La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, anunciaron que el presidente Javier Milei les pidió que envíen al Congreso distintas propuestas de modificaciones al Código Penal, entre las que se encuentra un cambio radical en la Ley de Seguridad Interior. La intención del Gobierno, según definió Petri, es que a partir de ahora se modifiquen los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas para permitir que puedan actuar en cuestiones de seguridad interna, que les estaba vedada salvo dos circunstancias excepcionales (uno de ellos, el Estado de sitio).
"Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas bajo cumplimiento del deber", subrayó el funcionario en la antesala de un nuevo 24 de marzo sobre la estrategia elegida para combatir el avance del narcotráfico en Rosario, tras la ola de violencia de los últimos días. Asimismo, detalló que, en caso de que se apruebe el proyecto como busca el oficialismo, las fuerzas armadas "van a quedar habilitadas a hacer patrullajes, control de personas, vehículos e instalaciones, al mismo tiempo que podrán detener en flagrancia a quienes cometan delitos.
"Se posibilita la actuación de usar medios coercitivos pero se va a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las fuerzas dondes es imprescindible la proporcionalidad y gradualidad", intentó moderar Petri. Según dijo, fue el mismo presidente el que dio "instrucciones" para llevar adelante esas modificaciones.
"Es facultad del Congreso organizar a las Fuerzas Armadas pero también del Presidente disponer de las FFAA por sel el comandante en jefe, estamos modificando la ley para permitir que las FFA puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolver la tranquilidad y la paz a los rosarinos", sumó. Serán las provincias las que soliciten su intervención llegado el caso.
En el marco de la conferencia, Bullrich anunció también que se enviará a ambas cámaras el proyecto de ley Antimafias, que se inspira en el Código Penal Antimafia de Italia, la ley RICO de Estados Unidos y las leyes implementadas en El Salvador para el combate de las maras. "El hecho individual no es lo que determina la pena sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte y son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal", explicó la ministra de Seguridad. Se aplicará este nuevo cambio para los delitos de narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, explotación sexual infantil y terrorismo. "Ya no va a regir la ley nacional sino esta ley narco", sumó.
Una por una, las leyes para combatir el crimen organizado
En concreto, se trata de las siguientes leyes: contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.
Sobre la Ley Antimafias, Bullrich precisó que "va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia". Otro de las iniciativas que mencionó fue la Ley de Reiterancia, por la cual "si reiterás el delito, vas preso", detalló y advirtió: "Con esto cortamos la impunidad que siente la gente".
En un gesto hacia las fuerzas de seguridad, precisó que uno de los proyectos es el que plantea un delito contra la autoridad. "Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad", destacó.
Para finalizar, explicó una iniciativa que le apunta directamente a organizaciones gremiales como Camioneros, a la que está históricamente enfrentada. "Proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años", señaló.
En un claro mensaje al Congreso, con la intención de exponer a quienes no voten a favor estas iniciativas, cerró: "Vamos a trabajar con todos los senadores y diputados. Argentina quiere salir de la situación en la que estamos. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?".
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