Según hizo saber a través de trascendidos en Clarín y otros medios afines, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, planea asumir este lunes la titularidad del Consejo de la Magistratura merced de un fallo que lleva su propia firma y que pone en vigencia, de manera ilegal, una norma derogada por el Congreso en 2006. Es lo que en el barrio se conoce como tirar el córner e ir a cabecear. Con una mano comete prevaricato: decide de manera contraria a la ley. Con la otra, recoge el fruto de esa sentencia envenenada. Así, el titular del único poder del Estado que no funda su legitimidad en el voto popular se pondrá a sí mismo la corona del único organismo capacitado para controlarlo. No se designará ni se castigará a ningún juez en la Argentina si no es por voluntad de Rosatti. El equilibro de poderes quedará cojo. En ese acto, su señoría habrá consumado un golpe institucional.
Desandar los pasos que lo llevaron a este punto puede resultar esclarecedor:
- Fue designado por decreto en las primeras semanas del gobierno de Mauricio Macri y aceptó el nombramiento, aunque luego, hubo que dar marcha atrás y finalmente fue ratificado por el Senado (con votos del bloque peronista que conducía Miguel Angel Pichetto).
- Aunque ninguna norma lo prohíbe, es costumbre que en la elección del presidente del máximo tribunal un juez no vote por sí mismo y sea elegido por sus compañeros. Rosatti tuvo que votarse porque Ricardo Lorenzetti y Elena Highton decidieron no participar en desacuerdo con su entronamiento.
- Ahora, llegará a presidir el Consejo de la Magistratura a través de un fallo con su propia firma, que se aparta de la Constitución y de toda jurisprudencia para dictaminar la caducidad de una ley vigente y su reemplazo por otra, derogada hace más de una década y media. Un cúmulo de irregularidades bajo las narices de los guardianes de la república.
La maniobra cuenta, en cambio, con el apoyo casi irrestricto de la oposición, que no se reduce a hacer silencio ante esta distorsión del orden constitucional sino que milita activamente el nuevo reparto de poderes, paso clave hacia la garantía de impunidad de jueces, fiscales y funcionarios que fueron piezas del aparato de espionaje y persecución política entre 2015 y 2019, una verdadera política de Estado PRO de la que, ahora consta, no estaba al margen ni siquiera Horacio Rodríguez Larreta, que se autopercibe moderado pero usó las cámaras de la Ciudad para hacer inteligencia ilegal. Aunque parece difícil que Rosatti consiga encolumnar las mayorías suficientes para remover o nombrar jueces, el Consejo entrará en un estado de parálisis al menos hasta las próximas elecciones, cristalizando la desigual correlación de fuerzas que el gobierno, todavía, no supo cómo alterar.
Ese es el escenario político y judicial que tiene por delante el Frente de Todos. Una vez consumado el golpe contra el Consejo de la Magistratura, el siguiente paso será bloquear el funcionamiento del Congreso. Ya vimos un ensayo general: desde diciembre, voltearon la ley de presupuesto, intentaron modificar en una sesión especial el impuesto a los bienes personales y postergaron la conformación de la mayoría de las comisiones. Con el Poder Judicial atrincherado y el Congreso en stand by el gobierno quedará maniatado para hacer frente a la delicada situación económica. El tiempo y la escasez, luego, harán lo suyo. A partir de aquí, solamente, difieren las opiniones opositoras. Unos (Macri) esperan una resolución crítica, que acorte los plazos y deje tierra llana para reformas impopulares; otros (Rodríguez Larreta, Morales) creen encontrar fortaleza en la estabilidad y preferirían llegar a octubre de 2023 sin grandes sobresaltos. Así las cosas.
La necesidad de fortalecer la gestión y la política resulta evidente a todos los rincones del oficialismo. También la urgencia. El tiempo se le acaba a Alberto Fernández y cada día que pasa las decisiones que debe tomar son menos suyas y más producto de las presiones externas. Menos iniciativa y más reacción. Esto es: menos poder. Y más desgaste. Ya no son solamente La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner quienes presionan por cambios. Massa se lo planteó en una reunión a solas. Los gobernadores, en tanto, unieron sus voces para dar un ultimátum y le pusieron fecha. La reunión que iba a realizarse el martes pasado se postergó por gestiones personales del presidente hasta el lunes por la tarde. Tienen la promesa de que para entonces habrá novedades. Desde la Quinta de Olivos, durante el fin de semana largo, el mensaje apuntó a bajar y diferir las expectativas. Una especialidad de la casa.
Si hay que guiarse por las señales que envió Fernández, si hace cambios será solamente para ratificar el camino que se siguió hasta ahora. Mandó al cuestionado ministro de Economía, Martín Guzmán, a un estudio de televisión para ratificar su continuidad y decir que la gestión prescindirá de los funcionarios que no estén de acuerdo con la política económica. Cuando todo el mundo espera que después de Semana Santa se anuncie su reemplazo, un viaje oficial lo llevará a Estados Unidos para dar continuidad a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Es cierto: eso no es garantía de nada, como bien puede dar cuenta Felipe Solá, renunciado mientras volaba en misión oficial, pero el gesto político de respaldo a Guzmán (y, a través suyo, a la política económica desarrollada hasta ahora) es contundente.
Parece difícil que esa continuidad conforme a los socios del Frente que reclaman un mayor énfasis en la agenda distributiva, excepto que venga acompañada de una fuerte batería de anuncios que estén alineados con las expectativas de la base electoral del gobierno. Esta semana tomó fuerza la versión de un nuevo IFE, financiado a partir de un mecanismo para gravar las ganancias extraordinarias de grandes empresas causadas por la guerra en Ucrania. A medida que pasaron los días, sucesivos off the record fueron diluyendo o relativizando el anuncio y sobre el fin de semana ningún funcionario podía asegurar siquiera que vaya a suceder. De la misma manera, aunque esta semana finalmente se hicieron las convocatorias a audiencia pública para determinar un nuevo aumento de las tarifas de energía, tal como se acordó con el FMI, todavía nadie puede predecir cómo concluirá ese debate. Señales sombrías en un contexto desfavorable.
Sin embargo, la incógnita más relevante, a esta altura del partido, no es la composición del próximo gabinete o las medidas que van a tomarse o descartarse, sino si esas decisiones las tomará el presidente en soledad o las consultará antes con sus socios, que se lo vienen reclamando con poco disimulo. En particular, si hablará con CFK y le dará un mayor peso a sus opiniones (también la de gobernadores, intendentes, dirigentes sociales y sindicalistas que no sean parte de su mesa chica) o insistirá en ratificar su autonomía. En tal caso, Fernández, el hombre de los consensos y las contramarchas, deberá explicar por qué ceder, en este caso, equivale a capitular. Por qué, si pidió al asumir que le avisen cuando el rumbo estuviera torcido, hoy se niega a escuchar esas advertencias. Por qué elige la intransigencia aunque eso termine por profundizar su aislamiento, justo ahora que la oposición ha comenzado a planificar su final.
Cerrar sesión