Frente al contundente paro de transportes del miércoles, el gobierno de Javier Milei avanzó, una vez más, con el hostigamiento a los sindicalistas. A través de la aplicación Mi ARgentina y en las pantallas informativas del ferrocarril se responsabilizó de la medida de fuerza al secretario Adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró.
A raíz de esto, la senadora nacional del interbloque Unión por la Patria Juliana Di Tullio denunció penalmente a Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el ataque a los dos dirigentes sindicales a través de instrumentos del Estado, por lo que incurrirían en "malversación de fondos públicos".
Di Tullio radicó la denuncia en el juzgado Criminal y Correccional Federal 4 por la presunta comisión del delito de peculado de servicios, para lo que se solicitó que se produzcan acciones de prueba frente al uso de recursos y servicios públicos con claros fines político-partidarios ajenos a los intereses estatales.
“El gobierno usa dinero público para mandar mensajes a nuestros celulares”, expresó en la senadora por la provincia de Buenos Aires. Esto, en alusión al envío de mensajes a través de la app “Mi Argentina” y de las pantallas informativas en las estaciones ferroviarias durante el último paro de transporte del 30 de octubre con el texto: “Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134”.
La amenaza fue leída y escuchada, puede decirse, por millones de personas. Tan sólo la línea Roca, cuya cabecera es Constitución, en donde sonó ese mensaje en los altoparlantes, transporta cada día cerca de un millón de personas. En tanto, la aplicación Mi Argentina, para diciembre de 2023, ya tenía más de 21 millones de personas registradas y su fin es el acceso fácil y seguro a los servicios digitales del Estado.
Di Tullio estimó en su denuncia que “el uso que se otorga a los bienes y servicios abonados por el Estado Nacional para la satisfacción de los intereses públicos comprometidos en su gestión no resulta ajeno al ámbito jurisdiccional" puntualmente cuando "esos recursos son empleados con fines ajenos a los estatales y más propios de la facción política de poder”.
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