La Corte Suprema hizo lo usual: acomodó su decisión a los deseos de los dueños del poder y del dinero, hoy patrocinantes de Horacio Rodríguez Larreta en su desacato al decreto presidencial que ordenó, entre otras cosas, suspender las clases presenciales en el AMBA.
En línea con la estrategia pro contagios de Juntos por el Cambio, Larreta denunció la medida de política sanitaria como un avasallamiento a la autonomía porteña e interpuso una cautelar ante la Corte, que obró como sus sponsors esperaban: falló en contra de la disposición del gobierno nacional.
El fallo salió por unanimidad con los votos de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Elena Highton se abstuvo de votar porque consideró que la presentación porteña no era competencia del máximo tribunal.
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Si bien el fallo refiere al DNU que venció el viernes, en su argumentación los cortesanos se encargaron de aclarar que aplica para el decreto vigente -que prorroga el anterior- y futuras disposiciones del mismo calibre. "La decisión adoptada por el Tribunal es un criterio de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino y debe aplicarse a casos futuros", sostuvieron los firmantes. El límite implica un claro y abierto desafío a la autoridad presidencial, responsable de dictar la estrategia sanitaria en el marco de una pandemia.
Quién primero advirtió el riesgo que implica el fallo fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño", escribió la ex mandataria en un hilo de Twitter dónde repasa las últimas estocadas del Poder Judicial.
"El pasado 30 de abril -escribió Cristina-, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea, te van a poder aumentar el cable, internet y el celular, cuanto, como y cuando se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema", afirmó la vicepresidenta. Tras repasar un fallo que impone plazos perentorios al Congreso para sancionar leyes y la decisión de la Corte, la vicepresidenta concluyó: "Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?".
No es la primera vez que Cristina se refiere al Poder Judicial como un riesgo para la estabilidad democrática. Lógico: ella misma, su familia y parte de los funcionarios del gobierno que condujo fueron sometidos a un proceso cruel de persecución y acoso que tuvo como principal objetivo suprimir al kirchnerismo de la faz política argentina. El plan fracasó por la audaz movida táctica que alumbró el Frente de Todos y corrió al macrismo de la Casa Rosada. Pero el dispositivo que ejecutó el lawfare, compuesto por magistrados, empresarios, medios y políticos, se mantiene intacto.
"El que se quema con leche, sopla el yogurt", reza un dicho popular. Es lo que hizo Cristina al asociar distintos fallos judiciales de los últimos días y aludir a un "golpe": la ex mandataria conoce de primera mano el poder desestabilizador de los tribunales y el impacto electoral de las operaciones judicales.
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