El lawfare es la continuidad del golpismo por otros medios: un pacto entre élites locales e intereses extranjeros, con una pata en estructuras del Estado adonde no llega el voto popular y otra en los medios de comunicación, con la finalidad de imponer un modelo económico independientemente de la voluntad que la sociedad haya expresado en las urnas. No se trata de un fenómeno aislado sino que es un proyecto que se manifiesta de manera recurrente y coordinada en la región, con características similares, aunque divergentes: en Argentina, los supuestos cuadernos que incriminaban al gobierno se quemaron, mientras que en Ecuador no y por eso se llegó a hacer la pericia que determinó que habían sido escritos varios años después que los hechos que pretendía probar. En Brasil, Lula fue exonerado y se le abrió el camino a una tercera presidencia. En Bolivia, la dictadora Jeanine Añez terminó tras las rejas. Distintas páginas de la misma historia.
Cada caso deja una lección; al rompecabezas aún le falta mucho para estar completo. En la Argentina quedó claro que ganar las elecciones no alcanza para terminar con el lawfare. También que los buenos modales y la continuidad de ciertos pactos no son suficientes para congraciarse con la oligarquía judicial. El gobierno de Alberto Fernández anunció una nueva estrategia, más frontal, aunque al cierre de esta edición seguía vacante el generalato para esa batalla, de final incierto. En Brasil y Bolivia se exploran en estos días la posibilidad y los límites a la hora de investigar y condenar a los responsables de crímenes contra la democracia y contra toda la sociedad, en la línea con lo que planteó CFK hace diez días en su alegato ante la cámara de Casación Penal: “Ustedes, desde el Poder Judicial, no miren para otro lado. Ustedes son responsables junto a los medios de comunicación de la debacle económica que sufren los argentinos”.
Una lección desde Brasil: los escenarios de polarización a ultranza tienden a empates pírricos que fortalecen al status quo. Más allá de la anulación de las condenas a Lula, sólo será posible castigar a Sergio Moro, responsable de la operación Lava Jato, si media un acuerdo entre sectores políticos diferentes, incluso antagónicos, pero que encuentren un punto en común en la defensa de la democracia y las instituciones. Esta semana se dio a conocer una carta abierta para pedir que el Supremo Tribunal de Justicia avance en la investigación contra Moro. Además de varios exministros de Justicia, y del expresidente José Sarney, lleva las firmas más importantes son de adversarios directos del expresidente de cara a las elecciones del año próximo, como los excandidatos presidenciales Ciro Gomes y Aecio Neves, el extitular de la cámara de Diputados Rodrigo Maia, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, y la exministra de Cultura Marta Suplicy.
En el caso de Bolivia todo parece más claro, porque la presencia de tanques en la calle no deja demasiado lugar a la imaginación. Lo describió en forma precisa el ministro de Justicia boliviano, Ivan Lima Magne en El Destape Radio: “Hay un debate: si existió un golpe de Estado o hubo fraude electoral. Esto debe ser definido por la Justicia. Los nueve tribunales departamentales han dictado el sobreseimiento en la causa por fraude. No ha habido una sola prueba, una sola acta que demostrara que Evo Morales es culpable de fraude electoral. Si no hubo fraude, hubo un golpe de Estado, porque el discurso moral de quienes propiciaron el quiebre democrático es que había habido un fraude electoral. ¿Cómo es posible que con el 4% en las urnas gobierne un país? Si esa decisión se tomó en ausencia de la Asamblea Legislativa y si recibió el mando de manos de las Fuerzas Armadas que antes le habían pedido la renuncia al presidente, se dan los elementos de un golpe de Estado.”
