Cuando la cadena Fox comenzó a emitir Los Simpsons, en diciembre de 1989, resultaba perfectamente normal que una familia tipo de cinco miembros viviera en una casa propia en un suburbio de clase media con habitaciones para cada uno de ellos y un garage con espacio para sus dos autos gracias al único salario de Homero, un operario sin estudios profesionales que además puede solventar su visita diaria al bar de Moe.
Hoy esa descripción de una familia típica trabajadora en Estados Unidos resulta inverosímil. Marge debería tener un empleo, la casa estaría hipotecada (o se habrían mudado a un departamento en un complejo en un barrio más picante) y el segundo auto lo habrían vendido hace tiempo por no poder hacer frente al costo de la gasolina y el mantenimiento. La vida de la clase media occidental en 2023 es muy diferente a la de 1989.
Es probable que de todos los vecinos de Springfield, el único que hoy estaría en mejores condiciones que hace 35 años es el señor Burns, porque los CEOs y dueños de grandes compañías han sido los inequívocos ganadores de este período de tiempo. En 1990, el presidente de una empresa ganaba, en promedio, 60 veces el salario de un trabajador que acababa de ingresar. Hoy esa distancia se cuadruplicó a 250 veces.
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Este es el gran fenómeno de esta época (con la única pero no menor excepción de China, un país con la economía ultra regulada): la concentración de dinero en cada vez menos manos, lo que explica simultáneamente el crecimiento de una casta de multimillonarios cada vez más ricos y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, que desdibuja a las clases medias empuja a miles de millones a la pobreza.
Ese fenómeno de concentración está simultáneamente acelerándose y naturalizándose, dos factores que hacen, a cada día que pasa, más difícil de revertir. Es la hipótesis central del nuevo informe de la ONG internacional Oxfam, publicado, como cada año, en coincidencia con el foro de Davos, cita icónica de esa clase multimillonaria: la concentración de dinero deviene en una concentración de poder tal que neutraliza cualquier intento de revertirla.
Algunos datos que aporta Oxfam:
- Desde 2020, la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del planeta se duplicó. En el mismo período se redujo la riqueza acumulada del 60 por ciento de la población que se encuentra en la base de la pirámide, unos cinco mil millones de personas.
- Si cada uno de los cinco hombres más ricos del planeta decidiera gastar un millón de dólares por día, les llevaría, entre todos, casi cinco siglos hasta quedarse sin plata.
- A este ritmo de concentración de recursos, se necesitan 230 años para erradicar la pobreza en todo el mundo, pero solamente en una década podríamos ser testigos del primer billonario (es decir, fortuna de un millón de millones) en toda la historia.
El resultado de este proceso es la consolidación de un poder de características monopólicas, que “permite a las empresas controlar los mercados, establecer los términos de intercambio, y obtener beneficios sin temor a perder negocio”, asegura el informe. Eso “influye en nuestros salarios, y determina los alimentos y las medicinas que podemos permitirnos pagar”, afectando directamente la calidad de vida de millones de personas.
Todo eso es posible gracias al “poder que han cedido nuestros gobiernos a los monopolios”. Gracias a que se deshicieron ciertas regulaciones, en los últimos veinte años más de 60 empresas farmacéuticas se fusionaron en diez grandes corporaciones; dos multinacionales son dueñas del 40 por ciento del mercado global de semillas; tres cuartas partes del gasto mundial de publicidad en las redes van a parar a solamente tres empresas.
Este proceso de concentración funciona básicamente bajo cuatro mecanismos, describe Oxfam. El primero es premiar a los ricos y no a los trabajadores. “Las empresas impulsan la desigualdad al usar su poder para forzar a la baja los salarios y dirigir las ganancias hacia los súper ricos. Además, han utilizado su influencia para oponerse a las leyes y políticas laborales que podrían beneficiar a las y los trabajadores”, sostiene el informe.
El segundo mecanismo es la evasión y elusión de impuestos. “Las grandes empresas y sus ricos propietarios también impulsan la desigualdad al emprender una guerra fiscal sostenida y ampliamente eficaz” que “ha privado a los Gobiernos de todo el mundo, pero especialmente a los del Sur global, de miles de millones de dólares en ingresos fiscales que podrían utilizarse para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza”.
Eso incluye mecanismos legales e ilegales. Esta semana hubo un debate en la arena pública respecto a los beneficios impositivos que recibió la empresa Mercado Libre y que permitieron aumentar sus ganancias en unos 100 millones de dólares el año pasado, lo que representa un diez por ciento de la rentabilidad que obtuvo. “Cada dólar de impuestos evadido o eludido es una escuela que no podrá construirse”, advierte Oxfam.
(Entre paréntesis: cuando Javier Milei dice “no hay plata”, en realidad está diciendo que no hay plata para pagar salarios, planes de vivienda, políticas de desarrollo y de reducción de la desigualdad. Los beneficios que embolsa cada año Mercado Libre equivalen a la mitad del presupuesto del CONICET. Esos recursos existen, hay plata, y también una decisión política de cuál es el destino de esa plata).
