que Bullrich con su protocolo detengan el acceso de cualquier persona a CABA".
Con información de Télam
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