A última hora del último día hábil antes de Nochebuena el gobierno nacional dio a conocer un decreto que dejará en la calle a partir del primero de enero a más de siete mil empleados públicos. El contrato electoral de Javier Milei con quienes lo eligieron en segunda vuelta, contra un peronismo de penosa performance en los últimos años, puede incluir ajuste y represión pero difícilmente contemple ese nivel de crueldad que puede confundirse con sadismo, ni la sorna del ministro sin cartera Federico Sturzenegger, ni el amateurismo pornográfico de la canciller Diana Mondino, que rompe todo lo que toca.
Tampoco figura, en ese compromiso político, la Navidad sin nada para festejar que espera esta noche a millones de hogares en todo el país. Una mesa sin lujos para una reunión de ocho personas de clase media, con tres kilos de asado, una ensalada, un poco de queso, salame y pan para picar, un kilo de helado, dos vinos, dos gaseosas y una sidra no se consigue por menos de 40 mil pesos, prácticamente el doble de lo que costaba hace un mes. 40 mil pesos antes de comprar cualquier regalo o una cañita voladora. ¿A cuántas familias no le alcanza? ¿Cuántas no van a tener ni eso?
Ese es el drama que se incuba debajo de una agenda enfocada en la lucha por el control de la calle y el embate de Milei y Sturzenegger contra el Congreso de la Nación. La venta de carne en mostrador se desplomó a la mitad en el último mes. Las jugueterías están teniendo su peor diciembre desde 2001. Las reservas turísticas para el verano se desplomaron. En Patagonia las reservas están al 30 por ciento, contra 95 del año pasado. En Córdoba van del 35 al 55 por ciento. En 2023 trabajaron a plaza llena, igual que en la costa bonaerense, donde hoy cayeron hasta el 40 o 50 por ciento. No hay plata ni para la nafta.
Una realidad que ya resulta palpable explica los cacerolazos de esta semana más que el discurso del presidente por cadena nacional o los detalles de un DNU que muchos no necesitan leer a fondo para entender como una amenaza. No solamente se hizo escuchar, con fuerza, en los barrios de clase media porteña. También en Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, La Plata, Posadas, Mendoza, Ushuaia, Pergamino, Tandil, Vicente López y Morón. Van solamente dos semanas de gobierno. Creer que se trata de una marea revolucionaria es tan extraviado como pensar que no significan un problema para Milei.
Sólo en el extraviado mundo de las redes sociales de las que se alimenta el presidente y los medios amigos, que cada vez tienen más problemas para preservar su contenido de la realidad que se cuela por las hendijas, el levantamiento de la clase media urbana en todo el país a menos de dos semanas de comienzo del mandato puede ser un detalle pasible de omisión y sin efecto en las condiciones objetivas para gobernar el país. Es verosímil la tesis de que entre los manifestantes no había, todavía, votantes oficialistas (aunque nadie ha mostrado datos que la respalden). Aún si fuera cierto, no deja de ser un problema.
Por ejemplo: es estadísticamente seguro que entre los caceroleros reprimidos en Córdoba frente al Patio Olmos por un operativo ilegal e injustificado había votantes de Martín Llaryora. O que en Rosario y Santa Fe salieron a la calle personas que hace pocos meses eligieron a Maximiliano Pullaro. Lo único más valioso para los gobernadores que una buena relación con la Casa Rosada es su propio electorado. Si se sigue tensando esa cuerda entre la clase media en el interior y el gobierno nacional quedarán comprometidos los acuerdos que pueden facilitarle al presidente cualquier trámite parlamentario.
Los cacerolazos funcionan también como anticuerpos contra la normalización de un nuevo status quo empujado desde el discurso oficial y los medios que lo replican. No es normal que el ganador de una elección lleve a cabo el plan del que salió tercero. No es normal chivear una empresa extranjera por cadena nacional. No es normal que en Argentina la carne salga lo mismo que en Europa. No es normal que la policía suba a colectivos a filmar a ciudadanos. No es normal arrogarse la suma del poder público para imponer una reforma que, si se concreta, volverá irreconocible al país y la vida de quienes lo habitamos.
El protocolo de Patricia Bullrich quedó sin efecto en menos de 24 horas. Como ya había pasado ocho años antes, la bravuconada que la ministra de Seguridad diseñó entre cuatro paredes se demostró intraducible a la vida real. El miércoles por la mañana se sobreactuó orden, con mensajes por altoparlantes y requisas ilegales a medios de transporte. A media tarde, las organizaciones sociales marcharon por la vereda mientras la policía interrumpía el tránsito preventivamente en el microcentro. A la noche, cuando miles de personas cortaron las principales avenidas de todos los barrios porteños, la norma había dejado de existir.