Aún así no está de más recordar que el gobierno de Mauricio Macri se negó a denunciar el golpe de Estado y reconoció en tiempo récord la administración de facto de la reclusa Añez. Incluso al día de hoy, algunos de los medios de comunicación que son partícipes del lawfare en Argentina hablan de “supuesto golpe de Estado” cuando se refieren a Bolivia y ensayan una defensa de la dictadora, a la que llegaron a caracterizar como perseguida política. Son los mismos medios que esta semana continuaron usufructuando las mentiras de la escritora Beatriz Sarlo incluso cuando ella, en sede judicial, ya había admitido que mintió en su primer relato sobre la propuesta que le hicieron para vacunarse en enero. El daño ya estaba hecho. Es probable que no le cueste a Sarlo su trabajo, ni su reputación. Tampoco rodaron cabezas por el bochornoso sistema de vacunación porteño. El sistema de estímulos y castigos está roto. Los palos son de nosotros y las zanahorias son ajenas.
El golpe boliviano también dejó en evidencia la intervención extranjera en los asuntos de ese país. El rol de la OEA, instrumento histórico de la secretaría de Estado para intervenir en la vida política al sur del Río Bravo, fue central a la hora de legitimar la maniobra hacia afuera, aislando a Morales en el mundo, pero también en la propia sociedad boliviana. “Hay un discurso moral que ha amparado el golpe de Estado, que es la palabra de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Él era la persona en la que habíamos confiado, a la que le habíamos dicho todos los bolivianos: haz una auditoría, determina si ha habido alguna irregularidad. Y lo que hizo Almagro, irresponsablemente, fue decir que en este país había existido un fraude, sin ninguna prueba, sin ningún argumento. Ese discurso moral hizo que la población no resista el golpe, porque a un país al que se le dice que ha habido un fraude electoral no va a salir a las calles a defender la democracia”, describió Lima Magne.
Esta semana, además, un artículo del sitio británico Declassified reveló información reservada del Foreign Office sobre la asociación del gobierno inglés con la dictadura de Añez para acceder a las reservas de litio de Bolivia, uno de los tres países del mundo, junto a la Argentina y Chile, con mayor stock de ese mineral estratégico para las industrias del siglo XXI. Ese vínculo ya había sido detectado y denunciado por el propio Morales en varias entrevistas que dio desde el exilio, donde definió la maniobra como “un golpe de Estado diseñado por los gringos contra los indios para quedarse con el litio”. Durante su último período de gobierno, Morales había dado un fuerte impulso a la industria automotriz local para producir un prototipo de auto eléctrico y promovió un programa para otorgarle centralidad al Estado en el circuito de extracción y procesamiento del litio. Para avanzar en ese sentido, en febrero de 2019 se asoció con un Consorcio de capitales chinos.
Al igual que la Argentina de Macri, Gran Bretaña reconoció rápidamente la legitimidad del gobierno de Añez. No perdieron tiempo para hacer negocios. Pocos días después del golpe, Juan Carlos Zuleta, el nuevo jefe de la empresa estatal YLB, en su primera entrevista con un medio internacional, informó que impulsaría límites a la participación extranjera en la explotación. En la práctica, hizo volar por los aires el acuerdo con China. En simultáneo, en Washington, el BID aprobó la financiación de un proyecto para “optimizar la exploración de litio en Bolivia (en los salares de Coipasa y Pastos Grandes) usando tecnología Británica”, sponsoreado por la corona. La embajada británica en La Paz también intervino directamente en la financiación de un proyecto de desarrollo satelital para “optimizar la exploración y explotación de los mejores y más grandes yacimientos de litio en en los salares de Copiasa y Pastos Grandes”. Las brujas no existen pero que las hay, las hay.
En marzo de 2020, cuatro meses después del golpe, la embajada británica y el ministerio de Minería co-organizaron un seminario internacional para empresas del sector extractivo. La actividad más importante fue tercerizada en una compañía británica, Watchman. Los documentos a los que tuvo acceso Declassified indican que Watchman “ofrece servicios para compañías mineras bolivianas que buscan encontrar soluciones win-win para sus controversias con habitantes indígenas o pueblos localizados en el área de influencia de sus actividades”. En su página web exhibe el logo del Foreign Office. Su director asociado, Gabriel Carter, proviene de la industria de la seguridad privada y tuvo otro emprendimiento para “dar apoyo a empresas norteamericanas y británicas que desarrollan proyectos” en Afganistán. Carter también trabajó para Goldman Sachs y, según la publicación, es miembro del Special Forces Club para retirados de la inteligencia y las Fuerzas de Élite en Londres.