El tercer mecanismo de expoliación es la privatización de los servicios públicos. Describe el informe: “En todo el mundo, el poder empresarial presiona incesantemente” en este sentido. “Los servicios básicos suponen industrias de billones de dólares e inmensas oportunidades para generar ganancias y riqueza” mientras que “su privatización puede impulsar y reforzar las desigualdades, excluyendo y empobreciendo a quienes no pueden asumir ese gasto”.
Por último, el cuarto mecanismo es el impulso del colapso climático. “Muchos de los milmillonarios del mundo poseen, controlan, diseñan y se benefician económicamente de procesos que emiten gases de efecto invernadero, y por tanto, salen ganando cuando las empresas bloquean el progreso hacia una transición rápida y justa”. De más está decir que son los únicos que pueden ponerse a salvo, temporalmente, de las consecuencias.
En ese contexto, Milei viajó a Davos a proponerse como empleado del mes de esa clase de multimillonarios en su lucha sin cuartel contra el resto de la humanidad. Milei habla de combatir al socialismo o al comunismo, dos ideologías prácticamente erradicadas de la faz del planeta, porque no puede decir que su verdadero enemigo son los ocho mil millones que conforman el 99,99 por ciento de la humanidad.
Su mensaje fue un discurso de guerra, convocando a una clase, la monopolista, a “no dejarse amedrentar” y levantarse en armas contra lo único que todavía limita, a duras penas, el proceso de concentración infinita: el Estado y su rol como amortiguador de desigualdades, la política en tanto cosa pública, la democracia como el único ámbito en el que todavía todas las personas valemos lo mismo. Resulta explícito y contundente.
Si el Congreso de la Nación, por acción u omisión, a través de la aprobación del artículo 3 en el proyecto de ley bondi o del no rechazo del DNU 70/2023 decide otorgarle a Milei facultades extraordinarias debe saber que esos poderes serán utilizados en su contra y en contra de la inmensa mayoría de los argentinos. Está dicho durante la campaña, demostrado en el ejercicio de la presidenta y ahora ratificado de cara al mundo.
Este fin de semana, a la espera de que el gobierno dé a conocer el texto definitivo de la ley, por primera vez aparecen dudas sobre la capacidad del oficialismo para aprobarlo. El viernes a última hora el Poder Ejecutivo prorrogó por quince días el período de sesiones ordinarias: señal de que no cree posible llegar a presentar su dictamen antes del lunes, que era, hasta ahora, la fecha límite de acuerdo al reglamento.
A pesar de la inmejorable predisposición de las fuerzas colaboracionistas, las idas y vueltas en las negociaciones del articulado y las agresiones que el propio Milei propina a sus eventuales socios en redes sociales han empantanado el trámite. Rodrigo De Loredo y Miguel Pichetto, que encabezan los bloques clave, no pueden garantizar la cohesión de sus espacios a la hora de votar, abriendo el terreno a toda clase de especulaciones.
Por ahora, si se consolida el rechazo de la bancada completa de Unión por la Patria (102 votos), sumados a los cinco escaños del Frente de Izquierda y a los cuatro del Frente Renovador para la Concordia de Misiones, son 111 votos de base por la negativa. Con la concurrencia de 18 legisladores más, la oposición conseguiría el número necesario para evitar que la ley se apruebe en la cámara baja.
En la Unión Cívica Radical hay un conato de rebelión encabezado por Facundo Manes, que asegura tener el respaldo de diez correligionarios. La Convención Nacional del partido, encabezada por su hermano Gastón, sacó el viernes a última hora un durísimo documento de rechazo “al fondo y la forma” del proyecto de Milei. Las negociaciones, por ahora, siguen abiertas, aunque del otro lado de la línea no ofrezcan respuestas.
Por su parte, dentro del interbloque que encabeza Pichetto existen dudas sobre el acompañamiento de los seis diputados de la Coalición Cívica y los dos del Partido Socialista de Santa Fe. Si todos ellos se sumaran a diez radicales díscolos, el peronismo, la izquierda y los diputados misioneros, se alcanzaría el número mágico de 129 votos para rechazar la ley. En cualquier caso, se vienen jornadas para el infarto en el Congreso.
La movilización convocada para el miércoles, que promete ser multitudinaria, no conmoverá a los indecisos del radicalismo, la Coalición Cívica o el PS, sordos a esta altura al arrullo de las masas, pero puede prevenir la fuga o conveniente ausencia de algún legislador peronista que pueda boicotear la estrategia opositora. Existen suspicacias sobre el rol que pueden jugar gobernadores del PJ menos combativos, como Raul Jalil u Osvaldo Jaldo.
Todo dependerá, principalmente, de la letra chica del dictamen que debe enviar el Poder Ejecutivo, tomando o rechazando las objeciones diversas de cada uno de sus interlocutores. Es imprescindible tener en cuenta que en un proyecto de más de 600 puntos, que en su debate en el plenario cosechó rechazos en cerca del 85 por ciento de sus propuestas, las negociaciones giran en torno a apenas un centenar de artículos.
A la espera de la propuesta oficial, en las últimas horas volvió a tomar vuelo una especulación que anidaba desde el comienzo del tratamiento de la ley: que el objetivo del presidente no sea su aprobación sino forzar un rechazo que deje servido un escenario de confrontación de poderes y a la vez le sirva de excusa para explicar la debacle económica en curso. Esta semana comenzará a despejarse el panorama. O no.
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