El viernes fue el último día hábil de abril y a las docentes de la escuela pública en CABA les llegaron sus recibos de sueldo, con el descuento correspondiente a los días que no concurrieron a la escuela tal como establecía el decreto de necesidad y urgencia que firmó Alberto Fernández hace dos semanas. Por cada turno que no estuvo en un aula, una maestra resignó alrededor de 1500 pesos de su salario de menos de 40 mil, a pesar de que en muchos casos mantuvo el contacto con sus alumnos de manera virtual.
La medida de fuerza para acompañar la decisión presidencial, tomada en una inédita unidad por los tres gremios docentes más representativos de la ciudad, lleva once días. Como la mayoría trabaja a jornada completa, eso significa más de 30 mil pesos menos en el bolsillo de cada uno de los que acompañaron todo ese tiempo. Esta semana, la secretaria general de UTE, Angélica Graciano, en diálogo con Habrá Consecuencias, lo graficó a la perfección: “Nos descuentan lo que vale un sepelio. Mejor que nos lo descuenten”.
Aunque resulta difícil calcular el grado de adhesión de un paro de estas características, que fue superior al 90 por ciento en las primeras jornadas y luego se fue reduciendo por el peso de las sanciones y de las presiones de directivos y funcionarios, una estimación conservadora arroja que si un cuarto de las 60 mil docentes de la escuela pública porteña dejó de hacer trabajo presencial desde que comenzó el DNU, Horacio Rodríguez Larreta, al castigarlos con descuentos, se hizo con una caja de más de 500 millones de pesos.
El descuento salarial no es el único método al que apela el gobierno porteño para sostener la farsa de una presencialidad que, entre las burbujas aisladas por casos de Covid y contactos estrechos, la adhesión al paro y las familias que decidieron no enviar a sus hijos a clases, en la práctica sólo existe en las conferencias de prensa con fondo de cartón amarillo. Las amenazas y los aprietes están a la orden del día, según pudo constatar El Destape hablando con docentes, directoras y padres, que prefieren resguardar su identidad por motivos obvios.
Desde la punta de la pirámide alimenticia, el ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña digita instrucciones para llevar la cuenta de los trabajadores que no concurren a su lugar de trabajo pero también de los alumnos que no asisten a clase. Los funcionarios presionan al escalafón directivo de las instituciones para que ellas, a su vez, transmitan la presión a las docentes. Cuando comenzó el paro, les pidieron listas de los niños y niñas que dejaron de ir a la escuela. Pesa sobre sus familias la amenaza de que les quiten la vacante.
Otra orden que baja en ese esquema es desincentivar la virtualidad. La medida de fuerza votada por los sindicatos solamente contempla la no presencialidad y en la mayoría de los casos se sostuvo el contacto a distancia, hasta que intervino la autoridad. Como resultado, hubo en CABA menos horas de clase que en distritos que adoptaron la modalidad remota, como la provincia de Buenos Aires. O se vieron escenas absurdas: niños en el aula teniendo una clase, a través de sus teléfonos, con un docente aislado en su casa.
“La educación es nuestra prioridad”, dice Rodríguez Larreta, de campaña, fondo amarillo, mientras la pandemia se ensaña con la ciudad que gobierna. La realidad es otra: en 14 años de gobierno del PRO el presupuesto destinado a ese área en la ciudad se redujo diez puntos: pasó de representar el 27,8 por ciento de la torta en 2007 al 17,2 por ciento actual, número que le confiere el dudoso honor de ser el distrito que menos invierte en todo el país. Y cuando hay presupuesto, se subejecuta.
Más de 500 millones de pesos que estaban destinados a la mejora de la infraestructura escolar no serán ejecutados porque el gobierno porteño dejó caer licitaciones por ese valor para obras nuevas, ampliaciones y refacciones de escuelas públicas, informaron hace los periodistas Werner Pertot y Constanza Bonsignore. La mayor parte estaba destinado a establecimientos en las comunas 4 y 8, que comprenden los barrios más pobres de la ciudad. En pandemia, no hubo una sola obra para adecuar los edificios.
Rodríguez Larreta tampoco dispuso siquiera de un peso para ayudar a los vecinos de la ciudad que vieron su situación deteriorada por la crisis. Tampoco hay ninguna línea de auxilio a los comercios y empresas ante las restricciones que ahora recaen exclusivamente sobre sus espaldas, toda vez que rechazó cumplir con el decreto presidencial que podría haberle dado cobertura. Ni a gratificar a los enfermeros y enfermeras que están en la primera línea desde hace más de un año mientras el GCBA se niega a reconocerles el grado profesional.
Sumando los descuentos a docentes y las obras de infraestructura escolar no ejecutadas, el GCBA sustrajo del sistema educativo más de 1000 millones de pesos. No es difícil adivinar a dónde fueron esos fondos. El dinero es fungible y el viernes pasado, mientras se depositaban con descuentos los salarios docentes, el Boletín Oficial porteño declaraba contrataciones por 830 millones de pesos con una docena de consultoras para hacer Estudios de Opinión Pública . Entre la salud y la economía, Rodríguez Larreta elige la campaña.
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