A través de un comunicado con errores de ortografía y puntuación, el Ministerio de Capital Humano insistió en que "hay una falta de control" de los fondos públicos que envía la administración nacional a las universidades nacionales y reiteró la posición del gobierno de Javier Milei de exigir auditorías por medio de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Rápidamente, desde redes sociales aprovecharon el error de la cartera que lidera la ministra Sandra Pettovello y llenaron la publicación de
"El Ministerio de Capital Humano informa que dado que el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales. La Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley 24.156", comienza el documento difundido con un error de puntuación que hace un tanto inentendible el texto.
El comunicado continúa con la afirmación de que "el dictamen jurídico compartido por la SIGEN" busca "garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno" con ese organismo como rector. "En consecuencia, no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en el ámbito de las universidades nacionales", agrega el texto.
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Citando a la Ley de Educación Superior, Capital Humano remarca que la SIGEN está facultada a "examinar en forma sistemática e integral el control interno imperante en los organismos y entes del sector público, sus operaciones y el cumplimiento de las responsabilidades financieras, legales y de gestión". Mientras que continúan: "El control que lleva adelante SIGEN es fundamental para una gestión pública adecuada, por cuanto implementa y supervisa el funcionamiento de herramientas que permiten advertir a la autoridad responsable del organismo o ente fiscalizado sobre los riesgos que existen en la organización a su cargo".
Según había precisado el propio titular de la SIGEN, Miguel Blanco, la auditoría abarcará la revisión de cuentas de 61 universidades nacionales y la revisión de 2.200 convenios con otras dependencias del Estado o empresas públicas. "En síntesis, la falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados", concluyen.
Los memes burlándose del error de Capital Humano
Las acciones legales que inició la UBA contra el Gobierno
La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió avanzar en acciones judiciales contra el gobierno de Milei por decretar que las auditorías a las casas de altos estudios estarán a cargo de la SIGEN. Una resolución firmada por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, sostiene que "esta universidad cuenta con mecanismo de auditorías internas, por una parte, y externas realizadas por la Auditoría General de la Nación, por otra parte, en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes en la materia".
"La CSJN afirmó que la autonomía universitaria implica la desvinculación de las Universidades Nacionales del Poder Ejecutivo, quedando solo sujetas a la potestad regulatoria del Congreso", indica la resolución que lleva la firma de Gelpi. Mientras que la normativa de Educación Superior contiene normas que "otorgan la mayor independencia" a dichas casas de estudio y restringe la injerencia del Gobierno nacional sobre ellas.
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En la misma línea, la UBA sostiene que "la autonomía y la autarquía universitaria consagrada en la Constitución Nacional impide que cualquier norma, con jerarquía inferior a ella, pueda subordinar la administración de la Universidad a la órbita del Poder Ejecutivo". Y alertan: "Las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN –organismo dependiente del Ejecutivo Nacional– en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal".
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