A no confundirse: lo que se cayó fue una máscara, el disfraz de legitimidad que se intentó montar para maquillar la violencia institucional de siempre, que va a seguir formando parte del paisaje cotidiano porque es un requisito necesario para implementar el plan económico de Milei. ¿Y cuál es ese plan? Ahora lo sabemos. El presidente adoptó el plan de Mauricio Macri, pero no en su versión de 2016 sino la tardía, la de 2019, tal y como lo definió el propio fundador del PRO en una entrevista con el extraordinario escritor y pésimo político peruano, Mario Vargas Llosa. Lo mismo pero más rápido.
Cada etapa del plan se desarrolla con transparencia delante de los ojos de todos. El primer paso lo dio Luis “Toto” Caputo al anunciar las primeras medidas económicas, que significaron una inédita transferencia de recursos de abajo hacia arriba instrumentado mediante una devaluación y el abandono por parte del Estado de cualquier rol de mediación o control en la cadena de comercialización. En el camino hacia su propia hiper autoinflingida, Milei le saca al laburante, al que cada día el sueldo le alcanza para menos, y le da al 0,01 por ciento más rico del país, un puñado de familias que nunca pierde.
Son los mismos que salieron con un comunicado de AEA a celebrar el DNU. Envalentonados, no tienen pudor de celebrar, con nombre y apellido, el avasallamiento del Congreso. Otrora fanáticos de la seguridad jurídica ahora celebran a un tirano wannabe que parece dispuesto a darles todo lo que pidan. Lo que parecía una norma confeccionada a medida de sus intereses podría tener todavía una sorpresa más: las grandes corporaciones no solamente se repartieron los beneficios que establece el mega decreto sino que también fueron sus autores. Milei privatizó el Poder Legislativo. Artículo 29 de la Constitución.
El DNU fue la segunda etapa del plan. Una vez que la devaluación, la hiperinflación y el carry trade vaciaron los bolsillos de los argentinos para llenar las arcas de los magnates de AEA, la reforma integral del Estado busca desmontar meticulosamente las herramientas con las que cuenta la población para revertir, trabajosamente, ese proceso de concentración. La tercera etapa, la única que quedará pendiente una vez que el decreto entre en aplicación, será la dolarización, que tendrá como objetivo congelar directamente la foto, tallar en piedra un status quo regresivo, con ricos más ricos que nunca y pobres para siempre pobres.
Las advertencias fueron hechas, vienen por la clase media. Y eso va a verse muy pronto. Ya mismo, hoy, se siente en el supermercado. Las segundas marcas se volvieron frecuentes y algunos lujos (carne, lácteos, fruta fresca) ya quedan fuera del alcance cotidiano. Ni hablar de ir al cine o cenar afuera. En enero va a empezar a impactar la suba de los alquileres desregulados: el que vive cerca del trabajo se deberá mudar a una hora y pico de viaje. El que tenías tres o cuatro ambientes se achicará a uno o dos. Y el que ya vivía en un lugar chico y lejano probablemente deba mudarse a una villa.
Las prepagas, que no se enteraron que ahora rige el libre mercado, acordaron entre sí un aumento del 40 por ciento, que informaron a sus socios al mismo tiempo y con las mismas palabras. Muchos deberán darse de baja y refugiarse en obras sociales más económicas o en la salud pública, que experimentará en simultáneo un aumento de la demanda y una caída brutal de su financiamiento. Lo mismo va a pasar en marzo con la educación privada y la pública. El desempleo va a empezar a notarse y las persianas bajas volverán a ser parte del paisaje habitual. La destrucción de la clase media estará en marcha.
Apañado por los dueños del país, Milei, que hizo campaña prometiendo ajustar a la casta para no hacer recaer la penuria sobre el resto de la población, decidió abrir todos los frentes de conflicto al mismo tiempo. Ni el presidente ni los que financian su aventura parecen comprender el peligro que subyace detrás de semejante estafa electoral. Mucho menos, que al elegir ese camino el mandatario está cometiendo el peor error posible. Porque el grito que empieza a resonar ahora en los cacerolazos, y que ya era un murmullo de fondo durante la campaña, es “que se vayan todos”.
