En marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia y el país ingresó en una cuarentena estricta, la recaudación de los principales impuestos, IVA y Ganancias, se desplomó 11,3 por ciento respecto al mes anterior. En marzo de 2024, producto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, la caída fue incluso más pronunciada: 11,6 por ciento en la comparación con febrero. Con estos números peligran las estimaciones de superávit para el resto del año, pilar del plan económico del ministro tahur, Luis Caputo. Una vez más, las teorías económicas se estrellan contra la inevitable superficie de la realidad. Los daños causados por el impacto se expanden, como metralla, a lo largo y a lo ancho del país.
Distintas estimaciones privadas coinciden en mesurar la caída de la actividad industrial de febrero entre siete (FIEL) y ocho (Orlando Ferreres) puntos en términos interanuales. Para la industria automotriz el desplome fue de 19 puntos y no encuentra fondo. Con el patentamiento un 18,7 por ciento abajo que en 2023, el uso de la capacidad instalada está por debajo del 30 por ciento. Esta semana se supo que Toyota abrió 400 retiros voluntarios en su planta de Zárate. Renault desvinculó 270 trabajadores contratados en Santa Isabel, Córdoba y también ofrece retiros y jubilaciones anticipadas. General Motors paralizó su planta en Alvear, provincia de Santa Fe, porque no accede a dólares para importar autopartes.
La industria pesada, otro pilar de la actividad industrial, también está en crisis. Las cuatro plantas de Acindar están paralizadas desde febrero y sin fecha de reapertura. El motivo es una caída del 40 por ciento de la demanda a causa del freno en la construcción, el rubro que explica, mayoritariamente, las compras de acero. No solamente cayó a prácticamente cero la obra pública, que suele funcionar como motor contracíclico en temporadas recesivas, sino que también se planchó la iniciativa privada. El boom inmobiliario en las grandes ciudades sufrió como pocos la suba de precios en dólares y la mayor parte de los edificios en obra que se multiplicaban hasta diciembre ahora están en un impasse sin solución a la vista.
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Los despidos en el Estado, que se cuentan en más de diez mil solamente la última semana, número que va a seguir creciendo, echan por tierra cualquier esperanza de un repunte en el consumo, lo que impactará de lleno en la actividad comercial. Hasta las grandes empresas se ven afectadas por esa caída, que en febrero fue de un 3,5 por ciento interanual. Las persianas bajas ya son, nuevamente, parte del paisaje, cuando todavía no impactaron los aumentos en la luz y el gas, que empiezan a sentirse a partir de ahora. Eso, a su vez, volverá a alimentar la inflación, que para el mes que termina se estima entre los 11 y los 13 puntos, equivalente a los peores datos de la gestión anterior, y en un contexto recesivo mucho más profundo.
Cada puesto de trabajo perdido en el sector público no solamente tiene detrás una tragedia familiar sino que implica el desarme metódico de las capacidades estatales. Un caso llamativo es el desmantelamiento del plan nuclear a partir del despido de los obreros que trabajaban en la obra civil de los reactores CAREM-25, en Lima, y RA-10, en Ezeiza. El CAREM es el primer reactor de potencia íntegramente argentino, un proyecto de avanzada casi sin pares en el mundo, destinado a dar energía de forma autónoma a ciudades medianas o pequeñas. El RA-10 es un reactor multipropósito que puede usarse para la producción de isótopos medicinales e insumos para la fabricación de chips de alta potencia.
Es importante destacar que la motosierra no sirve para ahorrar dinero ni para hacer más eficiente el Estado. No se ahorra dinero porque las capacidades que se pierden en el desguace deben ser, en muchos casos, reemplazadas por el sector privado, a un costo mayor que suele esconder corrupción o beneficios a empresas amigas. Es el caso del Servicio Meteorológico Nacional, cuyo trabajo es imprescindible para actividades como la agricultura y la navegación aérea. La tarea que hasta ahora realizaba el SMN no quedará vacante sino que recaerá en empresas que seguramente harán buenos negocios. El dinero destinado a pagarles saldrá de las arcas públicas, pero sin brindar a cambio externalidades positivas.
Tampoco ganará el sector público en eficiencia. Esto, por ejemplo, resulta evidente en el caso de las agencias e institutos que hacen abordaje territorial. Argentina es el octavo país más extenso del planeta, teniendo en cuenta solamente su territorio continental, y necesita capacidades que tengan capilaridad en cada uno de los rincones. Cuando, por ejemplo, se desarma el Instituto de Agricultura Familiar, responsable del 60 por ciento de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos, y se despide a 900 trabajadores, se transforma una agencia con inserción territorial efectiva en una oficina con 60 burócratas en el microcentro porteño y pierde completamente el sentido de existir. Es parte del plan.
Esta semana el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, aseguró que la institución tiene fondos para funcionar apenas “hasta mayo o junio”, algo que no sucedió nunca en sus 202 años de historia. La misma situación se repite en centros de estudio en todo el país, que se encuentran, invariablemente, en emergencia económica y con incertidumbre respecto a su continuidad. Son dos millones y medio de estudiantes afectados, además de otros roles que cumplen, como el aporte que hacen al sistema científico nacional e incluso a las grandes empresas que son el principal sostén político del gobierno. Ni el sector de hidrocarburos ni el agro ni la tecnología del conocimiento podrían sostenerse sin egresados de la universidad pública.