No es el único rastro de los servicios de inteligencia en esta historia. En el año que precedió al golpe, la embajada británica permitió el acceso a La Paz de Darktrace, una compañía de ciberseguridad que se registró el 10 de junio de 2013, un día después de que Edward Snowden llegara a Hong Kong y desde allí confirmara con The Guardian la autenticidad de las filtraciones sobre los programas de espionaje del gobierno de Barack Obama. Según el reporte, la firma que controla a Darktrace está vinculada a la inteligencia británico y trabaja con personal de inteligencia norteamericano, incluyendo agentes de la CIA y la NSA. Mismo modus operandi: fue contratada por la embajada británica para participar de un seminario, en este caso con banqueros. Del mismo evento participó Chatham House, un think tank con base en Londres, dirigido por una ex directora del MI5 y financiado por el Departamento de Estado, el Foreign Office, la Armada británica, British Petroleum y Chevron.
La revelación más sorprendente, sin embargo, es que Londres estuvo involucrado directamente en el financiamiento del golpe. Según Declassified, “la embajada británica gastó ocho mil libras para formar una alianza de organizaciones de la sociedad civil que coordinen un operativo con ciudadanos para ser veedores de las elecciones de 2019. ‘Esa alianza llevó a cabo una encuesta de intención de voto previo a las elecciones, que a su vez sirvió como insumo importante para el reporte de la misión de la OEA que denunció irregularidades en el proceso’”. Además, en febrero había financiado con casi 10 mil libras a la fundación Thompson Reuters para entrenar a 30 periodistas en “técnicas de verificación y pre-planeamiento de una cobertura electoral que de información balanceada, precisa y libre de polarización”. En su página, la fundación habla de “aptitudes prácticas y herramientas para reconocer fake news e intentos de influenciar al electorado con información falsa”.
Algunos planes no reconocen fronteras. En marzo de 2019, en Jujuy, Mauricio Macri y Gerardo Morales organizaron la Mesa del Litio, para “avanzar en los temas que permitan promover las inversiones”. Estuvieron presentes empresarios nacionales y ejecutivos de firmas extranjeras interesadas en sacar su tajada del negocio del lado argentino de la frontera. Los mismos jugadores que participaron de esa actividad volvieron a verse en abril, en la embajada británica en Buenos Aires, durante un “encuentro técnico de alto nivel” con las autoridades en materia de minería de Argentina, Chile y Bolivia, los tres países que concentran el 85 por ciento de las reservas conocidas de litio en el mundo. En mayo volvieron a coincidir: la Cámara de Comercio Británico Argentina los llevó en una generosa misión comercial a Londres durante tres días con ochenta invitados, entre empresarios y funcionarios. No existen pero que las hay, las hay.
Después de esos tres meses frenéticos de lobby, la mesa del Litio reicén volvió a reunirse esta semana, por gestión del gobierno nacional pero encabezada esta vez por los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Salta, Gustavo Sáenz, y el propio Morales. Por la Casa Rosada participó la secretaria de Provincias del ministerio del Interior, Silvina Batakis. Lejos del espíritu original, se habló de declarar ese mineral como recurso estratégico y avanzar en un plan integral de competitividad que potencie no solamente la extracción sino todo el proceso económico en la Argentina, lo que podría producir una revolución de empleo y valor agregado en algunas de las zonas más pobres del país. En ese sentido corre el anuncio del presidente Fernández durante la apertura de sesiones legislativas respecto de una nueva ley de electromovilidad que dé un marco amigable para desarrollar ese sector. La historia reciente nos recuerda una vieja lección: a cada paso que dé encontrará mayor resistencia.
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