Antes de mandar un paquete de leyes de Seguridad, la ministra Patricia Bullrich recibió a bloques dialoguistas en su oficina. Lo hizo para informar el estado de los textos y su pronto despacho al Congreso, a donde ingresaron, finalmente, este martes. Los proyectos se discutirán aparte de la ley Bases, por lo que no son estrictamente una prioridad. De hecho, aún necesitan de la conformación de la comisión de Seguridad Interior.
Todas las reuniones sucedieron entre tres y dos semanas atrás, en el ministerio que conduce Bullrich. La funcionaria nacional fue la que convocó a los distintos espacios y, si bien los tres bloques dialoguistas no tuvieron una asistencia perfecta en el encuentro que le tocó a cada uno, participaron varios.
En el caso del PRO, desde donde aseguran que el 100% de los diputados acompañará las reformas planteadas, Bullrich pidió un acompañamiento a las iniciativas pero no pidió que salgan a buscar votos como bloque. De todos modos, se descuenta que intentarán convencer a la mayor cantidad de voluntades posible.
MÁS INFO
El PRO tiene dos ex ministros de Seguridad en sus filas. Uno, jefe del bloque, es Cristian Ritondo y se desempeñó en la provincia de Buenos Aires. El otro, Diego Santilli, lo hizo en la Capital Federal. Pero, además, el espacio también tiene la incidencia directa del bullrichismo a través de Damián Arabia, un leal a Patricia y muy afín a los posicionamientos de La Libertad Avanza.
En la reunión, Bullrich estuvo acompañada por otros funcionarios del ministerio y le informó a los diputados que el texto estaba a punto de viajar al Congreso. Para ese entonces, lo estaba por despachar a Legal y Técnica para las pinceladas finales.
Patricia les contó sobre los detalles del texto pero, aún así y pese a que se asegura que el apoyo será total, hubo momentos de análisis parlamentario apenas ingresaron para ver qué entró, finalmente, pero también para hacerse un panorama de potenciales adhesiones. La ley Antimafias apareció como la más dura de roer, pero seguramente haya mas observaciones.
La UCR también fue al ministerio de Bullrich, aunque no toda. La temporalidad, más o menos la misma que la del macrismo. Tanto Patricia como el titular de Defensa, Luis Petri, les informaron sobre los proyectos a enviar al Congreso, pero no arribaron a ninguna conclusión ni plan de acción. Por estas horas, el radicalismo no tiene pautada una reunión de bloque para trabajar este tema.
“Pasa el filtro en general. En particular hay que ver el detalle”, dijo Fernando Carbajal, diputado de la UCR más combativa con el gobierno, ante la consulta de este medio. Sobre el encuentro con Bullrich, fue tajante: “No me reúno con funcionarios del Ejecutivo fuera del Congreso”.
La UCR logró unificarse en una batalla contra el gobierno de Javier Milei, la universitaria. El partido convocó a marchar el 23 de abril con la comunidad educativa, de Congreso a Plaza de Mayo, en lo que será un enfrentamiento claro a las políticas de ajuste del Ejecutivo. También desde el sector boina blanca se plantearon rechazos ante la postulación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte por no cumplir con la paridad de género ni el federalismo.
El bloque de Miguel Ángel Pichetto, desde donde la Coalición Cívica protagoniza una cruzada particularmente contra Lijo, también se dirigió a Seguridad para conocer, anticipadamente, las líneas de la reforma de Bullrich. Los enviados fueron el propio jefe del espacio y Nicolás Massot, pero se encontraron con la mera presentación del tema, sin profundizar en otros aspectos.
En principio, podría haber consenso para acompañar algunas de las medidas impulsadas desde el Ejecutivo pero otras aparecieron más complicadas. Por lo tanto, como se indicó desde los otros dos bloques, el análisis en particular será la clave para, modificaciones mediante, darle las herramientas al gobierno.
Cinco diputados de Hacemos Coalición Federal presentaron, poco después de conocido el paquete Bullrich, un proyecto de ley en el mismo sentido. Lleva las firmas de Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Nicolás Massot y tiene por objetivo la creación de luna fuerza federal de elite y una fiscalía especial para investigar, prevenir y desbaratar actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas, estupefacientes, trata de personas, el secuestro extorsivo, entre otros. En línea con la iniciativa oficialista.
Para estos legisladores, la delincuencia organizada es entendida como la acción de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer delitos con el fin de obtener un beneficio económico y establecen penas más severas.
Los textos, a diferencia de lo que se intentó con la reforma laboral, irán por carriles separados de la ley ómnibus. Se trata de cuatro proyectos, uno conocido como ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; la legítima defensa y cumplimiento del deber.
Para el gobierno, las herramientas son clave para combatir el crimen, por lo que llevan las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.
La ley Antimafias se circunscribe a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.
Estos delitos deberían estar “verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal”, según se explicó desde Seguridad. Para ellos, la pena más alta sería de 8 a 20 años de prisión, o reclusión por la mera pertenencia a la asociación. Uno de los puntos que más destacó Bullrich es el de la pena compartida. Por el delito más grave, la misma se aplicará a todos los miembros de la organización por pertenecer a ella. Este es el proyecto que, al menos desde el PRO, vieron con mayores dificultades a la hora de conseguir consensos.
Otra de las iniciativas es la de reiterancia, para que no sea condición que las condenas hayan sido cumplidas. De sancionarse, y en caso de ocurrir dos hechos independientes, las penas se sumarán de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años. También se prevé un registro nacional de datos genéticos para tratar los delitos contra la integridad sexual.
En el paquete de medidas se destaca la modificación del Código Penal con la introducción de la figura de legítima defensa para proteger a funcionarios de las fuerzas que cometan excesos, incluyendo, además, el concepto de obediencia debida para no imputar a estos efectivos en caso de actuar en base a órdenes de superiores.
La reforma amplía el marco para involucrar también a quien se defiende, por ejemplo, de quien ingresa a su propiedad privada durante cualquier momento del día, pero la ampliación de la cobertura también aplica para cualquier alojamiento o lugar de trabajo.
Cerrar sesión