Ante este escenario ya no queda margen para que la dirigencia política siga jugando a ganar tiempo o sacar ventaja de la ambigüedad. Esta semana, dos gobernadores de provincias importantes, el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, manifestaron nuevamente su voluntad de colaborar con Milei para “darle las herramientas necesarias”, es decir aprobar la ley de Bases y sostener el DNU. La respuesta del gobierno nacional fue un nuevo decreto recortando las partidas destinadas a las cajas previsionales de 13 provincias y eliminando definitivamente los fondos destinados al pago de salarios docentes y a subsidios al transporte en el interior del país, mientras se mantienen, parcialmente, en el área metropolitana.
Algo parecido sucede con la obra pública. El martes, el ministro de Interior, Guillermo Francos, se reunión con los diez gobernadores del norte grande y les prometió destrabar partidas destinadas a infraestructura a cambio de avanzar en la agenda del vaporoso Pacto de Mayo, incluyendo la aprobación de la ley combi. Sin embargo, casi a la misma hora, reunido en penumbras con empresarios del sector de hidrocarburos, Milei se manifestó “profundamente orgulloso” de “eliminar la obra pública de cuajo” porque “es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual toda la gente de bien debería oponerse”. Como en enero, sus funcionarios llegan a acuerdos de los que luego el presidente se desentiende.
Ante esa situación, cumplidos largamente los primeros cien días de gestión y sin señales que anticipen un cambio de rumbo del gobierno (por el contrario, tanto el presidente como sus voceros se jactan de ser inflexibles) ya no hay margen para seguir jugando al opositor razonable, ni para especular con darle hasta ahí a cambio de un puchito o la promesa de un puchito. Ser ambigüo frente a un absoluto no es inteligente sino timorato, cobarde o acomodaticio. De un lado quienes quieren que la Argentina sea un país sin universidad pública, sin plan nuclear, sin industria pesada, sin un Estado capaz de mediar en las inequidades sociales y geográficas, sin relaciones exteriores razonables. Del otro lado, el resto.
El 24 de marzo el pueblo demostró que existen formas de ponerle límite al avance inflexible de la maquinaria destructora encabezada por Milei. La conjunción de una multitud en la calle con una clase dirigente que, por un día, dejó de lado la tibieza, los pruritos y las internas para marcar claramente su posición evitaron que se ejecuten los planes que tenía para esa fecha. Finalmente la provocación se limitó a un panfleto mal ejecutado y un puñado de tuits reivindicativos del terrorismo de estado que se perdieron en una marea pidiendo memoria, verdad y justicia. Esa misma reacción, de abajo hacia arriba, marca el camino ante los miles de despidos de trabajadores estatales. Falta, ahora, que la dirigencia haga su parte.
El Congreso de la Nación debe volver a sesionar de manera urgente para rechazar el DNU 70/23 y avanzar con otras discusiones: leyes que protejan el poder adquisitivo de los jubilados, el presupuesto educativo, los medios públicos. Incluso, aunque el gobierno no lo impulse, podrían avanzar con el tratamiento del presupuesto 2024, actualizando las partidas a montos más razonables, que le den un desahogo a provincias, universidades y organismos autónomos. En ningún lugar de la Constitución dice que el Poder Legislativo debe limitarse a ser un jurado que apruebe o repruebe las propuestas del Ejecutivo, ni que éste tenga el monopolio de la iniciativa política. Muy por el contrario.
La consolidación de una mayoría opositora ha demostrado ser posible en el Senado y es factible en la cámara de Diputados. A los 99 votos de Unión por la Patria pueden sumarse cinco del Frente de Izquierda, 11 de los 34 radicales, los seis de la Coalición Cívica, los dos socialistas, Margarita Stolbizer, Natalia De La Sota, y los dos diputados que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Esa cuenta da 127 votos seguros. El fiel de la balanza lo tienen los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilnek; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Carlos Rovira; de Chubut, Nacho Torres; más el cordobés Llaryora y el santafesino Pullaro. Con dos votos se termina el experimento.
La proliferación de debates internos en los dos partidos históricos, el peronismo y la Unión Cívica Radical, tiene lecturas contrapuestas. Depende a quién se le pregunte son la evidencia de que Milei tiene cuerda para rato o una señal de que se anticipan las disputas por la sucesión. En cualquier caso, resulta imprescindible que esas disputas sintonicen con las urgencias de la población. El radicalismo vive una batalla para marcar el rumbo político que probablemente termine en un nuevo cisma, pero también dirime liderazgos. Esta semana en Córdoba Ramón Mestre Jr. lanzó un desafío al sensible Rodrigo De Loredo. En Corrientes, que elige gobernador en 2025, el ex Ricardo Colombi prepara su ofensiva contra el actual, Gustavo Valdés.
El peronismo, en tanto, parece concentrado en su versión de aquella canción de la chiva: Wado De Pedro embiste contra el fantasma de Alberto Fernández, Martín Guzmán lo cruza a través de las redes sociales y luego Sergio Massa, a través de sus voceros, ataca a Guzmán. Mientras tanto, la chiva no quiere salir de ahí y es difícil, para una población a la intemperie, encontrar en ese aldón pirulero ninguna idea sobre cómo sobrevivir al ataque sistemático del gobierno de Milei y, menos aún, motivos para volver a confiar en aquellos que, durante los últimos cuatro años, se desentendieron de su contrato electoral, ensimismados en la misma interna que ahora. ¿Es necesario discutir? Absolutamente. Tanto como elevar el nivel del debate.
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