Milei tuvo la chance de envolverse en esa bandera. La sociedad argentina le dio ese mandato. Pero él, abrazándose a la casta, a los Bullrich, Caputo, Sturzenegger, a los Rocca, Eurnekian, Galperín, eligió ser parte del “todos” que está siendo invitado a retirarse. Y si esto sigue así, la cosa no va a terminar bien. Pero a diferencia de 2001, cuando llegue el estallido (que el propio presidente prometía en su campaña) no va a haber asambleas populares. Mucho menos van a ir a buscar al peronismo, que tiene el crédito agotado hace rato y ninguna tarea más importante por delante que reconstruirlo con suma urgencia.
Muchos criticaron esta semana la demora de la CGT para convocar a un paro nacional, o de los dirigentes del PJ para plantarse a fondo ante la embestida del gobierno. Pero lo cierto es que si Milei llegara a caer ahora no hay ningún dirigente peronista con legitimidad para reconstruir un proyecto de poder lo suficientemente amplio. Lo más probable, si el experimento termina demasiado pronto, es que la salida no sea hacia el centro sino un paso más en la espiral descendente. El peligro está a la vuelta de la esquina y tiene un rostro que en la Argentina no hemos visto en los últimos cuarenta años.
El enorme desafío opositor es plantarse para evitar que se implementen cambios estructurales que luego resultará imposible revertir, pero con la inteligencia suficiente para leer el clima social y volver a conectar con las demandas del pueblo. Dejar de lado los acuerdos de cúpula, las internas, las fotos y los tuits y dedicarse exclusivamente a la tarea de representar a los que este gobierno va dejando en el camino, que son muchos y pronto van a ser muchos más. Lo demás va a definirse cuando llegue la hora, ni un segundo antes, y solamente si hasta entonces las cosas se hicieron bien.
La responsabilidad se mide en el tamaño de la amenaza que asoma del otro lado. Sobre las decisiones tomadas en estas dos semanas de gobierno y montados sobre el clima de hartazgo que nada hicieron para solucionar los anteriores, galopan en el horizonte los cuatro jinetes del colapso estatal. Los cuatro factores que se complementan y potencian y pueden destruir en poco tiempo todo lo que aún conservamos del gran país que, con marchas y contramarchas, supimos ser, sabemos ser, queremos ser. Eso, nada menos, es lo que se juega la Argentina en el año que comenzará en pocos días.
El primer jinete ya está aquí y es la plutocracia, el gobierno de los más ricos por la fuerza de su fortuna. El DNU confeccionado por las principales empresas del país en reemplazo del Poder Legislativo es su ejemplo más acabado. Lo reconoció Sturzenegger: su objetivo era un cambio de régimen. Lo dijo en la campaña el propio Milei: no cree que la democracia sea el mejor sistema. El país atendido por sus dueños, que obtura de esa forma cualquier amenaza al status quo, gane quien gane las elecciones. Se trata de un factor que favorece la llegada del segundo jinete.
La fragmentación política es la consumación del vaciamiento absoluto de los mecanismos de poder regidos por la voluntad popular. El modelo peruano. La ruptura permanente de los lazos de representación y la licuación del poder político a manos de las corporaciones. Uno de los proyectos incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias que informó el viernes la Casa Rosada es la boleta única. Su aplicación estimula la atomización de la oferta electoral y atenta contra la posibilidad del trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. No es una falla del sistema sino su objetivo.
Ese escenario de vacío de poder es abono fértil para que se desarrolle el tercer factor, el tercer jinete. Es el narcotráfico, que ha demostrado en la región (y también en Santa Fe) una facilidad inmensa por ocupar los espacios de los que se retira la política, para luego hacer metástasis en el propio Estado. El proyecto de dolarización, la pauperización de la clase media y la desaparición de instrumentos de regulación y control invitan a que el narco se instale definitivamente en todo el país. Una vez que están adentro, que compraron políticos, medios, ejércitos y empresas, no se conoce una receta efectiva para sacarlos.
Y detrás de esos tres jinetes que anuncian el colapso del Estado aparece el cuarto, que tiene el rostro de Bullrich y de Victoria Villarruel, y es un Estado militar o policial, el final de las libertades. El caso de El Salvador nos recuerda que para eso ni siquiera es necesario derrocar a las autoridades electas. Plutocracia, fragmentación política, narco y Estado policial militar. Son los cuatro peligros que nos respiran en la nuca y pueden dar vuelta como una media el país y la vida de 47 millones de argentinos en muy poco tiempo y de manera irreversible. Ese es el tamaño del desafío que existe por delante.
Van solamente dos semanas del gobierno de Javier Milei.
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