El pronóstico indica que este domingo el cielo estará mayormente despejado en todo el territorio argentino, con temperaturas agradables (excepto en las zonas más australes) y sin probabilidad de lluvia. Meteorológicamente hablando será lo que el maestro Osvaldo Soriano inmortalizó en las últimas líneas de su novela No habrá más penas ni olvidos como “un día peronista”. El lunes, de acuerdo a las previsiones, va a pasar lo mismo.
Se trata de un escenario óptimo para que el peronismo vuelva a la calle después de dos años de pandemia y en medio de una feroz avanzada de la derecha, que en el peor momento económico y social del país en dos décadas pretende imponer una agenda de ajuste ortodoxo, flexibilización laboral y devaluación del poder adquisitivo. No serán, el domingo ni el lunes, manifestaciones de apoyo al gobierno, sino más bien marchas en defensa propia.
Decimos “en defensa propia” en dos sentidos. Social, porque un nuevo shock como el que promueve la oposición, después de tres años de recesión y una década de estancamiento y partiendo de un 40 por ciento de pobreza hundiría a la Argentina en una crisis peor que la de comienzos de siglo. Según los números que maneja el gobierno, una devaluación del 20 por ciento del tipo de cambio oficial arrojaría dos millones de personas más a la pobreza.
Político, por otro lado, porque todos los dirigentes y militantes peronistas son potenciales víctimas de la persecución que anuncia la derecha si vuelve al poder. Los mecanismos del lawfare siguen intactos. Lo demostró Casación esta semana, dictaminando que Gustavo Hornos es imparcial para juzgar a Mauricio Macri luego de que el propio juez confesara ser su amigo para no explicar las asiduas visitas a Casa Rosada y Olivos.
La unidad ratificada tras la derrota en las PASO es un mecanismo de defensa ante ese doble avance, pero no disimula las tensiones internas, que quedaron en evidencia por las idas y vueltas respecto a la convocatoria del 17 y 18 de octubre. Finalmente, aunque no es un juego de suma cero y habrá figuritas repetidas, las dos movilizaciones representarán a los dos continentes que están tomando forma al interior de este nuevo Frente de Todos.
Hoy domingo marchará aquello que históricamente se caracterizó como kirchnerismo, incluyendo a su base de movilización silvestre, La Cámpora, las organizaciones de derechos humanos y otros espacios políticos que se encuadran ante la conducción que tiene su epicentro entre el Instituto Patria y el Congreso de la Nación. Será parte de la convocatoria la CTA y los sectores de la CGT que fueron excluidos de la marcha del lunes.
Esa movilización, convocada tradicionalmente por la central obrera y que tiene epicentro a pocos metros del edificio de la calle Azopardo, incluirá a las organizaciones sociales pero ejerció derecho de asistencia contra otros sectores del sindicalismo. Se trata del polo alrededor del que intentará organizarse el peronismo no kirchnerista con la intención de plantar bandera en una eventual interna de cara al 2023.
Si se consolidan esos dos bloques y se logra institucionalizar la gestión de las diferencias que existen entre ambos, el peronismo tendrá posibilidades de dejar atrás la crisis y reinventarse para ofrecer, en las próximas elecciones presidenciales, una opción competitiva. Caso contrario, se corre el riesgo de que el esfuerzo de sostener la unidad se vuelva cotidiano y le quite energías y recursos de lo verdaderamente importante y prioritario.
Ordenar el frente externo y apurar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios en la Argentina no sólo son las dos prioridades que el gobierno debe resolver de manera urgente si quiere desactivar la bomba de tiempo económica que hace tic tac en manos del ministro Martín Guzmán. Son, si se quiere, el mínimo denominador común de las demandas del que llevó al Frente de Todos a la presidencia en el año 2019.
El presidente Alberto Fernández confirmó en la semana que espera cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de año, como había anticipado El Destape en este espacio hace quince días. Las reuniones que tuvieron los equipos técnicos de Martín Guzmán con funcionarios de ese organismo esta semana en Washington se manejaron en el marco de esa línea de tiempo. Todo apunta a alcanzar un preacuerdo en diciembre.
