El ataque del presidente Javier Milei a los gobernadores continúa y uno de sus últimos blancos fue el de Chubut, Ignacio Torres. Así como había denunciado que Nación le había sacado el Fondo Compensador de las tarifas del transporte público, el dirigente del PRO denunció que el gobierno de Javier Milei le retuvo "ilegalmente" 13.500 millones de pesos del dinero que corresponde a la coparticipación.
En este contexto, Torres consiguió que su reclamo tenga el respaldo de los demás gobernadores patagónicos, a la vez que anunció que si no se soluciona el envío de coparticipación, Chubut "no entregará su petróleo y gas". "Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", afirmó el comunicado firmado por los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Torres.
Por su parte, operadores del mercado de hidrocarburos observaron la declaración como otro capítulo en la saga de tensiones entre Nación y provincias, aunque señalaron que de efectivizar la medida los gobernadores estarían "poniendo en aprietos a la industria" y a las propias jurisdicciones. "Si no extraen no cobran regalías y reducen aún más sus ingresos", señalaron a El Destape, al tiempo que calificaron las medidas como potencialmente perjudiciales para el mercado interno, en caso de que se bloquee la carga en puerto.
Los mandatarios indicaron que "las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto" por lo que advirtieron: "Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio". Asimismo, aclararon que "no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes" y que "sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses".
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En ese marco, afirmaron que Chubut ""está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus". En ese sentido, señalaron que "en febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual". Y subrayaron: "No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo".
También, recordaron que la Nación le "retuvo" a Chubut el Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. "Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron", acotaron.
En ese sentido, recordaron que Torres fue a la justicia federal, que le dio la razón y declaró "a ilegalidad de la quita". "No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA", remarcaron, para acotar que ese "fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos".
"Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias", señalaron los patagonicos, quienes avalaron "la determinación" de la gestión chubutense "de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen".
Y sintetizaron: "Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas". Esta afirmación también fue ratificada por Torres en un acto en Comodoro Rivadavia.
El comunicado continúa sintetizando que "queitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas" y que "es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal".
Y cerraron: "Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina".
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