Aunque algunos de los que van a marchar a Plaza de Mayo llevarán como consigna un rechazo al acuerdo con el FMI, eso no pone en riesgo las conversaciones en curso, apoyadas por toda la cúpula del oficialismo. No se trata de una aprobación moral de la deuda adquirida irregularmente por Macri sino de un cálculo sencillo de costos y beneficios: las consecuencias sociales y económicas del default son peores que las de acordar.
De su semana en Washington Guzmán se trae buenas noticias que fueron reflejadas oportunamente por los medios locales, como la continuidad de Kristalina Georgieva y el apoyo del G20 a la posición argentina para recortar las sobretasas. También dejó salgo positivo la reunión que mantuvo, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el economista Emmanuel Alvarez Agis, con inversionistas en Nueva York.
Menos repercusión tuvo su bilateral más relevante, con el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, que será en pocas semanas el sucesor de Angela Merkel si prosperan las negociaciones del Partido Socialdemócrata, el más votado en las últimas elecciones alemanas, para formar una coalición de gobierno. Mientras seguía a distancia las novedades en Berlín, Scholz recibió a Guzmán durante casi una hora.
Eso da cuenta de la importancia que tiene el caso argentino en el mundo, lo que significa al mismo tiempo una oportunidad y una maldición. Cuando las reglas financieras globales se encuentran en cuestión, su solución será un hito político, bien para los que buscan una arquitectura alternativa como para los que quieren dar una lección que consolide el status quo. Se juegan cosas mucho más grandes, en mesas donde no estamos convidados.
Una resolución satisfactoria del frente externo es indispensable para contar con las divisas que permitan ordenar la macroeconomía sin recurrir a una devaluación abrupta del peso que profundice la crisis social. En el largo plazo, no existe respuesta al problema de la inflación mientras no haya un flujo positivo de dólares que garantice la estabilidad, condición necesaria para expandir la inversión privada, tanto extranjera como local.
En el corto plazo, sin embargo, la suba del IPC en septiembre, muy por encima de los cálculos más pesimistas, y la aceleración del aumento de precios que detectó el gobierno durante la primera quincena de octubre forzaron la llegada de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio para implementar un congelamiento de precios de más de 1200 productos de la canasta básica hasta fin de año. Un freno de mano al borde del precipicio.
En el tiempo ganado se deberá avanzar con un pacto para acomodar y estabilizar precios y salarios. Ante la negativa de la oposición a sentarse a la mesa de diálogo, el gobierno decidió saltar intermediaciones y hablar directo con el círculo rojo. Un almuerzo en Casa Rosada y la visita de Fernández al coloquio de IDEA fueron los contornos visibles de una agenda en común bastante más frondosa que se activó esta semana.
Se trata, después de todo, del intento número N de establecer una alianza entre el peronismo y un sector del capital nacional, que Cristina Fernández de Kirchner plantea desde que comenzó a pensar qué características debería tener un gobierno peronista a partir de 2019 y que fue la premisa por la que eligió en ese entonces proponer como candidato a presidente a Fernández y, más cerca en el tiempo, como jefe de Gabinete a Manzur.
En la presentación de su libro en la rural, a comienzos de 2019, habló de “un nuevo pacto social”. En octubre del 2020 escribió que el problema de la economía bimonetaria “es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”. Y ayer, en la ESMA, insistió en “una refundación en la argentina de aquel pacto entre los trabajadores y el capital”.
Sigue siendo un misterio la predisposición del empresariado argentino para apostar a una salida consensuada de la crisis a costa de postergar por un tiempo la recomposición de sus márgenes de ganancia. Si sigue primando, en cambio, la postura de insistir en reformas laborales inviables o en la salida del cepo vía devaluación, el gobierno deberá encontrar en las calles llenas de gente este 17 y 18 de octubre el valor para hacer lo que sea necesario.
Según explican esos mismos empresarios, la inflación se debe a que hay demasiados pesos en la calle. Pero basta con caminar un poco, no digo el conurbano profundo ni una ciudad del interior, sino cualquier barrio porteño, para notar que para la mayoría de los argentinos el dinero no abunda. No hace falta un doctorado en Economía para darse cuenta de cuál es el problema y cuál la solución si en un lugar sobra tanto lo que tanto falta en otro.
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